Costa Rica. Costa Rica: el primer país de Centroamérica que legaliza el matrimonio igualitario

Con una ceremonia transmitida en las redes sociales, Alexandra Quirós y Daritza Araya se casaron cerca de las 12:20 del martes transformándose en el primer matrimonio homosexual legalmente reconocido del país. Así se volvió Costa Rica el primer país de Centroamérica en reconocer esta demanda exigida alrededor del mundo con el objetivo de garantizar derechos elementales como poder acceder a una obra social/seguro de salud o licencias por enfermedad del cónyuge, entre otros.

Un breve recorrido histórico

El 30 de junio del año 2013 se realizó una marcha de la diversidad que fue un punto de quiebre en la historia de la comunidad LGBTI en el país. Allí se inició una campaña por la legalización del matrimonio igualitario, a través de una juntada de firmas impulsada por el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), una organización conformada por agrupaciones LGBTI y partidos de izquierda del país. Esta campaña logró llegar a miles y la demanda fue un nuevo motor para las movilizaciones del orgullo que en los últimos años tuvieron una participación multitudinaria con decenas de miles.

En 2015 el casamiento entre Laura Flores-Estrada Pimental y Jazmín Elizondo cobró peso mediático dándole visibilidad al reclamo. Jazmín figuraba en su acta de nacimiento como género masculino, aprovechando el error de registro decidieron casarse. En ese momento Laura declaró “lo hicimos porque creemos que es una lucha por los derechos humanos. Nosotras teníamos que visibilizar que no era un error nuestro, es una cuestión de derechos básicos”.

El Registro Civil actuó rápidamente rectificando el género de Jazmín y anulando el matrimonio. A raíz del caso la pareja presentó acciones de inconstitucionalidad en la justicia. En 2016 Costa Rica realiza una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alrededor de la identidad de género y el derecho al cambio de nombre, así como sobre el reconocimiento legal de los vínculos entre personas del mismo sexo y los derechos que se derivan del mismo.

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A principios de 2018 la CIDH expuso su opinión ante la consulta avalando la defensa del derecho al cambio de nombre, y la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad conformes a la identidad de género autopercibida. El documento también sentenciaba que la necesidad por parte de los Estados de garantizar el acceso a todas las figuras existentes, incluyendo la del matrimonio, “para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”.

En agosto de ese año la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad presentadas y la opinión de la CIDH resolvió declarar inconstitucional la norma del Código de Familia que impedía explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y le dio un plazo de un año y medio a la Asamblea Legislativa para adecuar “el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo”. Al no haberse sancionado una ley durante ese plazo, el estado de Costa Rica pasa a reconocer el matrimonio igualitario en sus derechos.

Una exigencia en las calles

Gia Miranda, la directora ejecutiva de la campaña Sí Acepto Costa Rica, afirmó que “un cambio legal no implica que haya un cambio social, pero sí es un avance enorme, un hito maravilloso en la historia de Costa Rica”. Algo que puede observarse a primera vista en las consecuencias que trae la crisis sanitaria y económica que atraviesa el mundo en el marco de la pandemia del coronavirus, donde las y los LGBTIs sufren aún más el impacto de la precarización laboral y el colectivo travesti-trans enfrenta una situación crítica por la falta de recursos, sin acceso a un trabajo estable, con persecución policial y desalojos.

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En los últimos años centenas de miles en Costa Rica vienen manifestándose en las calles en cada marcha de la diversidad exigiendo reivindicaciones elementales como el matrimonio igualitario o la separación de la Iglesia del Estado. Una vez más se vuelven a evidenciar la necesidad de la movilización no solo para la conquista de los derechos, sino para pelear por una igualdad que sea real en la vida.