Una nueva derechada de la Convención Constitucional, incluido el Frente Amplio. Los guiños al gran empresariado, son evidentes, al igual como línea de continuidad al régimen de los 30 años.
Jueves 16 de junio de 2022
Durante los primeros meses del gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido notoria la derechización de su agenda política, considerando lo que en su momento fueron los discurso de campaña, hablando de un nuevo Chile, totalmente diferente a aquel régimen de los 30 años. Su respaldo a una institución absolutamente deslegitimada por casos de corrupción y múltiples violaciones a los derechos humanos, junto con el recrudecimiento en el Wallmapu, decretando el Estado de Excepción al igual que hizo el ex presidente Piñera, dan cuenta de esto.
Sin embargo, si en el caso de la agenda política hemos visto un línea de derechización, es igualmente notorio el giro conservador que ha tomado la propia Convención, que siendo su gran caballo de batalla frente al complejo contexto producto de la inflación y la carestía de la vida, muestra distintas traiciones por parte de distintos sectores de la Convención Constitucional, incluyendo el Frente Amplio (la principal coalición de gobierno), y también el sector de Independiente No Neutrales (INN), principalmente en materia económica.
Si es que ya vimos tal tendencia a la conciliación y guiño al gran empresariado, rechazando la nacionalización de los recursos minerales como propuesta de norma para el borrador de la nueva constitución, esta línea se reafirma con el rechazo del artículo transitorio al royalty de acuerdo al valor del mercado de la extracción de minerales, luego de que se abstuviera convencionales de ambos sectores.
Qué es lo que señalaba este artículo:
«Artículo Transitorio. – En el plazo de 12 meses a contar de la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley para adecuar la legislación vigente en función del nuevo estatuto constitucional de los minerales, que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.
Esta ley contemplará la regalía/royalty que tiene que percibir el Estado y las entidades territoriales por la extracción de las sustancias minerales y subproductos, debiendo reflejar su valor de mercado. Su determinación deberá hacerse como porcentaje de las ventas. La ley definirá el modo especial en que esta carga se aplicará velando por la protección de la pequeña minería y pirquineros.
El legislador contará con un plazo de 1 año para aprobar el proyecto de ley a contar de la presentación del poder ejecutivo. Si al vencimiento de dicho plazo, no se ha despachado el proyecto de ley, se aplicarán las normas vigentes relativas a la tramitación inmediata».
De acuerdo al medio El Ciudadano, Gabriel Palma, economista y uno de los propulsores de este artículo transitorio se refirió el rechazo de este señalando que “esta votación era sumamente trascendente. Si se considera en materia económica y de tratados comerciales, la nueva Constitución es poco y nada lo que avanza.”
El rechazo de aspectos mínimos frente a la nueva fase de la Convención, como es el disponer de un royalty minero acorde a la inflación, es la señal por parte del FA, y todos aquellos sectores que durante la rebelión se jactaron de ser los representantes contra el régimen de los 30 años, que hoy se muestran simplemente como sus perpetuadores.
Sin embargo, tampoco es de extrañar, considerando los constantes guiños, y el absoluto entreguismo hacia sectores del gran empresariado, e incluso incentivando la presencia del imperialismo yanqui, ofreciéndole Litio y Cobre a destajo.
Claramente no será ni este gobierno ni sus partidos que ahora parecen tomar la posta de los treinta años quienes nos permitirán conseguir nuestras demandas estructurales, sino una alternativa diferente e independiente, junto a trabajadores, mujeres, estudiantes, y todos aquellos sectores que se organizan en contra de este sistema que solo entrega miseria u migajas al pueblo trabajador y a sus familias.
