Septiembre es un mes importante para los gobiernos en turno en México, y —no podía ser de otra manera— también lo es para Andrés Manuel Lopez Obrador.

En este mes, los gobernantes de turno despliegan un simbolismo que recrea la ideología dominante, y busca reafirmar la hegemonía política sobre las clases explotadas y oprimidas.
Ya en su primer día, desde hace décadas, el informe del Ejecutivo simula una rendición de cuentas, como si el presidente realmente se debiera a las mayorías populares. Aunque ya no tiene el glamour de épocas pasadas, el 1 de septiembre sigue siendo el momento culmine del Bonaparte sexenal.

Quince días después, a las 23 horas, el habitante principal de Palacio Nacional reafirma su continuidad con “los héroes que nos dieron patria” y, nadie puede negarlo, pretende también ser considerado, en el imaginario popular, como la continuidad de aquellos. La recreación oficial del grito de Dolores, con su “Viva México” repetido tres veces, busca ocultar que la independencia efectiva no sólo está pendiente, sino que ahora debe ajustar cuentas con la moderna subordinación y expoliación del poderoso vecino del norte.

En los tiempos actuales, de esta llamada Cuarta Transformación, esos momentos son aprovechados por el presidente López Obrador para dejar su huella. Fiel a su estilo político, cada paso es adaptado a la gestualidad del progresismo morenista, que en meses recientes agregó, a su intento de apropiación de las tres grandes transformaciones, la misma resistencia de los pueblos originarios a la conquista española.

Discurso y realidad: clases presenciales y pandemia

El hecho es que este 1 de septiembre escuchamos un informe pleno de supuestos logros. Para mostrar un optimista historial de éxitos, el presidente no pudo limitarse al último ejercicio anual; apeló una vez más al relato de una transformación que inició en 2018 y que constituiría un quiebre histórico en el país. En el punto máximo del triunfalismo, no dudó en presentar como su logro el récord de remesas enviadas a México por los paisanos que viven y trabajan al norte del Río Bravo. Una vez más, AMLO repitió lo que antes criticó en sus antecesores neoliberales como Enrique Peña Nieto y, como aquél, no se preocupó en explicar cuáles son las causas que obligaron a millones a migrar al otro lado: pobreza, desempleo y precariedad laboral que, herencia del pasado, se mantiene bajo su administración.

Recordemos que las medidas como el aumento al salario mínimo y los planes sociales fueron, claramente, insuficientes para revertir los efectos de la crisis sanitaria y económica, la pérdida de puestos de trabajo y fuentes de ingreso durante el 2020. Políticas como la regulación del outsourcing sólo legalizaron los mecanismos perversos de precarización del empleo –con sólo algunos cambios cosméticos– los cuales han sido el verdadero secreto de la inversión extranjera en el país, que cruza fronteras en busca de la llamada mano de obra barata.

Este septiembre no es, solamente, el mes donde el actual presidente se presenta como continuador de las grandes transformaciones de México. En sus primeras semanas se evidenció fuertemente, una vez más, el contraste entre el discurso y la realidad, entre la esencia de la política gubernamental y las apariencias, entre el 98 % de las promesas de campaña cumplidas según los dichos de AMLO y la vivencia cotidiana que lo desmiente.

Y uno de los mayores ejemplos de ello lo vimos con la reapertura de las clases presenciales en la educación básica y media. El 30 de agosto inició el nuevo ciclo lectivo. Entre la mayoría de los maestros y padres de familia primó el descontento y también el miedo a los contagios, ante el hecho evidente de que la vacunación no alcanzó aún a toda la población y que el estado en el que se encuentran la mayoría de los establecimientos educativos es deplorable, resultado del bajo presupuesto asignado y las políticas gubernamentales.

En México nadie puede afirmar que existan condiciones seguras para el regreso a clases, salvo que se pretenda defender lo indefendible: un retorno forzado que da la espalda a las elementales medidas de resguardo ante la crisis sanitaria, y cuya causa no es otra más que alcanzar la “nueva normalidad” y el pleno funcionamiento de la economía.

En su informe, AMLO destacó el descenso de los contagios y los decesos, como resultado de la campaña de vacunación. Y que ello era la base del retorno a clases presenciales, ante lo cual debía confiarse en el buen criterio y la decisión del gobierno federal; sin embargo, ese mismo 1 de septiembre, los fríos números de la pandemia no permitieron mentiras: 1,177 fallecimientos, el récord de una tercera ola que se muestra inclemente en el incremento de los contagios.

Sin embargo, lo peor está todavía por llegar. Las autoridades educativas no garantizan la educación a distancia para quienes así lo prefieran y el saldo de la reapertura escolar es un incremento de los casos detectados en las escuelas. La Secretaría de Salud registró alrededor de 12 mil contagios de Covid-19 entre niños y adolescentes de cinco a catorce años ocurridos entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.

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La border patrol de Andrés Manuel

Dijo AMLO recientemente, en su informe y en distintas declaraciones: no hubo ni habrá violación a los derechos humanos de los migrantes ni represión. Otro contraste escandaloso con la realidad. En Tapachula, Chiapas, cientos de migrantes detenidos en espera de respuesta a sus solicitudes de asilo, decidieron emprender el viaje en caravana a fines de agosto hacia el centro y el norte del país.

La respuesta fue violenta, y una tras otra las distintas caravanas fueron reprimidas y dispersadas, con cientos de detenidos, por parte de la Guardia Nacional y funcionarios del Instituto Nacional de Migración. El día del informe, estas corporaciones realizaron una verdadera cacería humana que incluyó golpes a periodistas, así como a mujeres y niños migrantes.

La cuestión migratoria es un tema altamente sensible para las relaciones entre México y Estados Unidos, que se ha intensificado los últimos años. Recordemos que cuando asumió Biden, mucho antes de la actual crisis provocada por los acontecimientos de Afganistán, el tema migratorio se había convertido en “la primera gran crisis” de su gobierno.

Recientemente, un juez federal en los Estados Unidos ordenó la reactivación del programa Quédate en México. Hace algunas semanas, el secretario de Seguridad Nacional de aquel país, Alejandro Mayorkas, advirtió que Washington encontró, en julio, un número sin precedentes de migrantes cruzando su frontera sur, muchos de ellos provenientes de Centroamérica y el Caribe, y que en ese mes detuvieron a 212 mil personas. El gobierno mexicano, por su parte, afirmó que en 2021 se triplicó la cantidad de migrantes “ilegales” en territorio nacional, llegando a casi 150 mil personas.

La política represiva impulsada por AMLO es una respuesta a las exigencias del vecino del norte ante esta situación de aumento del flujo migratorio. Busca evitar que las caravanas se consoliden y puedan alcanzar el centro del país e, incluso, la frontera norte.

El rol asumido por la Guardia Nacional muestra que se optó por una salida basada en la contención y represión, lo cual choca evidentemente con el discurso humanitario que pretende enarbolar AMLO, el cual en algunos momentos ha hablado de atender las causas de la migración, con propuestas basadas en dar empleos altamente precarios a los trabajadores centroamericanos en sus países, poniendo como ejemplo el programa Sembrando vida.

Es evidente que la decisión de actuar de manera absolutamente subordinada a la Casa Blanca en este tema le ha implicado costos políticos. Allí están las condenas de organismos internacionales y de organizaciones de defensa de los migrantes. La cuestión migratoria parece estar transformándose, nuevamente, en un tema candente. Las políticas de los gobiernos de EE. UU. y México pueden chocar aún más con el aumento de las migraciones, alentadas por la crisis económica y social que recorre Centroamérica y el Caribe, y que en varios países se combina con la crisis política, como es el caso de Haití.

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Cambio climático y desastre social

Septiembre es también un mes de lluvias y ciclones. Aunque pueda entenderse como un fenómeno natural –ciertamente acrecentado por el cambio climático y el incremento de las temperaturas globales–, la gravedad de sus consecuencias, con fuertes inundaciones, desbordes fluviales y derrumbes, no lo es.

En los días recientes lo vivieron y sufrieron los habitantes del Estado de México e Hidalgo. El saldo: cientos de miles de damnificados, pérdidas materiales, que tardarán en recuperarse con los magros salarios, y decenas de muertos, que incluye a 17 personas fallecidas en el Hospital General Regional No. 5 del IMSS, muchas de ellas pacientes de áreas COVID.

La catástrofe, decíamos, no puede reducirse a “lo natural”. Existe una evidente responsabilidad política. Como se dice aquí, “la falta de mantenimiento a las estructuras, presas y drenajes, además de décadas de deforestación y cambio de uso de suelo, son elementos que potencian la probabilidad de que ocurra una catástrofe social, responsabilidad de los gobiernos como las inundaciones que vimos esta semana”.

El gobierno federal activó el Plan DN-III con el envío de las fuerzas armadas. La actividad “social” de aquellas es parte de la cruzada lopezobradorista en pos de fortalecer la imagen del Ejército y la Marina. La militarización de la asistencia social es un aspecto importante de la 4T, que muestra así “el cobre” de su supuesto progresismo.

La derecha, por su parte, repitió el cinismo al que tiene acostumbrada a la población: acusó al gobierno de la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales, evitando cualquier mención al vaciamiento que sus administraciones realizaron del mismo. Como en el sismo del 2017, ante la negligencia del Estado, la baja presupuestal de los últimos años y la hipocresía de la clase política, es la solidaridad popular la que ha despertado ante la catástrofe social.

Gobierno y oposición, fortalezas y caídas

López Obrador ha sabido combinar políticas cuyo principal interés está en preservar los intereses de los empresarios y mantener la subordinación a los EE. UU., con medidas puntuales que generan simpatía entre la población y apuntalan la imagen de un gobierno distinto. Éstas, además, se acompañan de una retórica de contraste con la herencia neoliberal, aunque la mayor parte se mantenga intocable.

En la línea de estas últimas, el martes 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una resolución en torno a la penalización del aborto en Coahuila, que tiene implicancias a nivel nacional en la medida que sienta precedente en el terreno de la despenalización. En pocos minutos, los medios de todo el mundo titulaban “México despenaliza el aborto, decisión histórica”. Aquí analizamos esta medida y sus implicancias.
Es evidente que la relación del gobierno de la 4T con el movimiento de mujeres venía muy deteriorada por múltiples actitudes políticas; desde el vallado de Palacio Nacional hasta la negativa repetida a reconocer el derecho a decidir. Ante la resolución de la SCJN, AMLO se limitó a afirmar que debe respetarse la decisión del Tribunal.

De parte del gobierno, se trata de una respuesta que busca obtener las mayores ventajas. Por una parte, la decisión de los jueces encabezadas por Arturo Zaldívar –de quien es conocida su cercanía con el círculo presidencial–, favorece a AMLO en la medida que no se oponga a la misma. A la par, no lo compromete en su posición conservadora sobre el tema, ya que se trata de una decisión del poder judicial con la que puede mostrar cierta distancia.

La decisión judicial es un gesto político de grandes proporciones del régimen hacia el movimiento de mujeres, que se ha expresado en distintas oportunidades durante la pandemia y que puede (y debe) reivindicar este primer paso como una conquista obtenida por su lucha, que debe continuarse hasta lograr la legalización mediante la movilización. Esto, en contraste con lo que es, también, el objetivo que está por detrás de la decisión: fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales para conquistar derechos elementales como el aborto.

Acciones de este tipo, buscan a la par compensar el cierto desgaste que enfrenta el gobierno, como se evidenció en las elecciones de medio término, como resultado de su gestión de la situación económica y sanitaria, así como del impacto de políticas que afectan directamente a sectores obreros y populares.
La oposición derechista intentó capitalizarlo a base de mucha demagogia y cinismo político.

Sin embargo, aquella se encuentra en una verdadera crisis. Esto favorece a la administración lopezobradorista, en la medida en que le permite golpear a sus adversarios al interior del régimen y evitar que surjan competidores de altura hacia los próximos procesos electorales.

El Partido Acción Nacional en particular está viendo cómo se deprecian rápidamente sus activos políticos. Primero, el involucramiento de Ricardo Anaya en el escándalo Odebrecht y su franca huida del país –que no convence siquiera a sus propios correligionarios– derribó bruscamente al líder opositor que aparecía con mejor opinión en las encuestas hacia el 2024.

Pasó apenas una semana, y la dirigencia blanquiazul se empantanó en el fango. La reunión de varios senadores con Santiago Abascal, líder del ultraderechista partido español Vox se convirtió en un escándalo mediático de proporciones. A tal punto que la misma cúpula del PAN intentó desmarcarse.

Es que, si se pretende aprovechar la desilusión que pueda existir con AMLO, la forma no es identificarse con la ultraderecha. Esto lo sabe el tabasqueño. Por eso, ni lento ni perezoso, fustigó al panismo y dijo que eran “casi fascistas”.

Es evidente que, si esto afecta al PAN, podrá extenderse a toda la coalición opositora, que además se encuentra comprometida en el escándalo Odebrecht y la causa Lozoya.

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El desgaste relativo en la gestión gubernamental se expresa particularmente en sectores de la juventud, el movimiento de mujeres y también de los trabajadores, como es el caso del sector educativo y al servicio del estado. Además, en sectores del proletariado, hay síntomas del rechazo a las direcciones sindicales y las condiciones laborales que enfrentan, como se vio en General Motors Silao, donde la base trabajadora votó contra el CCT.

Si esto no se expresó en las calles de forma amplia y contundente, se debe al accionar de las burocracias sindicales y políticas, que están en una tregua con el gobierno de la Cuarta Transformación. Éste es el caso de aquellas que se consideran democráticas, como las direcciones de la Unión Nacional de Trabajadores o la Nueva Central de Trabajadores, por no hablar del charrismo tradicional de la CTM o el sindicalismo abiertamente morenista.

La posibilidad de coordinar los sectores que resisten y protestan en distintos lugares del país –como en los maestros en Chiapas, o las trabajadoras de Notimex– ha sido desaprovechada por los liderazgos sindicales, lo cual ha favorecido la política del gobierno. Surge así, con contundencia, la necesidad de una organización política que impulse una política independiente, tanto de la derecha conservadora como del Morena y el gobierno, que busque desarrollar y organizar el descontento a través de la movilización obrera y popular.

Una herramienta política que se nutra con las nuevas generaciones de trabajadores, jóvenes y mujeres, que ven la necesidad de una perspectiva alternativa a la que sostienen los partidos al servicio de los empresarios, y las burocracias políticas y sindicales que les sirven. Esto es, una perspectiva antiimperialista, anticapitalista y socialista, que defienda los intereses de la clase obrera y el pueblo y que prepare la lucha por una transformación revolucionaria de la sociedad.