Miércoles 17 de abril
Un día antes de la jornada de movilización del 25 de marzo, donde se desplegaron en una histórica marcha alrededor de 10.000 personas, entre trabajadores educativos del sector público y privado, apoderados y estudiantes, Boric firmaba el decreto para nombrar a Alejandro Tapia Carvajal como el nuevo Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Antofagasta.
Además de su reunión con la hermana de Katherine Yoma, Boric no se pronunció mayormente sobre la profunda crisis denunciada durante las últimas 5 semanas por las comunidades educativas de los 50 establecimientos que paralizaron en la capital minera. Es más, en su reciente visita para dar “el vamos” al Royalty Minero, se dirigió a Calama y María Elena, obviando la grave situación en Antofagasta. Por otro lado, su ministro de educación, Nicolás Cataldo (PC) se apresuró en la primera semana de abril a anunciar “una de las modernizaciones del Estado más grande del país desde el retorno a la democracia”.
Esto último refiriéndose al proyecto de ley para “fortalecer la instalación y administración” de los SLEP con medidas como ampliar los mecanismos de control en los Comités Directivos Locales (donde no participan apoderados ni estudiantes). O con la creación de un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública una vez traspasados a los SLEP, de forma progresiva y con “mecanismos para atraer inversión regional”. Sobre financiamiento de emergencia ni una palabra. Su insistencia en implementar la política bacheletista es ciega, pese al rechazo de las y los docentes desde su creación y de la catástrofe demostrada por su implementación en lugares como Barrancas, Chinchorros, Valparaíso, etc.
Pero ¿qué han demostrado hasta ahora la implementación de los SLEP a nivel nacional? ¿por qué sería tan contraproducente estar poniendo acento en la declaración del nuevo director para Antofagasta, y así implementar el SLEP en 2026 como han insistido en su programa y recientemente con el ministro Cataldo?; en vez de atender a las exigencias irresueltas.
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La crisis es mayor
Un Servicio Local, según dicta la ley 21.040 aplaudida en 2021 desde la UDI hasta el PC, es un organismo descentralizado que busca administrar la gestión educativa y financiera de la educación pública, además de promover la participación de las comunidades, la equidad territorial y el desarrollo de la cultura local.
Todo esto en el papel, pues en realidad los problemas de implementación, desfalcos y las restricciones legales han transformado a esta institucionalidad en un mero aparato burocrático que ha enterrado aún más a la educación pública.
Por ejemplo sobre financiamiento, continúa con la subvención escolar que busca esconder la necesidad del financiamiento basal integral a los jardines, escuelas y liceos, financiando a partir la cantidad de estudiantes (asistencia), manteniendo la práctica de “competencias por matrículas”, sin existir tampoco una ampliación de la cobertura de la educación pública.
En cuanto al problema de democracia, se profundiza un modelo "gerencial", creando nuevas instancias burocráticas que entorpecen la toma de decisiones, y estás siguen tomándose alejadas de profesores y estudiantes
Y peor aún Contraloría presentó un informe donde se dice que los SLEP en promedio incrementaron un 52,8% sus gastos, respecto del presupuesto del año 2022 a 2023, sin justificación. En el sitio de Transparencia, se puede ver que la remuneración de septiembre de 2023 el director ejecutivo del SLEP de Atacama alcanzó los $8.611.210 gracias a 12 asignaciones especiales. Lo mismo ocurría con otros cargos directivos, mientras trabajadores de la educación se movilizaron durante 70 días porqeu en algunos de los establecimientos no se había pagado ni la luz.
No conformarse con migajas
La vía la ha comenzado a trazar un sector de trabajadores, apoderados y estudiantes en Antofagasta, a través de Asambleas unificadas entre estos tres estamentos, o con el Encuentro Educativo. Entrar en un plan de asambleas, organización y movilización por la grave crisis que se vive la educación pública producto del desfinanciamiento que hicieron municipios y Corporaciones, así como la aplicación de los SLEP. Pero también para discutir qué sistema educacional nacional, regional y comunal queremos.
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Pero sabemos que la solución no es volver a la municipalización, es fortalecer la educación pública peleando por un sistema nacional gratuito financiado totalmente por el Estado en base a aportes basales directos, que cubra todas las necesidades educativas y sea administrado por sus comunidades. El Frente Amplio junto al Partido Comunista renunció a este objetivo con tal de defender el proyecto Concertacionista y no enfrentar a quienes se enriquecen con este modelo, los empresarios de la educación.
