Luego de una pausa de casi dos semanas, ayer lunes se reanudó la formalización de los ex generales Rozas, Yañez y Olate, alto mando de carabineros durante el estallido social y a cargo de la represión contra la población. Los querellantes pidieron las cautelares, pero solo la abogada de DDHH Karinna Fernández solicitó prisión preventiva, mientras que la fiscalía apenas solicitó arraigo nacional y firma quincenal.
Martes 15 de octubre
Este lunes se reanudó la audiencia de formalización en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra los ex generales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, el que fuera el alto mando de carabineros durante la rebelión popular, y los encargados de la represión contra la población. La Fiscalía los acusa como responsables del delito de apremios ilegítimos por omisión, con resultado de lesiones graves y homicidio, por los actos de carabineros bajo su mando durante los días de la rebelión, donde Yáñez ejercía como director de Orden y Seguridad, Rozas como general director, y Olate como subdirector de Carabineros.
En las sesiones previas de formalización, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, presentó los 228 casos en que se sustenta la acusación, entre los que se encuentran ceguera unilateral, bilateral, politraumatismos, fracturas, heridas y, en el peor de casos, muerte, entre los que se encuentran los de la senadora Fabiola Campillai y Cristián Valdebenito, que fue asesinado por un proyectil de carabineros durante una protesta. Recordemos que fiscalía tomó la decisión de rebajar los casos abruptamente de los originales 1386 casos, a los 228 actuales.
Hoy de hecho la fiscalía no solicitó la prisión preventiva, apenas arraigo nacional y firma quincenal contra los ex generales. La fiscal Ximena Chong arguyó que los ex carabineros han colaborado con la investigación, “lo que a juicio de la Fiscalía, satisface una de las finalidades esenciales de las medidas cautelares, que se traduce justamente en que se encuentren disponibles para los actos de la investigación, cuestión que se manifiesta en la comparecencia, que es obligatoria, a esta audiencia de formalización”, esto en contradicción con las trabas que han puesto los ex uniformados y sus abogados para frenar o no permitir siquiera la formalización.
La defensa de los exgenerales argumentó que de los 228 casos mencionados, cerca de 50 ya cuentan con condenas definitivas, mientras que el resto aún sigue en proceso judicial. Durante la audiencia de este lunes, los abogados de Mario Rozas solicitaron que los querellantes actuaran mediante un “procurador común”; sin embargo, el juez Cristián Sánchez rechazó la petición.
En esta tercera jornada también fue el turno de otros querellantes, como el INDH, que solicitaron la cautelar de arresto domiciliario, y que a traves de su abogado, Ignacio Gonzalez, señalaron la gravedad de los delitos de violaciones a los derechos humanos: “En una situación excepcional de una máxima gravedad y que todos los informes internacionales en materia de derechos humanos concluyeron sin excepción que hubo un uso antijurídico del uso de la fuerza, o sea más evidencia empírica que esto, que tener un récord mundial por lesiones y violaciones a los derechos humanos, no puede haber. Este récord no se construyó de forma azarosa, sino que como expuso el Ministerio Público se dispararon tan sólo en la primera quincena 104 mil cartuchos y hubo 125 víctimas de lesiones oculares en dos semanas. Estos antecedentes los menciono porque estos antecedentes de uso de la escopeta antidisturbios es en un lapsus de cinco meses, en dos semanas ya teníamos una situación extraordinariamente grave. Había una certeza absoluta de la gravedad de esta arma”.
Solo la abogada querellante Karinna Fernández solicitó la prisión preventiva contra los exgenerales, dada la gravedad de los delitos contra la población que cometieron los carabineros bajo su mando, argumentando que, “un elemento fundamental al hablar de riesgos procesales tiene que ver con la categoría de personas institucionalmente protegidas. Los imputados acá presentes, esta parte lo ha sostenido durante mucho tiempo, no han colaborado con la investigación y el hecho de que no lo hicieran, que no participaran, que no prestaran testimonio, y que muchas veces como el general Yáñez, incluso, estando de general director de una institución dilató la idea de ir a declarar. (…) Son situaciones que impidieron un acceso oportuno a muchos de los elemento que parece crucial con la cercanía del momento de la investigación y de los hechos”.
La abogada recordó también la petición del exgeneral Yáñez de remover al fiscal regional Javier Armendáriz, vía diputados de Chile Vamos, y su comportamiento negacionista con el apoyo del gobierno mientras seguía al mando de carabineros hasta hace algunas semanas, señalando: “Además, no puedo dejar de mencionar que el general director en retiro fue al Congreso Nacional no sólo a cuestionar el número de víctimas, sino que también se refirió a ‘sus’ Carabineros y a una serie de afirmaciones que ponen en riesgo la obtención de información. Y no puedo dejar de señalar que el propio Presidente de la República-Gabriel Boric- no solo lo llamó cuando lo notificaron de su formalización, como lo manifestó la defensa, sino que además después de este discurso también el Mandatario y la ministra del Interior -Carolina Tohá- alabaron su discurso en el Parlamento, situaciones que desde la práctica de los derechos humanos y de lo que significan los discursos estatales son complejas para el margen de esta investigación”.
La abogada da cuenta del manto de impunidad y soberbia con el que el alto mando se mueve, y quienes hasta el día de hoy desde el gobierno del Frente Amplio los llenaban de elogios, buscando protegerlos e incluso premiandolos. Este martes se espera, ya terminados los alegatos de los querellantes, que los abogados de los ex generales comience su defensa.
