Como aporte al debate con las y los compañeros de la Lista del Pueblo, compartimos este artículo de opinión de autor. Se trata de una crítica al programa político de esta lista. En esta primera parte se debate su propuesta institucional para redactar una nueva constitución.

Una reforma institucional en los marcos del estado capitalista

Desde estas páginas hemos denunciado una y otra vez que la "cocina" parlamentaria del 15N del 2019 dejó el proceso constituyente maniatado, salvó a Piñera y pactó la impunidad de todo el régimen criminal. Frente al peligro que para ellos significó la Huelga General, desde la derecha pinochetista hasta el Frente Amplio acordaron entonces llevarnos hacia una Convención que no se parece en nada a una Asamblea Constituyente: una institución casi calcada al parlamento, pero sin más poder que el de ser un órgano redactor, mientras es sometida por este y por todos los poderes constituidos. Esto no ha cambiado. Ni tampoco la explotación y opresión ha disminuido, sino que se ha agravado. Mientras millones han sido despedidos o visto mermado sus condiciones de trabajo, salarios, ahorros y salud, la clase capitalista que gobierna ha continuado enriqueciéndose a costa de todo aquello. Han puesto a su "democracia" en un estado de "excepción" permanente, reforzado el autoritarismo de sus instituciones y la amenaza de sus fuerzas del orden no ha cesado.

Sin embargo, no esperaban el terremoto político de las elecciones recién pasadas. La derecha, que ocupa casi la mitad de los asientos en el parlamento, no alcanzó el tercio que le permitía bloquear cualquier cambio en la Convención. Si junto a la ex-concertación tiene hoy casi el 80% de la cámara de diputados, en la Convención obtuvieron solo el 40%. Los partidos de los 30 años son la minoría constituyente por 3 a 2. Pero no solo esto. Sin contar el 11% de los pueblos originarios, el 30% de los constituyentes electos son de listas de candidaturas independientes. El enorme hartazgo de las masas hacia los partidos de la "cocina", que sin duda supera por mucho esta proporción, se vio reflejado así en la Convención. Pero la parte del resultado que ha puesto más en evidencia esto último, así como también la creciente desconfianza que en un sector de la población se ha ido ganando la izquierda parlamentaria antes, durante y después de la revuelta, es el resultado electoral de la Lista del Pueblo, que consiguió obtener 27 convencionales, casi el 20% de los escaños generales.

Durante la campaña electoral, la Lista del Pueblo fue adversaria electoral y política de la Lista de Trabajadores Revolucionarios, la cual apoyamos desde La Izquierda Diario y el PTR. Nuestros objetivos e ideas centrales no son los mismos y, en muchos puntos, como veremos también en esta nota, se contradicen. No obstante, hemos estado en las calles juntos y hemos buscado desde el comienzo la unidad en nuestros acuerdos. Allí donde hemos visto la necesidad de la unidad de acción para defendernos de los ataques del gobierno hacia los trabajadores y el pueblo, hemos impulsado en conjunto iniciativas de organización y movilización. Por ejemplo, en Puente Alto levantamos una coordinadora contra la represión junto a compañeros y compañeras de la Lista del Pueblo, y junto a trabajadores, pobladores, juventud y mujeres y distintas agrupaciones sociales y políticas. En Antofagasta nos hemos encontrado en el comité por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y, durante la revuelta, compañeras de la lista como Dayyana González participaron junto a nosotros en el Comité de Emergencia y Resguardo de la ciudad.

Estos últimos días un sector de la Lista del Pueblo, tras integrar la Convención, ha propuesto una campaña por la libertad de los presos políticos por luchar, con el lema “no se puede escribir la Constitución con presos políticos” [1]. Nosotros estamos 100% de acuerdo y creemos que hay que llevar esta campaña hasta el final. Nos ponemos a su disposición para apoyar en este sentido. Desde estas páginas hemos escrito una carta a la Lista del Pueblo, llamando a esta lista, como también al PC-FA y a las listas de movimientos sociales y de izquierda independientes en la Convención, a que se comprometan para que la primera medida a votar en la Convención sea la libertad inmediata a los presos políticos por luchar, impulsando entre todos la movilización desde ya para romper la resistencia de los poderes del régimen y no comenzar el trabajo en sesión hasta que se cumpla esta condición. Nada lo impide, son la mayoría ahí y no cabe duda que tendrán en esto el apoyo activo de la población. Creemos que este puede y debe ser el punto de partida para cuestionar todas las trampas y restricciones de la Convención y romper el acuerdo que hizo un parlamento apenas apoyado por el 10%, y que cocinó un proceso constitucional a espaldas y a puertas cerradas del pueblo. ¡Abajo las reglas del Acuerdo por la Paz!

Una constitución garante de derechos.

Abramos ahora el debate con esta lista sobre nuestros desacuerdos, que no son menores, tanto en los objetivos como en el método que se necesita para conseguirlos [2]. Creemos que el ejercicio de ir aclarando los acuerdos y diferencias, lejos de generar divisiones artificiales, es la única manera para que el movimiento obrero y popular pueda definir con claridad y convicción su propio camino.

La Lista del Pueblo tiene un programa central. Se encuentra escrito en su “Somos”, su “Proclama y declaración de principios” y su “Propuesta al País” [3]. Se trata de un programa que fue parte de la campaña viva de sus candidaturas a nivel nacional. No obstante, hay que advertir desde el comienzo la gran heterogeneidad política de esta lista. La unidad de la lista alrededor de un programa basal resulta evidente como punto de partida común, y no como algo que solo se escribió únicamente para inscribir formalmente la lista, por las modificaciones que le introdujeron al texto en la mayoría de los distritos en que se presentaron. Algunos son agregados o adaptaciones a la realidad local. Pero otras son modificaciones que marcan diferencias importantes y ocasionalmente opuestas entre ellas en cuestiones que consideramos fundamentales, en especial en cuanto al aspecto económico del programa. Esto lo trataremos en detalle en una próxima nota. Lo que aquí nos interesa ahora, es lo que llevan todos ellos en común, aunque con diversos matices: el programa unitario que los unió en su campaña para ser elegidos. Este es, tomando sus palabras:

"Pensamos que se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los derechos sociales, económicos y culturales (...) Llamamos a esta nueva institucionalidad Estado de Derecho Ambiental, Igualitario y Participativo o Estado Constitucional Ambiental Igualitario y Participativo, se trata de un nuevo modelo de Estado Constitucional.” (Propuesta al País)

Es decir, y como también ellos mismo se han referido en ocasiones, se trata de un tipo de "estado garante de derechos" y antineoliberal. Lo principal para esta lista es fijar, mediante la redacción del texto constitucional, garantías del estado para todos sus ciudadanos sobre ciertas condiciones en materia de educación, salud, vivienda, pensiones, medioambiente, derechos humanos, respeto de la diversidad (sexual, nacional, cultural), laborales y sindicales, participación, probidad y transparencia institucional, etc. Se trata de derechos que a grandes rasgos comparte, al menos de palabra, todas las listas de la izquierda y centroizquierda hoy en la Convención: desde el Partido Socialista, que arrastró al resto de la lista de la ex-concertación disfrazándose de antineoliberal, poniendo al trabajo en el centro de su programa que promete un "Estado social de derecho en una República Democrática, Plurinacional, Participativa y Paritaria" [4], pasando por el Partido Comunista y su "Estado Social y Democrático de Derecho" [5], los distintos programas del Frente Amplio [6], el programa de derechos del FRVS, hasta listas que se lanzaron como independientes como la Lista del Pueblo. Por supuesto, el alcance de estos derechos tiene para cada lista distinto significado y aplicación. No vamos a pasar revisión de cada una de estas aquí, pero anunciamos que compartimos plenamente la necesidad de garantizar esos derechos, con excepción de uno: la consagración del derecho a la propiedad privada, que todas estas listas incluyen entre estos derechos a garantizar, incluida la mayoría de la Lista del Pueblo. En una próxima nota pondremos manos sobre este asunto, de gran importancia. Pero, ¿cómo garantizar estos derechos? ¿basta proponerse redactar una constitución? ¿qué garantiza que no sean solo promesas en un papel que, como soportamos a diario, los gobiernos no solo incumplen, sino que violan impunemente? ¿cuantas acusaciones constitucionales, por ejemplo, hemos visto desde el estallido sobre violación de los escasos derechos humanos que regula la reaccionaria constitución actual? ¿cual ha sido su derrotero sino la impunidad del gobierno y las fuerzas del orden, mientras los luchadores están en las cárceles, por juicios montados o sin siquiera juicio alguno?

¿Cómo garantizarlos?

Las y los compañeros de la Lista del Pueblo proponen que, mediante la presión en la Convención, se redacte un texto constitucional que funde las bases de un "sólido aparato institucional" que haría cumplir esos derechos. ¿En qué consiste este? Resumámoslo en sus aspectos centrales, tomando por base los textos programáticos que comparte la gran mayoría de sus candidaturas y lo que pudimos escuchar y debatir durante la campaña:

1- Su programa base expresa bien la posición mayoritaria de la lista al respecto del sistema de gobierno: un "gobierno semi presidencial o similar". Casi todos los convencionales electos de esta lista presuponen la separación de poderes y la existencia de la figura presidencial, aunque se plantea disminuir sus atribuciones. El programa base también plantea el “sistema unicameral”, pero sin mayor detalle y muchas candidaturas no lo incluyeron en su campaña (más abajo en la nota nos detenemos más en este punto). Existe acuerdo general en hacer más democráticas las instituciones, incluyendo la paridad de género y la representación de los pueblos originarios, iniciativas populares de ley, plebiscitos y mecanismos de control, revocación y de mandato a las autoridades.

2- Asegurar la “independencia externa e interna" del poder judicial. Se propone una institución para el control constitucional de las demás, “que podría ser parte de las funciones de la nueva Corte Suprema”. Algunas candidaturas plantean expresamente la derogación del Tribunal Constitucional y que este control sea parte de un organismo autónomo de los poderes del estado. Algunas candidaturas plantean “mecanismos de designación de jueces y funcionarios” de la justicia que sean “públicos, transparentes y participativos”, mientras otras proponen la inclusión de “jurados” y la “elección de determinadas funciones” del poder judicial. El acento general de la Lista del Pueblo es más a la “independencia” y “transparencia” que hacia una democratización (más modesta que radical [7]) de la Justicia. Fuerte control y castigo penal a la corrupción en todas las instituciones, incluyendo aquí también los partidos políticos [8].

3- Regionalización y fortalecimiento de los gobiernos municipales. Mayor autonomía regional que "supere las falencias del actual Estado unitario", esto es, descentralización política, económica y administrativa. Algunas de sus candidaturas proponen un estado federado [9].

4- Respecto a la fuerzas armadas y del orden público, esta lista tiene un programa base de reforma, pero hay diversidad en sus candidaturas. La mayoría propone crear una nueva policía profesional sometida al control civil. Se plantea la revisión o eliminación de la doctrina de seguridad nacional. Escalafón único. El estado como "artífice y promotor" de la paz mundial. [10]

Una gran mayoría que salió a luchar y que fue a votar en estas elecciones, votó por algún candidato que levantó este programa o alguno muy similar. Las propuestas programáticas del Partido Socialista, el Partido Comunista y de los partidos del Frente Amplio, así como el de la mayoría de las listas de independientes que se ubican a su izquierda, incluyeron casi todos ellos los mismos puntos de la propuesta institucional de la Lista del Pueblo que pusimos arriba, en forma a veces casi idéntica [11]. El lector juzgará si lo hicieron solo para cazar votos o fue levantado por compañeros honestos.

Que todas estas listas se vean en necesidad de levantar programas similares, creemos habla del masivo cuestionamiento a las herencias de la dictadura y la honda esperanza de las masas en terminar con el brutal saqueo, explotación y opresión de la clase capitalista. Pero también habla de que este cuestionamiento aun no sale del estrecho márgen del "posibilismo" que le ha impuesto esta misma clase y sus poderes. El hecho que el PS, partido neoliberal de los 30 años, haya estado dispuesto, aunque sea mediante palabras que acostumbra empeñar, a levantar un programa con estos cambios institucionales, habla de que un ala de la burguesía que ha gobernado este país necesita mostrar ese margen, en último caso, para ceder algo y no perderlo todo. La burguesía es una clase pragmática y calculadora: no cede por buena voluntad. Cede cuando sabe que es eso o todo, o bien, cuando sabe que ganará más a cambio. ¿Qué es en este caso?

Una reforma institucional que conserva la opresión capitalista.

Imaginemos por un momento que todos los cambios político institucionales que propone el programa general de la Lista del Pueblo se hacen realidad. Algo que tras tantos años acostumbrados en soportar lo mismo puede sonar para muchos algo ambicioso, pero que no lo es para nada si vemos el parecido de esta propuesta con las del resto de la izquierda y centro izquierda, que son la mayoría aplastante de la Convención. Si realmente quisieran todas estas listas los cambios que ellas mismas propusieron a la población durante sus campañas y por los cuales salieron electas, se los podrían imponer a la derecha por paliza en mayoría simple e incluso por más del 2/3 de la Convención. No hay absolutamente ningún motivo para ponerse a transar o hacer "mínimos comunes" con los asesinos que han sometido al pueblo y que recién han sido derrotados electoralmente en la institución que ellos mismos cocinaron. Al contrario, es una oportunidad que no se puede dejar pasar para que la derecha, los fieles discípulos de la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet, comiencen a pagar por sus crímenes contra el pueblo.

Imaginemos, entonces, por un momento que se ponen de acuerdo -no por buena voluntad, sino porque las masas en lucha lo exigen- en aplicar consecuentemente este programa y se crea el "sólido aparato institucional" propuesto. ¿Podría este asegurar todos los nuevos derechos constitucionales? ¿bastaría para cumplir cada una de las demandas de octubre? ¿sería suficiente para asegurar pensiones dignas para todos? ¿vivienda, salud y educación gratuita, igualitaria y de calidad? ¿comenzarán a reducirse cada vez más los índices de desempleo, subirán los salarios y disminuirán todos los costos de vida? ¿se podrá salir a protestar contra el boicot empresarial o las promesas incumplidas, sin riesgos de perder los ojos y la vida?

Nosotros creemos que si hasta hoy se ha abusado la paciencia de las masas, la cual estalló el 2019, viendo correr 30 años años no solo de incumplimientos de los derechos sino directamente de ataques, desmantelando y reduciéndolos cada año que pasa, no ha sido solo porque, como plantea la lista del pueblo, el estado haya sido capturado por partidos políticos devenidos en casta que velan solo por sus propios intereses [12]. Ellos, la derecha y la ex-concertación, sin duda son los principales culpables políticos del saqueo y el reparto de la miseria. Pero no se debe al hecho de que sean "políticos" o militantes de partidos políticos, sino debido que eso son para la burguesía. Esto es lo central. Si han desfavorecido al pueblo trabajador no solo ha sido por falta de moral, voluntad y el querer proteger sus propios intereses de casta, sino fundamentalmente por ser los servidores pagos de una clase, la capitalista, cuyos intereses chocan con los intereses de las masas trabajadoras. Los partidos de los 30 años sirven a los grandes propietarios privados de la minería, las forestales, la agroindustria, los puertos, las comunicaciones, el retail, la banca. A pesar de que una parte importante de esa casta política, como el mismísimo milmillonario presidente Piñera, son propietarios de medios de producción social y acumuladores de grandes capitales, y son la vez que miembros particulares de su clase también sus propios representante políticos, no es lo mismo una cosa y la otra. Los Luksic, Paulmann, Angelini, Matte, Saieh, Ponce, etc, no son políticos y, sin embargo, tanto la derecha como la ex-concertación están vinculados a ellos y a sus intereses a través de miles de hilos y firmas en sus chequeras. Estos partidos, la derecha y la ex-concertación, apoyándose en un sector u otro de la clase capitalista, compiten por quien les ofrece una mejor gestión de su democracia, asegurando su gobierno común sobre las clases explotadas [13].

Son estos intereses de clase, que son representados por sus políticos, los que impiden avanzar en la conquista de nuestros intereses. Contra una salud, vivienda y educación, gratuita, igualitaria y de calidad, se oponen los intereses de sus holdings empresariales, los cuales hacen millonarios negocios a costa de la explotación de sus trabajadores y del subsidio directo o indirecto del estado, en un sistema tan irracional que privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas. Terminar el saqueo de nuestros recursos naturales y financiar las reformas, implica necesariamente enfrentar a las grandes empresas nacionales y multinacionales que las explotan. Creemos que no hay aquí otra solución realista que poner fin a las millonarias concesiones y expropiar, sin indemnización, sus instalaciones y capitales, y ponerlos bajo gestión de los trabajadores y comunidades. Para poder asegurar las pensiones dignas, hay que enfrentar los intereses de los bancos y las financieras dueñas de las AFP, que se hacen millonarias con la especulación de nuestras cuentas de ahorro forzoso. Ninguna conquista seria de nuestras demandas se puede conseguir sin romper con los tratados internacionales que han impuesto el capital financiero y los países imperialistas (y que aseguró el Acuerdo por la Paz). En fin, no se puede avanzar sin enfrentar los poderes de la clase capitalista.

Pero la clase capitalista no solo tiene para defender sus intereses a sus políticos. El estado mismo, por mucho que se le hagan reformas, no deja de ser el órgano de opresión de la clase dominante, la suya. Por ejemplo, por mucho que se llegase a unificar la cámara parlamentaria, como propone parte de la Lista del Pueblo, esta no dejaría de ser "parlamentaria"; es decir, muy adecuada para parlamentar, hacer bonitos discursos y redactar leyes, pero sin tener la obligación de hacerse cargo ellos mismos, de responder por ellas. Los diputados le dejan aún esta tarea de cumplirlas -o incumplirlas- al gobierno de turno que, coronado por una figura presidencial, espectro de las viejas monarquías, es votado cada cierto número de años y que la propuesta de "sistema presidencial, semi-presidencial o similar" lo pone incluso por encima del parlamento. Por otra parte ¿quienes compondrían esta cámara? ¿cómo se eligirían? ¿serían revocables en todo momento por asambleas de base? ¿qué sueldo tendrían? Creemos que no son detalles; son precisamente los aspectos que hacen de la democracia del parlamento una cueva de ladrones. Pero la Lista del Pueblo no tiene propuestas sobre esto que lo cuestionen radicalmente, sino que solo busca apenas modestos cambios para la participación o mayor inclusión [14].

Sabemos que el parlamento actual es una de las instituciones más cuestionadas del régimen: no llega al 10% de aprobación [15]. Pero esta repudiada institución no es muy distinta en su forma a la Convención, que ella misma modeló a su imagen y semejanza. Solo se diferenció de ella por una mayor facilidad de inscripción de candidaturas independientes, los escaños reservados a los pueblos originarios y un doble mecanismo de paridad de género [16]. En todo lo demás es idéntica en su forma: tiene exactamente la misma cantidad de escaños, la misma división territorial, su mismo sistema de elección, etc. ¿Esta Convención será capaz de votar algo más democrático que ella misma? Y si así fuera ¿no sería lógico que comenzara por ella misma, rompiendo con sus propias restricciones que le impuso un antidemocrático parlamento? ¿No debiera, de esta manera, partir por cuestionar los antidemocráticos poderes constituidos, romper sus reglas e imposiciones?

Nosotros creemos que la Convención es 10 veces más estrecha de lo que debiera ser y 10 veces más cara para ser verdaderamente democrática. Siendo un órgano de 155 delegados electos por sufragio universal, significa que está compuesta de alrededor de 1 representante por cada 120 mil habitantes en Chile. Creemos que debiera ser 1 delegado cada 10 mil [17]. Aunque el sueldo de un convencional equivale al tercio del de un diputado y a un cuarto al de un senador, sigue siendo un sueldo millonario que percibe una ínfima minoría menor al 3% de los trabajadores ocupados del país [18]. No debieran ganar más que el salario de un profesor. Además los convencionales no tienen obligación de dar cuenta alguna a sus electores o asambleas de base ni son revocables. No fueron votados ni pudieron ser elegidos en ella los escolares mayores de 14, los protagonistas de la rebelión.

¿Entonces, cómo lo hacemos?

Por supuesto, cualquiera de estos cambios implicaría enfrentar una gran resistencia de los poderes de los capitalistas. No solo de sus políticos, las instituciones de su estado y sus fuerzas del orden. El poder de la burguesía reside, en último término, en el dominio económico. Es por ello que todos sus poderes se atrincheran alrededor de la defensa de la propiedad privada. Ahí reside el corazón de sus intereses, la fuente de apropiación de la riqueza que se produce socialmente. Una parte de la Lista del Pueblo, sin embargo, supone o explícita en consagrar el derecho a la propiedad privada y su protección como derecho fundamental en la constitución [19].

El poder económico de la clase capitalista se sostiene en la disciplina con que mantiene en sus empresas a los trabajadores. La mantiene aplicando al incumplimiento castigos de sueldo o de jornadas, controlando la insubordinación haciendo uso de medidas antisindicales o de las burocracias sindicales y la amenaza permanente del desempleo, promoviendo la división y la estratificación de la clase obrera, infundiendo en ella el machismo, racismo, xenofobia, etc. Por eso teme la burguesía tanto al poder de una Huelga. Es que en los métodos de la clase trabajadora organizada reside la principal fuerza de todo el pueblo oprimido.

Un "estado constitucional de derechos sociales" no cuestiona el poder político y militar de la burguesía, que se concentra aun en su régimen estatal más democrático, como tampoco cuestiona su poder económico. La redacción de una constitución "garante de derechos" no es solo insuficiente, sino que sigue la trampa de la Convención: solo se trata una modesta reforma institucional, buscando reformar un estado con instituciones más democráticas y participativas, pero sobre la base de reestructurar un régimen burgués en crisis. Una democracia tan limitada solo puede ser una oportunidad más para que la burguesía no haga caso de los derechos consagrados en la constitución y la trate como un papel donde se puede incumplir lo que se quiera y solo hacer caso a lo que conviene. Tal como lo hace con la constitución actual, pese a que está hecha a su medida. Con la propuesta de estas listas de izquierda, solo ganaría tiempo y nuevos aires para reorganizar la autoridad del estado capitalista, renovar sus partidos y cambiar la correlación de fuerzas perdida durante este periodo. Hoy se puede y debe ir por mucho más. La unidad y movilización por la libertad inmediata de los presos políticos por luchar, para que se vote el primer día de sesión de la Convención, puede ser el punto de partida para retomar el camino de lucha desviado por la maniobra parlamentaria, poner en pie organismos de autoorganización, comités o asambleas para la lucha, y comenzar a darlo vuelta todo.