El pasado miércoles el intendente del Frente de Todos sacó el decreto 618/20 dónde los trabajadores de countries, particularmente jardineros y pileteros se deben exponer a trabajar en estos momentos de pandemia, y realizar tareas de mantenimiento a los barrios lujosos de Pilar.
Domingo 29 de marzo de 2020 00:00
El pasado miércoles el intendente del Frente de Todos sacó el decreto 618/20 dónde los trabajadores de countries, particularmente jardineros y pileteros se deben exponer a trabajar en estos momentos de pandemia, y realizar tareas de mantenimiento a los barrios lujosos de Pilar. Esto generó tanta bronca en los trabajadores y sectores de la población pilarense, que tuvo que rechazar los pedidos y endurecer los requisitos de solicitud de las administraciones y consorcios de propietarios.
El intendente de Pilar, Federico Achával tuvo que retractarse de sus dichos en un reportaje que le hizo el día sábado la periodista María O’donnell en su programa de radio. La municipalidad de Pilar sacó un decreto donde habilitaba a los trabajadores de los countries de la zona a ingresar para realizar tareas de mantenimiento, con el pretexto de así combatir el dengue y enfermedades relacionadas a la reproducción de mosquitos.
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El mandatario tuvo que aclarar que la norma está destinada únicamente para los espacios comunes dentro de los barrios cerrados y clubes de campo, y no para las propiedades particulares, asegurando que habrá un mayor control estatal sobre las administraciones para que cumplan con los protocolos correspondientes de salubridad para los trabajadores en este contexto de propagación del coronavirus.
Su preocupación no debería ser los countries, dónde cuentan con recursos extraordinarios para fumigar y evitar enfermedades, sino los barrios populares dónde el dengue y otras enfermedades están a la orden del día por las inundaciones por falta de mantenimiento público de la municipalidad.
La declaración de Achával está muy lejos de resolver los problemas que aquejan a las trabajadoras y los trabajadores informales y cuentapropistas, que se ven forzados a incumplir la cuarentena y exponerse al contagio del coronavirus por la necesidad de mantener un ingreso con que mantener a sus familias. Esta decisión del gobierno, si bien tiene un carácter progresivo por la exigencia a administraciones y consorcios de garantías de salubridad para los trabajadores, es insuficiente en tanto no se brinden sustentos económicos para las familias obreras precarizadas.
Como plantean los diputados y legisladores del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, es necesario un plan integral que dé respuesta a las necesidades de las grandes mayorías, por eso durante esta cuarentena el salario de las trabajadoras y los trabajadores informales debe ser de un mínimo de $30.000 pesos y que se condonen sus pagos de monotributo y facturas de luz y gas. Además deben realizarse test masivos para la detección rápida del virus y para frenar la propagación de la pandemia. Se debe centralizar el sistema de salud público y privado, donde se cuente con camas, establecimientos y aparatología que el acceso sea verdaderamente universal, que sea gestionado por los trabajadores de salud.