Opinión. Cruce de espadas de la democracia “rosa” de la derecha con el gobierno de AMLO

Estas movilizaciones, que usan como su color identitario el rosa, ya se habían realizado en 2022 y en 2023. En esta ocasión el orador fue el poco célebre ex-Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Durante la marcha, se puedo ver la presencia de los presidentes de los partidos de la alianza opositora integrada por el PRI, el PAN y el PRD, así como varias destacadas figuras que critican a López Obrador desde los medios de comunicación acusando de autoritario al gobierno actual.

¿Democracia o intento de rearme conservador?

A la lupa de un análisis no demasiado exhaustivo, podemos ver que la marcha, que desplegó una retórica “anti-autoritaria” para movilizar contra los posibles peligros del “populismo”, que busca “arrebatarnos la libertad de votar”.

Lo que se esconde detrás del llamado a defender la democracia, es la de defender la democracia de unos cuantos, de agentes que representan años de saqueo, expoliación y pauperización de la calidad de vida de millones.

En la retórica de luchas por la democracia “que incluso costó sangre”, como dijo Lorenzo Cordova, esconde detrás de sí luchar por un modelo de democracia (liberal) que permita gestionar el Estado de tal forma que quienes siempre han ganado, ganen aún mayores réditos económicos, ya sea agentes nacionales o internacionales.

El carácter “ciudadano” buscó diluir que en la movilización asistieron sobre todo sectores medios y representantes de los grandes empresarios, que se referencian ideológicamente con tipo de liberalismo de mercado particular, cercano a posiciones ideológicas de derecha.

Y aunque buscan decir que no es contra el gobierno de la 4T, muchas de las consignas decían pelear con “el comunismo” de AMLO, o contra la “dictadura” en la que el gobierno obradorista estaría convirtiendo al país.

La pelea por la presidencia en el México de la 4T

El gobierno de la 4T, que se enmarca en los gobiernos progresistas de América Latina, no puede estar más lejos de alguna de idea de comunismo como quiere acusar las organizaciones “ciudadanas” que convocaron el fin de semana pasado. Los medios de producción siguen en manos privadas, la producción es socializada -es decir, requiere de la participación masiva de la clase trabajadora- y las ganancias van a las grandes fortunas de los magnates como Carlos Slim y Germán Larrea o a las casas matrices de las trasnacionales.

Sin embargo, lo que no es mentira, es que el gobierno de AMLO ha ocupado todos los mecanismos del Estado -construidos por la derecha durante décadas para garantizar su dominio- con el objetivo de mantener la continuidad de su proyecto neodesarrollista -marcado por la rectoría del Estado en algunos sectores de la economía sin modificar las relaciones de producción existente- un sexenio más, además de buscar avanzar sobre instituciones que han sido bastiones o posiciones de guerra de la oposición de derecha -como el INE y el poder judicial-, para debilitarla más de lo que está.

Así es que como parte de su paquete de reformas constitucionales incluyó la reforma electoral y la del poder judicial, en las cuales incluye, entre muchos otros temas, la elección por voto popular de consejeros del INE -hoy nombrados por el Consejo General del INE y apadrinados por los distintos partidos patronales que tienen representación en el congreso de la unión- y de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de jueces -elegidos también por el congreso de la unión sin concurso de la voluntad popular.

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La derecha nunca se recuperó de la crisis desarrollada a partir de la masacre de Iguala, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los múltiples escándalos de corrupción destapados durante el gobierno de Peña Nieto. Y ahora, con sus acusaciones y diatribas contra el gobierno de la Cuarta Transformación, puede nuclear a sectores medios, pero sigue sin poder romper la hegemonía del Morena.

Sin embargo, la hipócrita acusación de autoritarismo por parte de personas y partidos que defienden un modelo que exterminó físicamente opositores políticos -como el asesinato de Luis Donaldo Colosio-, que ocupó a las fuerzas armadas para reprimir y asesinar -como en la masacre de Tlatelolco o la de Acteal-, o que militarizó el país -iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón-, no puede tener otro motivo que el intentar construir un “enemigo” o “peligro” que empobrecerá al país.

Este modelo que defiende ha tenido distintas y desastrosas repercusiones en varias partes de América Latina, desde el gobierno de Bolsonaro en Brasil en años recientes, hasta el actual gobierno del ultraderechista Milei en Argentina, que en apenas dos meses ha licuado los salarios de millones con devaluaciones de su moneda y agigantado las ganancias de unos cuantos.

Sin embargo, habría que revisar si el modelo neodesarrollista de AMLO se opone a la subordinación a la Casa Blanca y limita de manera cualitativa las enormes ganancias de los capitalistas o si, por el contrario, sobre la base de esa subordinación busca generar un margen de acción donde puede financiar los programas sociales, pero que al estar atado al imperialismo estadounidense, una contracción de la economía al norte del río Bravo pondrá en riesgo la financiación de la asistencia estatal a los sectores más vulnerables.

Lo cierto es que las reglas del juego en México en el terreno económico, de estrategia de seguridad y migratorio, las sigue poniendo el gobierno de Estados Unidos. Nuestro país está atado a una cadena de valor regional con el T-MEC (antes TLCAN). Son las trasnacionales y los grandes empresarios quienes determinan qué, cómo, para qué se produce y ven crecer sus fortunas multimillonarias, mientras necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el acceso al agua potable de amplios sectores de la población no se resuelven con la entrega de los planes sociales. El saqueo de bienes naturales como agua, territorio, minerales persiste.

Ante este panorama y de cara a los comicios de junio próximo, quienes integramos el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas sostenemos que es necesario forjar una alternativa independiente del gobierno y de la derecha, que defienda los derechos y los intereses, de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y el conjunto de los sectores populares, desde una perspectiva socialista, antiimperialista e internacionalista.

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