La defensa de Longueira, expresidente de la UDI, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) para que éste no asista a todas las audiencias, en un juicio que comenzará este lunes por delitos de cohecho en el marco del Caso SQM, tras 8 años del destape del caso de corrupción y financiamiento político ilegal por parte de SQM. La impunidad en la que descansa Longueira y los otros imputados es parte de la herencia de la dictadura a la que éstos no desean renunciar.
Sábado 11 de febrero de 2023
Pablo Longueira se encuentra hoy en calidad de imputado por el delito de cohecho dentro del marco del Caso SQM. La legislación le obliga a asistir a tribunales siempre que estos lo requieran. Sin embargo, la defensa del exsenador y expresidente de la UDI recurrió al TC para impugnar la necesidad de asistir tras argumentar que esto "vulnera los derechos" del imputado. según la legislación, de no presentarse Longueira como imputado, corre el riesgo de que el tribunal dicte una orden de aprehensión en su contra.
La abogada defensora de Longueira, Joanna Heskia, declaró que “Lo que se busca es que no sea imperativa su presencia, ya sea de manera presencial o telemática, durante todo el desarrollo del juicio, el que se estima durará más de dos años. La idea es que esté presente sólo cuando sea necesario y diga relación con su situación particular”. Además, agregó que “esta norma colisiona directamente con el derecho a la libertad ambulatoria y con el derecho a trabajar”.
El Tribunal Constitucional podría pronunciarse sobre los aspectos formales del requerimiento durante los próximos días.
Es importante recordar que en este juicio también se encuentran imputados el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, para quien la Fiscalía solicita una pena de siete años por delitos tributarios y 818 días por soborno, y el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien arriesga una pena de cuatro años por delitos tributarios.
Cabe destacar que este es el caso de corrupción más grande que haya tenido el país en las ultimas 3 décadas; con 16 imputados, todos acusados por delitos de cohecho, delitos tributarios y de financiamiento irregular de la política a través de “boletas ideológicamente falsas”. Incluso, la actual Ministra del Interior, Carolina Tohá sale involucrada: su partido, el PPD, fue financiado por SQM con $57 millones de pesos, mientras era dirigido por Tohá.
SQM nace en 1968 como la Sociedad Química Minera de Chile (propiedad compartida entre Anglo Lautaro y el Estado), luego de 3 años de existencia pasó 100% a manos de la CORFO (Corporación de Fomento a la Producción). Con el favor de la dictadura se fue privatizando paulatinamente desde los años 1983 y 1989, en ventajosas condiciones que le dieron el control, vaya la casualidad, a Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet. La impunidad con la que se cubren los partidos políticos del régimen es una clara herencia de la dictadura sobre a cual descansan cómodamente, en un pacto de complicidad que une a los políticos de la ex Nueva Mayoría y de la derecha chilena.
