Las fricciones al interior de las alianzas patronales se tornan menores a la hora de atacar a los trabajadores, como se demostró en la histórica lucha de los y las choferes del transporte urbano.
Sábado 24 de junio de 2017
Finalmente, el PRO logró imponerse sobre el radicalismo en el distrito donde Macri sacó el mayor porcentaje de votos en el 2015. La lista quedará encabezada por el ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi, mientras el tercer puesto será para Gabriel Frizza, intendente de Jesús María. Debido a la ley de cupo femenino, este esquema deja el quinto lugar para Diego Mestre, hermano del intendente capitalino.
Las aspiraciones de Ramón Mestre de ser gobernador en 2019 quedan así seriamente afectadas, ya que se muestra débil hacia el interior de su partido ante la inflexibilidad del macrismo. De todas frmas, ir a las PASO lo hubiera mostrado demasiado díscolo hacia Macri.
El PRO ya había enviado una advertencia durante el conflicto de la UTA, cuando ninguna de sus figuras dio su apoyo al intendente. Esta orden habría partido directamente del presidente.
El justicialismo, entre la gobernabilidad y la contención
Lo mismo hizo el gobernador Schiaretti con los suyos. Nación y Provincia recién aparecieron bajo la forma de gendarmes y policías durante el esquema de emergencia que ideó la Municipalidad para quebrar el paro.
Al interior de Unión por Córdoba también hay disputas. Aunque todavía no se conoce qué lugares ocupará el sector delasotista, el gobernador pudo imponer la primera dupla “renovadora” entre el vicegobernador Martín Llaryora y Alejandra Vigo (secretaria de Equidad y Género y esposa de Schiaretti).
Lo preocupante fue la posición del PJ capitalino, controlado indirectamente por Vigo, frente a los despidos de choferes luego del paro. En un comunicado emitido el lunes, pidieron la reincorporación de los 160 despedidos. Schiaretti lo desautorizó al otro día, ratificando su definición de “huelga salvaje” y sosteniendo que esa decisión corresponde a las empresas.
Tamaño desacuerdo responde a que el PJ, frente al avance del PRO, no se puede dar el lujo de perder votos por derecha ni por izquierda. Así, por derecha muestra “gobernabilidad” y condena la huelga, mientras por izquierda pide un poco de “sensibilidad social”, sobre todo hacia las bases de los grandes sindicatos, que vieron y ven mal cómo actuaron las burocracias contra los choferes.
Ley antiobrera y agradecimiento patronal
Las fricciones entre las dos principales alianzas políticas de Córdoba y hacia el interior de las mismas quedan en segundo plano cuando se trata de atacar a los trabajadores y beneficiar a las empresas. Tanto la UCR como el PRO aplaudieron la iniciativa de Unión por Córdoba para limitar el derecho a huelga que fue aprobada la semana pasada. En la misma línea, el mestrismo aprobó la consulta popular para que los vecinos opinen sobre el derecho a huelga de los trabajadores municipales y del transporte.
Como muestra, basta un botón. Tan grande es el favor que el PJ, la UCR y el PRO le hicieron a los empresarios que ERSA, la compañía que gestiona el 85 % del transporte urbano y el 50 % de la recolección de residuos en la capital, les agradeció “los servicios prestados”.
Por si a alguien le quedaban dudas del carácter pro patronal y antiobrero de los gobiernos y el Ministerio: ERSA se los aclara. pic.twitter.com/JAkzZoAJJr
— LaURa ViLChes (@VilchesLaura) 22 de junio de 2017
Las dirigencias gremiales ligadas al PJ cumplieron un rol canalla: nunca pusieron en debate la posibilidad de ir a un paro provincial, que hubiera inclinado la balanza a favor de los huelguistas, sólo se limitaron a aparecer en las marchas y emitir comunicados de apoyo. Lo mismo se puede decir de los gremios más afines al kirchnerismo, como Surrbac (recolección de residuos), UEPC (docentes) y Luz y Fuerza. Ni siquiera el gremio de los docentes universitarios, cuyo secretario general sería parte de la lista del Frente Córdoba Ciudadana, movilizó a sus bases durante el conflicto.
La pelea del Frente de Izquierda
Los jefes de los sindicatos tenían muy buenas razones para evitar un escenario de paro provincial, esencialmente porque varios de ellos cerraron paritarias tan míseras como las de UTA. La predisposición de los y las choferes para luchar contra el ajuste y contra las mismas burocracias sindicales era un ejemplo para los trabajadores de la salud y de la educación, como así también para los jóvenes precarizados del sector metalúrgico.
No es poca la bronca latente en una ciudad con un 40 % de pobreza, con el 9,6 % de la población económicamente activa sin trabajo y un 34,6 % de empleo en negro. El feroz ataque que sufrieron los y las choferes por parte de los gobiernos, las empresas y los medios de comunicación apunta a desalentar cualquier expresión de descontento social que pueda surgir.
Por el contrario el Frente de Izquierda es la única alianza que acompañó desde el primer momento la pelea de los y las choferes, como lo hace con cada lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Tal como manifestó la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT ante la ley de servicios esenciales, a los partidos patronales no les interesa el bienestar de la mayoría de la población de la ciudad. Para brindar un servicio de transporte de calidad y a buen precio, para terminar con el desempleo y la desigualdad, hay que afectar la ganancia capitalista.
Una forma de hacerlo sería la propuesta de repartir las horas de trabajo, reducir la jornada laboral a 6 horas, y que el sueldo básico sea acorde a la canasta familiar, como plantea el PTS en el FIT. La campaña “Nuestras vidas valen más que sus ganancias” es una manera de popularizar esta propuesta, que el PTS se propone llevar a cada rincón de la provincia. No sólo para fortalecer una bancada del FIT en el Congreso nacional sino además para que miles de jóvenes, trabajadores y mujeres se organicen para enfrentar el ajuste, la entrega y pelear por una salida anticapitalista a la crisis.
