De los que eligieron en mayo de este año a sus constituyentes, miles lo hicieron con la expectativa de terminar con la constitución de Pinochet. Esto se vió reflejado en la gran representación de independientes y de la izquierda que ganó escaños en la Convención. Pero otra demanda se exige en las calles hasta hoy: la libertad de todxs lxs Presxs Políticxs de la revuelta.
Martes 29 de junio de 2021
Este 4 de julio es la primera sesión de la Convención Constituyente, organismo resultante del proceso de desvío de la movilización de octubre del 2019, iniciado con el acuerdo político del Pacto por la Paz y una Nueva Constitución, avalado con la firma desde sectores del Frente Amplio hasta la derecha más dura, y en los hechos por el Partido Comunista y su rol en las direcciones del movimiento obrero, que bajaron los brazos y no buscaron mantener viva la llama encendida por miles de trabajadores en la huelga del 12 de noviembre de ese año, que de hecho fue el hito que casi tumbó el gobierno de Piñera.
A pesar de que este pacto de medianoche (literalmente) buscaba comprimir y contener lo más posible las fuerzas del estallido, y garantizar el terreno más propicio para los viejos intereses conservadores y de derecha, se vieron bloqueados ante la opinión popular, que no sólo votó en masa por el apruebo, sino que rechazó ampliamente la prohibitiva convención mixta. Además demostró arrolladoramente su desprecio por la derecha, que no logró el tercio en el que tenía puestas grandes expectativas, y se posicionó como gran perdedora en los escaños convencionales.
Este desvío tuvo costos. A finales del año pasado, habían 8.827 denuncias de graves violaciones de derechos humanos (torturas, malos tratos, violencia sexual contra mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, asesinatos y mutilaciones oculares, además del evidente uso innecesario de fuerza letal, que dejó también miles de heridos). De estas miles de denuncias sólo hay un condenado, cerraron sin condena más de la mitad de las investigaciones y casi no se utilizó la prisión preventiva, además del gran respaldo político que se da aún a los violadores de los ddhh. Podemos contraponer estas cifras con un total de 27.432 manifestantes detenidos durante la revuelta del 2019, con 5.084 formalizados, 648 de estos en prisión preventiva y 725 ya condenados.
Con estos números de presos políticos, de víctimas y esta sangrienta historia de nacimiento, el domingo sesiona en completa impunidad y por primera vez la Convención Constituyente.
El último período que ha transcurrido desde la firma del pacto ha sido de pandemia, con un constante toque de queda, estado de emergencia y encierro. Este tiempo no sólo hemos visto el criminal manejo del gobierno, que responsabiliza a la población de los contagios, mientras obliga a los trabajadores a viajar en el transporte público a diario para seguir enriqueciendo a los empresarios, arrojándolos a la enfermedad y la muerte; que explota a los trabajadores de la salud con horarios extenuantes, sin descanso y obligándoles a trabajar sin insumos y sin personal, mientras se drenan grandes capitales hacia la salud privada; que durante todos estos meses ha presionado para volver a clases presenciales, sin asegurar en ningún momento condiciones mínimas que garanticen la prevención del contagio en los colegios, y habiendo hecho vista gorda toda la pandemia al momento de garantizar los insumos necesarios para la educación virtual, tanto de los docentes como de los estudiantes.
Nos han hecho pagar el costo de la pandemia con nuestros muertos y contagiados, pero no ha bastado. Nos han obligado también a echar mano de los únicos ahorros que tenemos para subsistir. Primero pagando nuestro propio sueldo con los ahorros de nuestros seguros de cesantía (amarrados por su acuerdo empresarial irónicamente llamado "protección al trabajo", votada también por el PC), y luego calmando las protestas del hambre primero con las ollas comunes y luego con nuestros ahorros de jubilación, porque han sido incapaces de dar una real salida a la crisis.
Hoy nos enfrentamos a una nueva variante de cepa del Coronavirus, países como China ya han tomado medidas preventivas frente a ella mientras en Chile se bajan las medidas y se presiona insistentemente a la vuelta a clases.
En todo este marco sesionarán por primera vez los convencionales electos. Una parte importante de ellos, como estipulamos anteriormente, son parte de los partidos políticos del régimen. Unos comparten partido con el gobierno y los defensores del rechazo, y podemos prever que su política en la Convención será buscar salvaguardar lo más posible el antiguo régimen. Otros constituyentes comparten partido con aquellos que dirigen el movimiento obrero a través de las grandes organizaciones sindicales como la CUT (PS) o el mismo CDP (FA). Por eso tienen doble responsabilidad.
El sector de izquierda de la convención debe imponer ya la libertad de los presos políticos de la revuelta, rompiendo con los representantes de los defensores de los violadores de ddhh que están en la misma, como Cubillos, Marinovic, Monckeberg y otros del rechazo. No puede haber Convención si hay manifestantes presos por luchar por acabar con la herencia de Pinochet. No puede haber convención si hay un preso político. Al mismo tiempo, y porque hemos caracterizado desde el principio la composición de esta instancia, debemos poner la confianza en nuestras fuerzas, y organizar la defensa movilizada de la libertad de los jóvenes luchadores, incluso los condenados, en cada población, lugar de estudio y trabajo.
Hoy hay 41 convencionales, principalmente de la Lista del Pueblo, que plantean desconocer el acuerdo nefasto por la Paz. Luchemos por esta demanda, y para realmente lograr echar por tierra este acuerdo, lo primero que deben hacer, ahora que están electos, es abrir la participación democrática, haciendo asambleas en los territorios, exigiendo a las direcciones de las grandes sindicales (con cuyos dirigentes comparten mesa de discusión) que llamen a asambleas con horarios protegidos en todos los lugares de trabajo, etc. Pero ante todo, movilizándonos por la libertad de los presos políticos y por las demandas que nos sacaron a la calle en octubre, que sólo conquistaremos si logramos levantar un plan de lucha ascendente.
El primer llamado es a movilizarnos este domingo 4 de Julio en Plaza Dignidad, y desde la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase, hacemos un llamado a todos los sectores a sumarnos a este llamado, desde el CDP y la CUT hasta las organizaciones sociales, territoriales y políticas que acuerden con que la libertad de los presos políticos debe ser defendida en todos los terrenos.
