La derecha desata una "guerra cultural" con el pin parental para censurar charlas sobre diversidad sexual en colegios. La realidad es que estos contenidos son todavía muy escasos y es necesario incorporarlos al currículo escolar en todos los niveles.
Josefina L. Martínez @josefinamar14
Lunes 20 de enero de 2020
En un artículo publicado en CTXT hace unos días, señalaba que la extrema derecha ha situado a las escuelas públicas como un campo de batalla para sus “guerras culturales” contra la llamada “ideología de género”.
Por medio del “pin parental”, los padres más conservadores podrían vetar que sus hijos participen de actividades sobre educación sexual o sobre derechos LGTBI, alegando que van en contra de sus creencias religiosas o filosóficas. La asociación ultra católica Hazte Oír ha amenazado a profesores y directores con denunciarlos si no aplican la esta medida de censura parental, e incluso exigen las listas de todos los colegios donde se impartan contenidos de educación afectivo sexual.
La táctica de utilizar una supuesta “defensa de los niños” como ataque a los derechos de las mujeres y las personas LGTBI no es una invención local de VOX, ni de Hazte Oír. Organizaciones de extrema derecha y antigénero en toda Europa, Estados Unidos y América Latina reciclan los mismos argumentos para esta cruzada antiderechos. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro llamó a los estudiantes a filmar las clases para poder acusar a los profesores de “adoctrinamiento” en ideología comunista y en “ideología de género”.
La campaña contra la “ideología de género” fue una invención del Vaticano asumida como bandera por las iglesias católicas, evangélicas y ortodoxas, grupos de extrema derecha y colectivos que militan contra el derecho al aborto.
En la fantasía creada por la extrema derecha, los colegios son lugares infiltrados por el “lobby LGTBI” que busca sexualizar a los menores. Hazte Oír ha llegado a publicar un video con una niña diciendo: “solo es cuestión de tiempo para que nos adoctrinen a todos, nuestro futuro está en juego”.
El pin parental se ha transformado en la nueva avanzada de las “guerras culturales” entre el bloque de la oposición de derechas y el gobierno progre del PSOE-Podemos. La ministra de educación Celaa ha anunciado que recurrirá ante la justicia el “pin parental” de Murcia, mientras Pablo Casado se ha reafirmado en el discurso ultra asegurando que los “niños son de los padres”.
Pero detrás de estos fuegos de artificio, ¿cuál es la realidad de la educación pública? En una sociedad machista y patriarcal donde las mujeres siguen muriendo todos los días por femicidios, donde las agresiones sexuales son frecuentes entre la juventud, las relaciones tóxicas se multiplican, y la homofobia, la transfobia y el machismo son moneda común, ¿qué papel juega el sistema educativo?
Según el Informe sobre homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en las aulas de Aragón realizado en 2017, un 75% del alumnado LGTBI encuestado tiene miedo al rechazo. Otro dato trágico ilustra esta realidad: el acoso escolar por motivos de homofobia o transfobia ha llevado a que el 43% de los niños o jóvenes que lo sufren haya pensado en el suicidio, de acuerdo con otro estudio.
La psicóloga y sexóloga Raquel Hurtado explica en un artículo de CTXTque, en la actualidad “la educación sexual se encuentra fuera del currículum escolar formal y se realiza en forma de talleres puntuales y de duración muy escasa en algunos centros concretos, lo que impide abordar estos temas en profundidad”. Estos temas están restringidos a las pocas actividades “complementarias” que se realizan según el criterio de profesores o autoridades escolares, lo que lleva a que sean prácticamente inexistentes en muchos centros educativos.
La educación sexual, contra la violencia machista y la LGTBfobia debería ser una asignatura obligatoria tanto como las matemáticas, la historia o la filosofía, con profesores formados especialmente y con recursos para todos los niveles educativos. Esto implicaría también la formación a nivel universitario, incorporar personal especializado y aumentar el presupuesto educativo de forma significativa.
El PSOE es experto en “guerras culturales” y la ofensiva de la extrema derecha le permite al nuevo gobierno reubicarse como defensor de los “valores democráticos” y la diversidad. Sin embargo, con su programa moderado no va a revertir la crisis de la educación pública, ni romper el concordato con la Iglesia católica. Estas cuestiones son prioritarias y también deberían ser parte del debate.
Frente al ataque de VOX y la oposición de derecha a la educación pública, no nos podemos conformar con una defensa acrítica del sistema educativo tal cual es hoy, como si fuera la panacea de la diversidad, porque no lo es. Hace falta cuestionar la degradación de la educación pública en favor de la concertada y la privada, la falta de presupuestos, las malas condiciones laborales de maestros y profesores, así como poner en discusión los contenidos curriculares.
Plantear el debate sobre la separación de la Iglesia del Estado y terminar con la financiación a la concertada, bastión de la educación religiosa, para volcar todos esos recursos en la educación pública.
Este 8 de marzo, tenemos más motivos que nunca para preparar una gran huelga feminista desde los lugares de trabajo y los centros educativos. El movimiento estudiantil, junto a maestros, profesoras y el movimiento de mujeres tienen en sus manos construir una respuesta contundente frente a la extrema derecha y para recuperar derechos perdidos.
Josefina L. Martínez
Nació en Buenos Aires, vive en Madrid. Es historiadora (UNR). Autora de No somos esclavas (2021). Coautora de Patriarcado y capitalismo (Akal, 2019), autora de Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Escribe en Izquierda Diario.es, CTXT y otros medios.
