La terna anunciada por Andrés Manuel López Obrador para el nuevo ministro ha generado dudas y controversia sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 7 de diciembre de 2018 12:57
Andrés Manuel López Obrador ha iniciado el proceso de renovación para el primero de los tres puestos que estarán disponibles en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) durante su mandato de seis años. El tabasqueño anunció que enviará al Senado su propuesta de terna para suplir la vacante.
Así, la terna de candidatos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) está conformada por la abogada Loretta Ortiz Ahif, ex diputada del Partido del Trabajo (PT), uno de los partidos que conformaron la alianza Juntos haremos historia que llevó a López Obrador al poder en julio pasado; Celia Maya García, magistrada del Tribunal de Justicia del estado de Querétaro – ambas colaboradoras de Morena – y el ex magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entre el 2000 y 2003, años en los que López Obrador fue jefe de Gobierno de la capital mexicana. El abogado aparece vinculado a un escándalo de tráfico de influencias porque habría operado para beneficiar a un exministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, en un juicio donde el juez constitucional intentaba rebajar la pensión alimenticia en un caso de custodia contra una excónyuge.
La terna anunciada para integrar la @SCJN por @lopezobrador_ atenta contra la independencia judicial, dada la cercanía de los perfiles propuestos con el Ejecutivo, la #4taTransformación pasa por designaciones transparentes e incluyentes.#SinCuotasNiCuates pic.twitter.com/MkBGjjyD0H
— Designaciones (@designaciones) December 6, 2018
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, “esta terna anunciada genera ciertas dudas sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal, lo que pone en entredicho su independencia”.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, procesos de designación que aseguren que jueces, juezas, magistrados y magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial.
“México perdió la oportunidad de hacer una terna que recogiera un proceso de deliberación y participación de la sociedad civil [...] La democracia no se fortalece si en la Corte hay una persona que es amiga del presidente o aliada de los partidos. Se debe fortalecer el sistema de pesos y contrapesos”, ha asegurado Catalina Botero, integrante del panel y ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
