El presidente se refirió al libro publicado por Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y señaló que es previsible porque esa casa de estudios “ya no es lo que era” al estar bajo el modelo de dominio neoliberal del ITAM.
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Lunes 17 de junio
López Obrador declaró que no leyó el documento “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República” publicado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes realizaron un análisis sobre las 20 iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el poder ejecutivo.
“Que vienen de la UNAM, ya la UNAM no es lo de antes ahorita. Agarraron el modelo durante el dominio neoliberal del ITAM, no tengo nada contra el ITAM, pero es una educación para la defensa fundamentalmente de intereses personales y empresariales por legítimos que sean, y dónde está el interés público, quién defienden el interés público, dónde está el derecho agrario, dónde está el derecho laboral, no existe lo acabaron y en el Instituto de Estudios de Investigaciones Jurídicas llegaron a ser directores maestros del ITAM, o sea cuando era una gran escuela de Derecho, pero así está Economía también se apagó, los directivos en la UNAM todos muy conservadores, se derechizó la UNAM, esto te lo puede decir porque como me quedan 100 días, pero es cierto se fueron aprobaron de las escuelas y los institutos de investigación y todo, es clarísimo” declaró López Obrador.
“Ayer o antier estaba yo leyendo, salen los de la UNAM claro con línea de los directivos a dar su opinión sobre expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo, pues ya ni vi nada son predecibles, pero los diría qué se tienen que meter, claro ahí es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad, todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más a los expertos”, añadió el presidente en su conferencia de prensa.
Algunos cuestionamientos a la reforma del poder judicial
El documento “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República” se publicó el pasado 13 de junio. Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés coordinaron este trabajo en el que reunieron a 41 juristas, economistas, politólogos y expertos para intervenir en el debate público.
En particular, sobre la reforma judicial destaca el ensayo de César Astudillo Reyes, doctor y maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, en el cual inicia con una defensa de la actual presidenta de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y cuestiona la pérdida de privilegios millonarios de los actuales ministros que, de aprobarse la reforma, deberán dejar su cargo una vez realizadas las primeras elecciones del poder judicial.
A su vez, sobre la propuesta de elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, Astudillo advirtió que esto puede llevar a que los potenciales candidatos no tengan conocimientos especializados, sino que sean cercanos a grupos del poder político. Como si ahora no tuvieran relación con los distintos partidos con registro.
La disputa entre las autoridades de la UNAM y López Obrador
Pero ni todo es blanco ni todo es negro. No es el conjunto de la comunidad universitaria -estudiantes, trabajadores y académicos- quien suscribe al libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ni siquiera el mismo instituto lo suscribe de conjunto.
Las declaraciones de López Obrador responden más bien a la pugna que mantiene con las autoridades de la UNAM, encabezadas ahora por el rector Leonardo Lomelí, proveniente del PRI, pues la rectoría de la máxima casa de estudios es uno de los últimos reductos del tricolor.
Y son las autoridades las que tienen poder de decisión sobre qué se investiga, qué se publica y sobre los planes de estudios en la UNAM, una expresión de la antidemocracia del régimen universitario, no les estudiantes, ni les trabajadores ni les profesores de asignatura.
Elección popular del poder judicial
Lo cierto es que López Obrador mantiene la defensa de la votación popular para elegir a los jueces del Poder Judicial, aunque periodistas y figuras de los partidos de la derecha cuestionan el riesgo de la intervención de los poderes facticos y otros intereses por los partidos políticos.
“Es cuestión de ponernos de acuerdo de hasta donde se va a llegar, qué es lo más conveniente, yo sostengo que va a ayudar mucho la elección, la pura elección, se corren riesgos como en todo por eso no quieren tanta democracia”. Señaló el presidente.
Como señalamos en esta nota, la Suprema Corte de Justicia opera contra la voluntad popular -así como se ve en otros países como Argentina y Brasil-. Es una institución con la que directamente hay que acabar. Y los jueces de tribunales inferiores no solo deben ser elegidos por el voto popular, también deben ser revocables y cobrar lo mismo que un trabajador o trabajadora, y que se implemente el juicio por jurados para que la clase trabajadora y los sectores populares tengan poder de decisión en los procesos judiciales.
