Pandemia Coronavirus. Costa Rica: poner la industria médica en función de enfrentar la pandemia

En Costa Rica, de acuerdo a datos oficiales, al momento de escribir este artículo llevamos 314 casos comprobados y dos fallecidos por la pandemia del coronavirus. El aumento de contagios aproximadamente se duplica cada tres días y es probable que por cada caso confirmado hay más de los que se contabilizan oficialmente, pues la cantidad de pruebas realizadas ha sido limitada y viene decreciendo. Debemos evitar una mayor expansión.

Lo más llamativo de toda la situación, es que frente al riesgo de desatarse con fuerza la pandemia del coronavirus, Costa Rica es el segundo mayor exportador de dispositivos médicos en toda América Latina. Según la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), se hospedan en el país 250 empresas de alta tecnología, de las cuales 60 producen dispositivos médicos.

Un gran negocio de la industria de salud extranjera: ¡no pagan impuestos!

Se trata de toda una industria instalada en el régimen de zona franca que puede abastecer al sistema de salud nacional para poder hacerle frente a la pandemia de Covid-19. De estas empresas, 7 están listadas entre las 30 empresas más grandes del mundo en tecnología médica, todas ubicadas dentro de las zonas francas, principalmente en el Coyol, en la provincia de Alajuela, al oeste de la capital.

En el 2015 los dispositivos médicos fueron el primer producto de exportación en Costa Rica, representando un 4% del PIB. Según datos publicados por El Financiero, durante el 2019 las ventas al exterior de dispositivos médicos dejaron divisas al país por $3.422 millones.

Hasta el momento, la zona franca Coyol, dónde se ubican estas empresas de tecnología médica, siguen funcionando y operando “remotamente” al 100%, y produciendo dispositivos médicos de clase I a clase III. Es decir, desde los más sencillos y desechables, como mascarillas, hasta los más complejos, como respiradores. Así como también se producen pruebas para detectar problemas respiratorios.

Es de destacar que en Costa Rica las empresas ubicadas en las zonas francas tienen un 100% de exención de impuestos, sin límites de tiempo, sobre importaciones, retención de regalías y honorarios, impuestos al interés, timbres e impuesto de ventas sobre compra local de bienes y/o servicios, además por los primeros 8 años de funcionamiento tienen exención sobre el IVA. En otras palabras, verdaderas maquilas de alta tecnología que obtienen miles de millones de dólares sin pagar impuestos y con una mano de obra barata para sus costos de producción. Un negocio redondo en el mundo de la salud.

Pero todo lo que producen estas empresas está en función de los intereses de los capitalistas internacionales cuyos contratos en tierra costarricense protegen sus ganancias y fomentan que continúen sus exportaciones aprovechando la demanda de dispositivos médicos en el mundo. Más aún hoy en tiempos de crisis sanitaria.

Paradoja: Importamos lo que se produce acá

Lo “paradójico” de esta situación es que en “condiciones normales” para poder hacer uso de lo que se produce aquí mismo, el país debe hacer un proceso de “importación”, cuando son productos que se fabrican a pocos kilómetros de los hospitales costarricenses. Ante la pandemia, el proceso que plantea el Ministerio de Hacienda no cambia en mayor medida.

Según trascendió en la conferencia de prensa del pasado 19 de marzo y de acuerdo al diario El Financiero, el Ministerio de Hacienda emitió una directriz para controlar la exportación de productos de uso quirúrgico y que podrían ser necesarios para atender el brote, pero sin levantar los impuestos que deben ser pagados. Estamos hablando de gorros desechables, lentes de seguridad, botas descartables, respirador N95 o FFP2 (mascarillas de protección respiratoria), mascarillas quirúrgicas descartables, batas impermeables, guantes, sistemas de pruebas para detectar virus respiratorios e hisopos de dacrón.

De acuerdo a directrices gubernamentales, se estaría permitiendo la compra directa de materiales necesarios, como mascarillas y respiradores a dichas empresas en las zonas francas, no sin antes pasar por un proceso de nacionalización, que implica que cuando la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) adquiere estos productos, debe pagar los impuestos completos. ¡Insólito!

Estas maquilas de tecnología médica producen sin pagar un solo centavo de impuestos en Costa Rica, pero para que el país pueda hacer uso de su producción sí tienen que pagar todos los impuestos necesarios. Es el mundo al revés, propio de los negocios capitalistas.

De acuerdo al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, se cuenta con 450 respiradores artificiales e indicó que vienen más vienen en camino para abastecer al CCSS y completar 700 respiradores. En días anteriores la OCDE anunció que Costa Rica tiene el porcentaje más bajo de camas hospitalarias per cápita de toda la OCDE, resultado en 1,1 % de camillas por cada 1.000 habitantes.

¿Cómo es posible que al borde de un brote generalizado el país tiene que adquirir productos pagando importantes impuestos cuando las empresas que los producen no pagan absolutamente nada? Hay que parar esta irracionalidad. Es necesario prepararse desde ya aprovechando al máximo toda esta capacidad instalada en el país para evitar que exista un colapso del sistema de salud.

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¿Qué hacer?

Por eso ante a la emergencia que se vive nacionalmente, y en el marco de la emergencia mundial, se hace necesario tomar medidas urgentes. En primer lugar, centralizar todo el sistema de salud. Todos los recursos del sector privado –nacional o internacional- asociados a la salud y con posibilidades de usarse para responder a la emergencia, deben ser centralizados por el sector público y que sean comités de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud, así como especialistas quienes los controlen.

También que toda la industria médica pase automáticamente a ser supeditadas por el Estado pero bajo el control de los profesionales, especialistas y trabajadores de la salud, y ponerse en función de producir respiradores, mascarillas, camas hospitalarias, alcohol en gel, pruebas para el COVID-19, guantes, etc. Control inmediato de toda la producción de las empresas de alta tecnología de la salud, sin más mediación para su utilización que el transporte para trasladar los insumos de la fábrica a los hospitales.

No es posible que mientras se exime de impuestos a estas empresas extranjeras se nos exija que paguemos impuestos como si se produjeran en el exterior. Si tales empresas se nieguen a ese control, deben ser estatizadas sin indemnización alguna. No se puede permitir que primen las ganancias de todas estas empresas que nuestras vidas.

Esto último implica que toda la industria médica del país ponga su producción en función de abastecer de todo lo necesario para hacerle frente a la crisis por la pandemia de coronavirus. En segundo lugar, la reconversión de toda aquella industria no esencial para la producción de lo que se necesite para atender la emergencia sanitaria que se presenta.

Por otra parte, las exportaciones de estos dispositivos deben tener como prioridad los países de la región que más lo necesiten, como por ejemplo es el caso de Panamá, donde ya se anuncian más del 1.000 casos de contagios, y de manera igual para Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y países del Caribe.

La reconversión de la industria no solo es necesaria, sino que es posible, pues lo ejemplos ya se han dado alrededor del mundo y el continente. Para que esto suceda, los trabajadores y las trabajadoras deben tomar la decisión y no los empresarios cuyos intereses son sus ganancias y no nuestras vidas. Es por esto que, además, todas estas medidas tienen que estar orientadas a que la industria médica debe pasar a ser administrada por los y las trabajadoras, quienes en verdad tienen todo el conocimiento técnico necesario para producir los materiales que necesitamos realmente para combatir esta crisis sanitaria a nivel nacional e internacional.

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