Es necesario enfrentar la propuesta constitucional de la extrema derecha pero denunciando el conjunto del proceso constitucional, fraude que fue pactado desde el Partido Comunista hasta por Kast. Solo retomando la organización enraizada en nuestros lugares de trabajo, estudios y barrios de manera independiente al gobierno. Desde abajo, con un programa unificado, con la fuerza de los y las trabajadores y la movilización, podremos derribar la herencia económica, social y política de la dictadura.
Lunes 30 de octubre de 2023
El día lunes 30 de octubre el pleno del Consejo debe ratificar la propuesta Constitucional que ya pasó por la Comisión Mixta, para que luego sea presentada de conjunto el día 7 de noviembre. Luego se iniciarán las campañas “A favor” y “En contra” del texto, que será plebiscitado el domingo 17 de diciembre de este año.
No hay que olvidar que el texto emanado por la Comisión de Expertos (que tuvo participación de operadores políticos desde el Partido Comunista al Republicano), tenía una base más autoritaria que la actual Constitución, más antidemocrática al restringir el régimen político sólo a los grandes partidos tradicionales respondiendo al grito de los grandes empresarios que exigen acabar con la “fragmentación política” para recuperar la gobernabilidad capitalista, a su vez que ratificaba los pilares del Chile neoliberal de los 30 años. A pesar de esto, la mayoría obtenida por la extrema derecha de los Republicanos al interior del Consejo permitió que estos sectores redactaran un texto constitucional aún más anti popular y anti obrero que aquel borrador, hegemonizando al resto de los consejeros de Chile Vamos.
Así, uno de sus principales voceros, Luis Silva, fue categórico al señalar públicamente que este proyecto constitucional le acomoda más a la derecha. De esta forma, las fuerzas políticas se han ido acomodando en torno a las posiciones respecto al texto. Todo Chile Vamos junto a Republicanos se cuadraron en defensa del texto. Lo propio han hecho los principales gremios empresariales que se han sumado al coro de la necesidad de “aprobar” el nuevo texto para “cerrar” el capítulo constitucional y la consecuente incertidumbre que este trae a las inversiones y a la estabilidad política del país.
Por su parte, los partidos del oficialismo y de la centro izquierda (de la DC al PC) han avanzado a ubicarse contra el texto, argumentando que Republicanos “pasó la aplanadora” y es “incluso peor que la actual Constitución”, según señalan diferentes dirigentes de los partidos de gobierno.
Lo cierto es que el “Acuerdo por Chile” fracasó rotundamente. Los partidos políticos tradicionales, oficialismo y oposición, fueron incapaces de llegar a un texto común para buscar “cerrar” el debate constitucional. Por lo tanto, el resultado del proceso es incierto.
Es innegable que esta propuesta constitucional tiene mucho de continuidad con la Constitución de Lagos-Pinochet y que tiene como base los acuerdos de la Comisión de Expertos. Pero hay que considerar que tiene cuestiones absolutamente aberrantes que impulsó la extrema derecha y a las cuales se sumó la derecha tradicional, como la constitucionalización de las AFP, de las ISAPRES, un modelo de salud para ricos y otro para pobres, el mercado de la educación; a su vez propone un modelo de partidos más anti democrático que elimina partidos que no lleguen al 5% de la votación, eliminando incluso que sus parlamentarios electos, en caso de haberlos, puedan asumir su cargo (lo que viene del texto de la Comisión de Expertos); por otra parte representa ataques claros contra las mujeres al relativizar la continuidad del aborto en tres causales con el concepto de “defender la vida de quién está por nacer” o con la “objeción de consciencia institucional”, y ataques contra los trabajadores al limitar el derecho a huelga sólo a la negociación colectiva. A su vez contiene aberraciones autoritarias y represivas como la expulsión “en el menor tiempo posible” a quién ingrese irregularmente; la causal de “grave amenaza terrorista” para la declaración del Estado de Sitio.
Es un proyecto constitucional conservador y reaccionario, que contiene verdaderos ataques a los derechos conquistados por décadas de luchas y movilizaciones. No es novedad que la derecha se haya cuadrado en defensa del texto que fue dirigido por Republicanos.
Por otro lado, los partidos de gobierno se han mostrado críticos del borrador constitucional, adelantando su posición “En contra”. Pero es inaceptable que sólo responsabilicen a Republicanos y sus “excesos identitarios” como le han llamado, cuando ha sido el propio oficialismo el que firmó el “Acuerdo por Chile” e impulsó este proceso anti democrático desde su origen, defendiendo la Comisión Experta (de 24 miembros designados), los 12 bordes constitucionales firmados por los partidos tradicionales y el Consejo antidemocrático. El gobierno y oficialismo han tenido un rol totalmente entreguista con Republicanos, de conciliación con la extrema derecha que por su parte buscó polarizar el escenario político-constitucional, lo que, nuevamente, le abrió el camino para que Kast avance en la agenda política y del debate constituyente. El gobierno es responsable del resultado de todo este fraude constitucional.
Han llegado a tal punto que el Frente Amplio y el Partido Comunista se convirtieron en los principales defensores de los orígenes del anti democrático “Acuerdo por Chile”, defendiendo el borrador de la Comisión de Expertos, que era una reedición de la Constitución de Lagos - Pinochet, ante las medidas anti populares que han llevado adelante las derechas. Es tan inaceptable la campaña del mal menor a la que han empujado que se han centrado en señalar que la actual Constitución “no es tan terrible” en comparación con la de Republicanos, y que luego de las reformas constitucionales impulsadas por Ximena Rincón de Demócratas el año pasado tiene más facilidades de ser reformada. Por su parte, el gobierno ya aseguró que, en caso de ganar el “En contra” no habrá un nuevo proceso bajo su mandato.
Por otro lado, sectores de izquierda extra gobierno junto a sectores del Partido Comunista (como Hugo Gutiérrez y Daniel Jadue) ya han comenzado a levantar la campaña por el voto “En contra” bajo el lema de “Chile vota en contra”, a la cual se han sumado burocracias sindicales de la CUT y dirigentes de movimientos como NO + AFP o el Colegio de Profesores. Esta campaña sólo tiende a confundir, ya que se centra exclusivamente en el resultado electoral y en la votación del plebiscito, sin denunciar el conjunto del fraude constitucional (que fue aprobado e impulsado por el propio Partido Comunista) y está lejos de denunciar y revelar el rol totalmente subordinado a la derecha que jugó el propio gobierno, que abrió las puertas a la avanzada de Republicanos. Limitarse a hacer una campaña electoral sin decir claramente que el resultado del proceso es producto de un fraude constitucional de conjunto, señalando con claridad las responsabilidades políticas, impide sacar los aprendizajes indispensables para enfrentar realmente el avance de la extrema derecha. Mucho menos avanzaremos si se siguen sembrando ilusiones en que si es derrotada la Constitución de Kast, entonces seguirá abierto el proceso constituyente y ahora podremos, por fin, cambiar la constitución de Pinochet, como ha señalado Daniel Jadue, incitando nuevamente a caer en la trampa constitucional.
Muchos y muchas quieren ver derrotado a Kast y su proyecto constitucional en las urnas. Pero hay que ser claros: una derrota electoral no cambiará la correlación de fuerzas más de conjunto, con una derecha ofensiva y un gobierno que le cede en todo. El avance de la derecha no se explica simplemente por el triunfo del rechazo contra el texto de la Convención. Con una derrota electoral de Kast no volveremos a “fojas cero”. Es imposible entender el fortalecimiento de Kast sin partir por el desvío constitucional que pactaron los partidos tradicionales a la revuelta popular y al papel de verdadero pasivizador que ha jugado el gobierno de Gabriel Boric, que ha permitido que gane terreno el discurso contra las movilizaciones, contra lo que llaman “octubrismo” y contra todo lo que recuerde a la revuelta popular y sus demandas.
En ese sentido, debemos ser categóricos: el “Acuerdo por Chile” fracasó porque fracasó la política de una constitución “pactada” vía el consenso entre el centro político, la centro derecha y la centro izquierda a la cual apostaba la mayor parte de la burguesía, pero si llega a ganar la opción “En contra” (como parecen señalar la mayor parte de las encuestas, aunque la tendencia de las últimas semanas es al crecimiento del “A favor”), la derecha está lejos de sufrir una derrota a su proyecto más de conjunto y tampoco avanzarán los intereses populares, ya que se mantendrá la Constitución de Lagos-Pinochet y su orden neoliberal, ahora protegido por el gobierno de Boric.
No cabe duda que una derrota del borrador del Consejo significará mayor crisis e inestabilidad política, puesto que el problema estratégico para la clase dominante sobre la “gobernabilidad”, la fragmentación política, la “incertidumbre” y la polarización seguirán abiertos a nivel constitucional. Pero que aumenten las disputas en las alturas y la polarización, no significa necesariamente que avance la clase trabajadora y el pueblo trabajador, como han demostrado los últimos años. No hay nada que pueda sustituir la fuerza y organización de la clase trabajadora y el pueblo. Por el contrario, esperar los resultados electorales nos ha llevado a más de un callejón sin salida.
Es necesario precisamente hacer este análisis para romper con las ilusiones de que a través de un proceso constitucional pactado por los partidos tradicionales las demandas populares van a ser resueltas. Lo mostró la Convención Constitucional anterior, sometida a los poderes reales y expresión del desvío a la revuelta popular, y lo muestra el Consejo Constitucional actual, reflejo del avance de la derecha producto de las permanentes cedidas del gobierno y sus volteretas. Llevar las demandas populares a los estrechos pasillos de la institucionalidad del Chile neoliberal sólo permiten que se fortalezcan los enemigos del pueblo.
Por eso somos claros en plantear que, en caso de que no sea aprobada la constitución propuesta por el Consejo, la pelea por las demandas de la revuelta que no han sido resueltas, sino que se han profundizado, como el fin de las AFP, educación y salud gratuitas, poner fin a la crisis habitacional, el derecho al aborto legal y tantas otras, no se resolverán en un nuevo proceso, sino que retomando la organización enraizada en nuestros lugares de trabajo, estudios y barrios de manera independiente al gobierno. Desde abajo, con un programa unificado, con la fuerza de los y las trabajadoras y la movilización, podremos derribar la herencia económica, social y política de la dictadura, peleando por la unidad de la clase obrera con otros sectores como el movimiento de mujeres y el movimiento mapuche.
Desde nuestro puntos de vista, retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, supone retomar el camino de la movilización y los métodos de lucha de clases, con el objetivo de acabar desde sus cimientos el régimen heredado de la dictadura, lo cual para nosotros debe ir de la mano con enfrentar los pilares del capitalismo y el poder de los grandes grupos económicos y trasnacionales en Chile (mineras, banca, puertos, retail) en la perspectiva de un gobierno de la clase trabajadora en alianza con los sectores oprimidos.
Debemos romper con esa verdadera “ilusión constitucional” que los partidos del oficialismo y sectores de izquierda que votaron a Boric quieren instalar, pero esto, para prepararnos con mayor fuerza, para romper con la resignación. Por eso nos planteamos contra la constitución de Kast y toda la herencia de Pinochet. Abajo el fraude constitucional y llamamos a enfrentar esta situación en el plebiscito del 17 de diciembre, ya sea con el voto en contra como con el voto nulo y blanco o absteniendose y no votando, pero poniendo el acento en que el gran desafío hoy es reagrupar y organizar a los sectores de trabajadores, de los movimientos sociales, de mujeres, por la libertad de los presos políticos, contra las leyes represivas, que se han ido movilizando durante estos meses, que han hecho una experiencia con el gobierno de Boric, para retomar la discusión en los lugares de estudio y de trabajo para reponer una agenda obrera y popular sobre la mesa, siendo conscientes que nuestras reivindicaciones sólo serán resueltas por el camino de la organización y la movilización, independientes a este gobierno y contra la derecha y la extrema derecha.
