Un diario provincial accedió a esa información por primera vez. Vocales del TSJ cobran tres veces más que el gobernador.
Miércoles 31 de agosto de 2016
Domingo Sesín, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
En Córdoba, una ley dispone que las declaraciones juradas de los funcionarios deben ser públicas. Sin embargo, cerca del 60 % de la planta política no cumple esa disposición.
Por su parte, el Poder Judicial tiene la potestad de decidir de qué modo hacerlo. Es por eso que sus integrantes no suben ni siquiera una versión reducida de sus declaraciones juradas, según su acordada, por “la necesidad de resguardar la publicidad y al mismo tiempo evitar un uso indebido o impropio de la información”. El mismo comportamiento se da en los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que sí debería publicar el TSJ es una lista de los magistrados que presentan su declaración jurada cada año, algo que tampoco cumplen.
El diario La Voz del Interior accedió a las declaraciones juradas (en su versión reducida) y la última declaración del Impuesto sobre los Bienes Personales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), correspondiente a 2015. El resultado es realmente escandaloso: los ingresos de los vocales del TSJ rondan los $ 150.000 y triplican el sueldo del gobernador Juan Schiaretti, de sólo $ 52.500 según su actual declaración jurada.
Casas, autos y dólares
Del análisis de los bienes declarados por los funcionarios del Poder Judicial surge en primer lugar una fuerte subvaluación. Esto es porque son declarados, no con su valor de mercado, sino con su valor fiscal determinado por la Afip. El organismo recaudador elige el mayor valor entre la compra (la escritura) o la base imponible (que depende del Impuesto Inmobiliario provincial). Entre los bienes declarados por los magistrados del Tribunal hay, por ejemplo, un campo de seis hectáreas perteneciente al vocal Carlos García Allocco valuado en sólo $ 4.496. También aparece un inmueble en Los Reartes, de la vocal María Blanc Gerzicich, valuado en apenas $ 450.
Aún con esos montos mínimos, los patrimonios de los siete vocales del TSJ varían entre 1,3 y 15 millones de pesos. A valores de mercado, las cifras multiplican varias veces esos montos.
Los 15 funcionarios judiciales cuyas declaraciones publicó el diario tienen inmuebles entre sus bienes declarados. Casas, departamentos, terrenos, cocheras o campos representan casi la mitad del total del patrimonio de todos ellos. Pese a este predominio de los inmuebles, sólo cuatro jueces declararon obtener ingresos por rentas de este tipo.
Domingo Sesín, presidente del TSJ, declara un patrimonio de $ 15 millones y tiene 13 casas y 2 automóviles. El vocal Carlos García Allocco, con un total de $ 13 millones, tiene 4 automóviles, 2 utilitarios, 9 casas y 5 campos. La más “pobre” sería Beatriz Roland de Muñoz. La Directora general de administración del Poder Judicial tiene bienes declarados por sólo $ 650.000.
Casi todos los funcionarios analizados declaran tener el dinero en efectivo o en simples depósitos bancarios, la mayoría en dólares. Dos vocales mencionan inversiones fuera del país. Sebastián López Peña incluye en su declaración una explotación inmobiliaria por $ 1,3 millones, en un lugar que no identifica. Y el vocal Luis Rubio declara dos tiempos compartidos en Aruba por un total de 54.816 dólares. Por otra parte, sólo tres informaron tener dinero en sociedades.
Una casta privilegiada
Los ingresos de los jueces del TSJ varían entre $ 115.000 en el caso de Sebastián López Peña y $ 162.000 en el caso de Domingo Sesín. Muchos perciben, además de los haberes como jueces, sueldos como docentes universitarios (un oficio permitido para los jueces, quienes en cambio tienen prohibidas las actividades comerciales) y alquileres de propiedades. Los funcionarios que no forman parte del TSJ están un escalón más abajo. El fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, por ejemplo, gana “sólo” $ 80.700. Sin embargo, declaró bienes por $ 3 millones.
Hay que destacar que los jueces están exentos de pagar impuesto a las ganancias, un gravamen que afecta a los trabajadores que se acercan o apenas superan la canasta familiar. Un estudio reciente demostró que el fisco pierde aproximadamente $ 5.000 millones al año por esta exención. Un monto que podría cubrir el Plan Progresar, que otorga $ 900 al mes a los jóvenes para estudiar.
Los trabajadores judiciales de Córdoba realizaron este año diversas medidas de lucha por aumento salarial, denunciando que el sueldo de un empleado administrativo que recién ingresa llega a duras penas a los $ 10.000 de sueldo. Doce veces menos que el vocal del TSJ que menos gana. En cada una de esas ocasiones, el TSJ realizó descuentos de sueldo, ya sea por asambleas, trabajo a reglamento o paro. Los trabajadores también denuncian que el porcentaje de contratados es muy alto.
Por otro lado, los jueces y fiscales ni siquiera son elegidos por mandato popular, al que se tienen que exponer hasta los diputados, senadores, legisladores, gobernadores y los mismos presidentes. La izquierda, particularmente el PTS, es la única que propone cómo terminar con la casta privilegiada de jueces y fiscales: la elección de los jueces y fiscales por el voto popular, su revocabilidad y que, como funcionarios, cobren lo mismo que una maestra.
