Especulación financiera y precarización laboral en el contexto de la pandemia son los ingredientes de un nuevo capítulo de la crisis del sistema de pensiones, que orilla a los adultos mayores a subsistir de mala forma y a adultos y a jóvenes trabajadores los enfrenta a un futuro sombrío.

Ante el avance de la pandemia del COVID-19, las repercusiones en el sistema de pensiones ya se han empezado a sentir. Ante los 350 mil despidos que reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay trabajadores que recurren a los retiros parciales para afrontar los gastos de la economía familiar. Pero esto, producto de la perversidad del sistema, conlleva una reducción del monto de la pensión que reciba al finalizar su vida laboral. A su vez, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) admitió que en marzo de 2020 se registrarán importantes minusvalías en los fondos de pensión, utilizados para especular en el mercado financiero, pero aún no dan cifras. La gran perdedora de estas maniobras del gran capital es la clase trabajadora.

México no es el único caso. El servicio de inversores de Moody’s estimó que los fondos de pensiones estatales y locales de EE.UU. habían perdido 1 billón de dólares en la venta del mercado que comenzó en febrero.

De acuerdo con el informe de la CONSAR del cuarto trimestre de 2019, la composición de cartera de las SIEFORE —los fondos de inversión que especulan con los ahorros de los trabajadores para su retiro, que les entregan las afores— estaba integrado por 53.8% “invertido” en deuda gubernamental, 17.2% en deuda privada nacional, 13.1% en renta variable internacional, 5.8% en renta variable nacional, 5.9% en estructurados, 2.6% en FIBRAS, 1.3% en deuda internacional y 0.2% en mercancías. Al final de 2019, el monto total del sistema sumó 3,986,480 millones de pesos y los activos netos al periodo representan el 16.5% del PIB.

Expoliación y rapiña: del sistema de reparto al sistema individual

El actual sistema de pensiones, implementado desde 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, trabajadores del sector privado) y en 2007 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE, trabajadores del sector público), tiene como objetivo financiar a largo plazo al Estado y a empresas con los ahorros para el retiro de las y los trabajadores que cuentan con la prestación de pensiones -alrededor del 49% de la población económicamente activa.

Las SIEFORES especulan con el ahorro obrero, que al decir de Ernest Mandel, es sólo un fondo de consumo diferido que se gastará en su mayor parte durante la vida del depositario. [1] De acuerdo con la periodista María de Lourdes Martínez González, “las afores se benefician con la administración de las cuentas de ahorro para el retiro por doble vía: con el cobro de comisiones a los dueños del dinero, los trabajadores, por manejo de cuenta, así como por las ganancias que obtienen por el otorgamiento de créditos a terceros con esos recursos que son propiedad de los asalariados”. [2]

Las reformas implementadas a la ley del seguro social en 1997 y 2007 no sólo terminaron con el sistema de reparto y llevaron a que el monto de las pensiones sea inferior, sino que implicaron también el inicio del desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que el fondo financiero del seguro por cesantía en edad avanzada y vejez que tenía para ese año pasó a la banca privada.

Se pasó de un sistema de reparto en el cual los trabajadores en activo contribuían con una parte de su salario para financiar las pensiones de los trabajadores retirados, y luego cuando a esta generación en activo le tocaba retirarse, las nuevas generaciones aportaban para el pago de sus pensiones a un sistema cuyo eje son las contribuciones individuales del trabajador a su pensión, y que es administrado por compañías financieras.

La CONSAR, defensora acérrima de los intereses de las afores, argumenta que a medida que la esperanza de vida se incrementa y la población envejece los sistemas de pensiones se vuelven “financieramente insostenibles”. [3] De acuerdo con la Unidad de Datos de Sin Embargo, entre 22.5 y 25.7 millones de trabajadores en México ahorran de manera formal. Pero sólo el 4.9 % de ellos realiza aportaciones voluntarias a su afore, lo que implica que la mayoría aporta el 6.5 % de sus ingresos para la vejez producto de la precarización. A su vez, según estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuatro de cada 10 mexicanos de 65 y más años de edad se encuentran en situación de pobreza.

En México hay en la actualidad alrededor de 7.6 millones de personas mayores de 65 años que se encuentran pensionadas, de las cuales el 39 % cuenta con una pensión contributiva (las del viejo y nuevo sistema), que promedia $5865 y el 61 % una pensión no contributiva (apoyos gubernamentales), que ahora durante el gobierno de López Obrador aplica para mayores de 68 años y asciende a $2620 por bimestre. En ambos casos, muy lejos del costo de la canasta básica, así como productos y servicios esenciales (vivienda, vestido, servicios públicos) que ronda los 16 mil pesos.

Se trata de una depauperación absoluta de una parte de la clase trabajadora que el sistema capitalista ha expulsado del proceso de producción: los adultos mayores, que junto con los desempleados crónicos, las personas con enfermedades crónicas graves y un amplio sector de las personas con discapacidades, viven en la miseria [4] y deben subsistir del comercio informal, de apoyos gubernamentales muy reducidos o directamente de la mendicidad. Esto llegó al extremo de que haya adultos mayores haciendo trabajos pesados, como la limpieza del metro en la Ciudad de México, o la precarización de los empacadores de supermercados, librados a su suerte en el medio de la pandemia, y a la posibilidad económica de sus familias de apoyarlos ante la crisis actual. Cobran pensiones de miseria y la edad jubilatoria se extendió de 55 a 60 años, y de los actuales 65 a los 68 que propone López Obrador.

Para quienes reciben una pensión, la tasa de reemplazo en México —el porcentaje de salario que recibe un trabajador retirado respecto al sueldo antes de su jubilación— es de 26.4 % de su último salario, es la más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo promedio asciende al 58.7%.

De nuevo, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de Sin Embargo, un trabajador en México tendría que ahorrar, en promedio, $2,553,040 para retirarse, durante 20 años, con un ingreso mensual de $10,638, cuando un salario promedio anual a nivel nacional es de $104,939 (INEGI) y el ahorro anual según la tasa de aportación nacional (6.5 %) de $6,821 al año. Le llevaría 374 años de vida.

Previo a la crisis sanitaria, económica y social detonada por el COVID-19, pero que tiene raíces en la de 2008, la situación de las pensiones era crítica por el avance del crecimiento informal —hoy calculado en 51% de la población económicamente activa— que trajo como consecuencia que millones de trabajadores no aporten al sistema de pensión. Se dio la privatización del ahorro vía expropiación simulada, eliminando la obligación tripartita.

A su vez, la reforma laboral, en 2012, legalizó la precarización laboral, con modalidades como el outsourcing, que implican inestabilidad, recorte de prestaciones y salarios bajos para millones de trabajadores. Mientras el Estado, bajo el gobierno de López Obrador, mantiene contratos de simulación que niegan la relación laboral y, por ende, toda prestación, a trabajadores que laboran para distintas dependencias como la SEP y el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), por citar sólo algunas.

Las exigencias del capital especulativo y los organismos internacionales

Desde antes del COVID-19, los personeros del capital quieren que aumente la contribución de los trabajadores a las pensiones. Es decir, que un porcentaje mayor de salarios que ya hoy son magros y no alcanzan para que las familias trabajadoras vivan dignamente. En el marco de la ola de despidos que mencionamos arriba, sumado a los recortes salariales que impone la patronal con apoyo de la burocracia sindical, esto agravaría la situación de la clase trabajadora.

A su vez, extendieron la edad jubilatoria más allá de los 65 años. Se trata de una ofensiva que preparaba el gran capital desde antes de la pandemia, para aumentar la plusvalía absoluta —el trabajo no pago que le birla a los obreros [5]—, ya no sólo con la extensión de la jornada laboral, sino haciendo más lejano el momento del retiro, por lo tanto, haciendo menor el tiempo de goce y el patrón apuesta a la muerte el trabajador.

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Ante la magnitud de la crisis en curso, el gran capital buscará contar con más fondos para especular y financiar sus inversiones, que muy lejos están de apuntar a satisfacer las grandes necesidades de la población, como salud, educación, vivienda, servicios públicos para todos. Con mecanismos como estos, los capitalistas buscan contrarrestar la baja tendencial de la tasa media de ganancia, una tendencia de este modo de producción dada por el creciente aumento de composición orgánica del capital —más instrumentos de trabajo y equipo de producción—, de trabajo muerto con relación al trabajo vivo, para acumular cada vez más ganancias . [6]

Hoy más que nunca, ante la pandemia que se ensaña especialmente con la clase trabajadora y los sectores populares –aunque empezó en las clases medias altas y en la burguesía que componen la mayoría de quienes viajan en avión–, quienes peores servicios de salud tienen, y que presentan comorbilidades, incluyendo alimentación deficitaria, se revela en toda su estatura la contradicción entre el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y la anarquía de la producción, guiada sólo por la sed de ganancias, que deja de lado por completo las necesidades de la mayoría de la población.

Los empresarios, de la bandera que sean, no quieren resignar un céntimo de sus fortunas. Al contrario, buscar recuperar su nivel de ganancias a un nivel incluso superior al período anterior a la pandemia. Y para eso, buscan redoblar la explotación de la clase trabajadora al tiempo que analizan las vías para financiarse con los fondos de pensión a una escala mayor. No sería de extrañar que el gobierno apele también a esos fondos para la reactivación económica tras el COVID-19, como posiblemente hagan otros gobiernos del mundo. Y con eso financien cierto reimpulso a las obras públicas, mientras los adultos mayores languidecen, y adultos y jóvenes trabajadores en activo enfrentan un futuro incierto para su vejez.

Enfrentar la ofensiva capitalista

No está dicho que el gran capital se pueda salir con la suya. En años recientes, ante intentos de nuevas reformas de pensiones, trabajadores y jóvenes en Chile, en Argentina y en Francia, salieron por cientos de miles a las calles. Desde fines de 2019, en Ecuador, así como en Chile y en Francia, por mencionar sólo algunos países, la clase trabajadora y los sectores populares se rebelaron contra la precarización y los planes de ajuste.

Ahora mismo, en Italia, en el Estado Español, en México y en otros países, los trabajadores protestan contra despidos, suspensiones, recortes salariales y la falta de insumos para combatir la pandemia. Ante la crisis de las pensiones, es necesario incorporar a la agenda de las luchas obreras, el derecho al retiro, al disfrute al final de la vida laboral. Con la movilización y la organización desde las bases se podrá lograr que se termine el sistema de afores para volver al sistema por reparto solidario, pero bajo control de los trabajadores, asesorados por profesionistas solidarios, como contadores y actuarios.

Los fondos de pensión deben estar bajo la administración democrática del conjunto de los trabajadores y los pensionados, organizados en comités de base, con representantes elegidos por sus compañeros, rotativos y revocables, para evitar la mala administración y desfonde de los mismos. Hay que exigir pensiones universales —para trabajadores tanto del sector público como del privado, del formal como del informal—, que cubran al menos el costo de la canasta básica, servicios esenciales (incluyendo telecomunicaciones), vivienda, vestido y calzado y se ajusten por inflación.

El Estado debe basificar a todas las personas que trabajan en instituciones gubernamentales de los distintos niveles —federal, estatal, municipal— y debe cotizar sus aportes al sistema de salud pública. Así puede aumentar el número de cotizantes activos cuyos aportes puedan solventar las pensiones de aquellos que finalizan su vida laboral. A su vez, hay que imponer el fin del trabajo informal: para que todos los trabajadores, sin excepción tengan acceso al sistema de salud pública, a aguinaldo, a vacaciones pagas y a pensiones.

Esto en la perspectiva de la lucha por destruir el sistema capitalista y construir un mundo nuevo, de productores libres asociados, donde cada persona trabaje según su capacidad para aportar al avance material, científico, artístico y espiritual de la humanidad, el comunismo.