Uno de los casos de corrupción más bullados que relaciona al sector empresarial y la casta política parlamentaria de manera transversal. Cuando las denominadas boletas "ideológicamente falsas" tocaron las puertas de ministros, senadores, diputados, y sus familias, quienes hasta el día de hoy se encuentran impunes.
Miércoles 4 de agosto de 2021
FOTO: Biobío Chile
Y una vez más la impunidad de la casta política sale a relucir con todo. Esto, luego de que Fiscalía señalara que sobre 34 personas, entre ellas el ex ministro del interior de Michelle Bachelet, el PPD Rodrigo Peñailillo, no se seguiría perseverando frente a las causas abiertas por el denominado caso SQM.
Sin embargo, lo más preocupante resulta el por qué, ya que el motivo se relaciona a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no habría presentado una querella por los delitos que se deberían investigar.
“La decisión del Ministerio Público se debió a que, respecto de esas personas, no existió una acción específica de parte del SII en torno a denunciar o querellarse en su contra, respecto a la comisión de delitos tributarios” refirió la fiscal de la causa, Claudia Perivancich, quien agregó “El Ministerio Público tenía claros elementos para entender que habían tenido participación en estos delitos tributarios (…) Es un requisito de procesabilidad que existe una denuncia del SII”, de acuerdo a lo señalado por Biobío Chile.
Cabe recordar que aparte del ex ministro Peñailillo, no es la única figura concertacionista a la que se le víncula al financiamiento ilegal de la política por medio del pago de boletas denominadas “ideológicamente falsas”, sino también a los hijos del senador de la Democracia Cristiana (DC), y a la hermana del aquel entonces diputado del Partido Socialista (PS), Fulvio Rossi entre otros.
Ante esta situación, el ex fiscal Carlos Gajardo, también señala una orquestación de la casta política del país, de la cual la fiscalía también se ha hecho partícipe de manera transversal, como en el denominado Caso Penta, en el cual, Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner llegaron a juicios abreviado o medidas absolutamente irrisorias, como en el caso de los primeros, con una multa de $857 millones, y 100 horas de clases de ética.
“Digamos que la Fiscalía también ha sido muy partícipe en otras decisiones, en conseguir impunidad para este conjunto de delitos, como las suspensiones condicionales o el haber desistido de perseguir un delito tan grave como el cohecho que involucraba a Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner en su momento" señaló Gajardo para el medio Cooperativa, dejando en claro la forma en que el caso SQM, englobó a los distintos sectores de la casta política nacional.
"El caso SQM muestra que el financiamiento era transversal, desde la UDI por la derecha hasta el PS por la izquierda, pasando incluso con el PPD donde apareció SQM como militante, toda una situación muy grosera que daba cuenta de esta relación absolutamente incestuosa entre política y dinero", manifestó Gajardo.
SQM, PENTA, y la mugre debajo de la alfombra
No es un misterio para nadie lo indignante los salvavidas con que el poder judicial ha salvaguardado y protegido a distintas figuras y representantes políticos desde la derecha hasta la centroizquierda neoliberal, con medidas burdas como las “clases de ética” mencionadas anteriormente, o con multas resultas por medio de juicios abreviados. Como no recordar el famoso “raspado de olla” del senador UDI Iván Moreira, como el pago de 35 millones de pesos, en módicas 12 cuotas, que es bastante poco para los $7 millones que gana mensualmente con su dieta parlamentaria.
Esto es solo parte de una impunidad latente y vergonzosa que sigue de manera firme hasta el día de hoy, y que se ha naturalizado en medio de uno de los momentos más críticos para los denominados partidos de los 30 años.
Es la clara evidencia del carácter de clase presente en la justicia, en que hoy existen más de 2 mil presos políticos privados de su libertad tras el estallido social, mientras empresarios, políticos, y violadores de derechos humanos, tienen multas irrisorias, juicios abreviados, o cárceles para ricos y genocidas como Punta Peuco.
Es el legado de la herencia de da la dictadura, la mugre que se esconde debajo de la alfombra, que solo puede ser barrida por la fuerza del pueblo trabajador, que palpa la hipocresía de los empresarios y aquella casta política al servicio de sus leyes. Sólo la movilización de las y los trabajadores junto a los diversos sectores populares, han mostrado ser capaces de colocar en jaque al conjunto del régimen político, a la justicia podrida, la casta política, y sus instituciones que perpetúan las condiciones precariedad y miseria que vive la gran mayoría asalariada, junto con encarcelar y perseguir a quienes protestan, como quedó demostrado en la rebelión de octubre del 2019.
