El aumento de los alquileres en CABA fue 60 puntos porcentuales mayor a la inflación general que se estima alrededor del 200 % para el año que terminó. Los datos surgen de un relevamiento realizado por Zonaprop. Acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil para millones de personas y en caso de avanzar las medidas de desregulación de Milei sólo agravarán la situación.
Miércoles 3 de enero 20:56
Departamento el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires | Ricardo Palmadessa
Los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 260 % en 2023 y en promedio un monoambiente de 40 metros cuadrados se oferta a $280.260 por mes, según el último relevamiento realizado por Zonaprop. De esta manera, se consolida la tendencia al alza por encima de la inflación general que se espera haya estado cercana al 200 % (el Indec publicará la cifra oficial en las próximas semanas). La falta de construcción de viviendas para las familias trabajadoras y el avance de la especulación financiera en el mercado inmobiliario vienen teniendo como resultado una situación cada vez más crítica.
Si comparamos el precio de los alquileres con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVS) que en diciembre fue de $ 156.000, podemos tener una clara idea del brutal deterioro de los ingresos de las mayorías trabajadoras y populares a las cuáles se les hace cada vez más difícil enfrentar los gastos de la vida cotidiana. Así el precio de alquiler de un monoambiente superó en un 80 % al salario mínimo, vital y móvil, o sea que debería ser de casi el doble sólo para poder asumir el costo de tener un techo; a esto habría que agregarle los gastos en comida, transporte, etc. Por esto, los trabajadores de ATE-Indec calcularon la canasta de consumos mínimos para diciembre en $608.000.
El informe presentado por el portal en el que publican la mayoría de las inmobiliarias, agrega que en promedio, un departamento de dos ambientes y 50 m2 se alquila por $ 334.888 por mes y uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un precio de $ 463.301 por mes.
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Las dificultades a la hora de alquilar, además de los elevados precios, también están dadas por la poca oferta, la existencia de alquileres en dólares (una tendencia que viene creciendo en los últimos tiempos) y la imposición por parte de inmobiliarias y grandes propietarios de requisitos restrictivos. Todos obstáculos al servicio de los intereses de unos pocos: los especuladores, grandes propietarios y empresarios que gracias al decreto firmado por Milei que derogó la Ley de Alquileres tienen la “libertad” de exigir sin límite alguno.
La imposibilidad para la amplia mayoría de la población de poder tener un techo propio es responsabilidad de los gobiernos de las últimas décadas que no han desarrollado políticas para dar respuesta al déficit habitacional que ronda los 4 millones de hogares hoy en nuestro país. Son más de diez millones de personas a nivel nacional (alrededor de dos millones de hogares) que, al no tener vivienda propia, sufren las consecuencias del encarecimiento de los alquileres. El problema no es la falta de viviendas, la construcción de propiedades como reserva de valor viene en aumento, sino la concentración de la propiedad urbana por parte de los empresarios y la imposibilidad del acceso a la vivienda para los trabajadores y sus familias.
El decreto de Milei y la desregulación de los alquileres
El presidente plantea que el problema son las regulaciones del Estado sobre el acuerdo entre propietarios e inquilinos, por lo que busca derogar la Ley de Alquileres, dejando que las condiciones de los contratos sean de "libre acuerdo", en los hechos equivale a que las definen los dueños y las inmobiliarias que se encuentran en una posición privilegiada frente a quienes alquilan.
El DNU de Milei establece que no habría plazo mínimo de los contratos: puede ser de 15 días, un mes, un año. Si no se aclara en el contrato, queda en 2 años. El precio lo pone el dueño, en cualquier tipo moneda (legalizando la dolarización) y puede elegir cualquier tipo de método para establecer los aumentos. Elimina el tope a los depósitos que se pueden exigir al inquilino. En caso del inquilino rescindir el contrato debe pagar una multa del 10% del valor del contrato restante.
No es cierto que la única solución al drama de los alquileres sea derogar la Ley. Se podría por ejemplo garantizar alquileres más económicos, poner impuestos a las viviendas vacías y terminar con la especulación, prohibir que los precios se fijen en dólares y un plan de obras públicas para construir las viviendas que faltan.
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