Luego de que Délano y Lavín, controladores del grupo Penta, salieran libres de polvo y paja del caso de corrupción más bullado de los últimos tiempos, se abre un nuevo capítulo con la aprobación del SII de millonarias rebajas.
Miércoles 28 de octubre de 2020
Este es el caso de corrupción mas bullado de los últimos años, recordemos que incluso el Fiscal Metropolitano oriente presentó, ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, acusaciones contra 22 personas naturales y 4 personas jurídicas, entre ellos Laurence Golborne, Pablo Zalaquett, ex alcalde de Santiago, y Santiago Valdés, administrador de la campaña presidencial de Sebastián Piñera.
Otros aludidos por el persecutor son Carmen Luz de Castro, coordinadora de las campañas de Zalaquett y Longueira, para quien se pide una pena de 3 años y un día, además de Felipe de Mussy, ex diputado UDI por el distrito N° 56, entre otros.
Pese a esto para todos los acusados fue posible llegar a un acuerdo, incluso hasta el último día previo al juicio oral, para acceder a salidas alternativas a la pena o procedimiento abreviados para evitar la cárcel.
Luego de cuatro años de la apertura del mayor caso corrupción donde quedó de manifiesto la relación estrecha entre los partidos políticos empresariales y los grandes grupos económicos, continúan los coletazos para quienes participaron en diversas formas de enriquecimientos ilícitos este año se abre un nuevo capítulo.
El lunes 3 agosto de 2020, Empresas Penta ganaba una de las últimas batallas que libró desde que se inició la investigación sobre ella y sus controladores, Carlos Délano y Carlos Lavín, por distintos delitos tributarios, entre ellos los relacionados con financiamiento político ilegal.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación de la empresa para que sus pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante el proceso penal fueran considerados como gastos necesarios para producir la renta y, por lo mismo, descontados del monto sobre el que se calculan los impuestos que debe pagar.
En palabras simples, Penta consiguió que el SII rebajara más de $1.400 millones, que gastó en asesoría legal, del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario 2018.
“La jurisprudencia y las normas vigentes en el año tributario 2018 indican que una empresa puede rebajar de su base imponible sus gastos en un juicio, pero solo cuando se trata de un juicio inevitable. Es decir, si un trabajador la lleva a tribunales por un incumplimiento laboral, si un proveedor o cliente la demanda, incluso si hay una controversia entre los impuestos que la empresa cree que tiene que pagar y lo que el servicio (SII) estima que debe pagar. Pero si se demuestra que la empresa actuó con dolo para no pagar sus impuestos, si sus dueños o ejecutivos tuvieron la intención de defraudar, ese no es un juicio inevitable y no corresponde darle la rebaja”, señala un funcionario del SII con años de experiencia en esa área.
La apelación de la compañía logró que la dieta de los directores Délano y Lavín -condenados por delitos tributarios reiterados en 2018-, en un comienzo consideradas “pagadas en exceso” por el SII, también fuera descontada de su cálculo de impuestos por más de $600 millones.
Más allá de la discusión interna que despertó este cambio de decisión, y de los argumentos expuestos por Penta y el SII para justificarla, se trata de una acción que favoreció a una firma cuyos controladores fueron investigados y condenados por delitos tributarios, mientras la situación de la compañía continúa bajo revisión. (1)
El caso nuevamente viene a mostrar la impunidad en la que se manejan operadores políticos al servicio de los empresarios que quieren financiar y dirigir la política a favor de ellos y su enriquecimiento a toda costa.
Acusados de delitos tributarios y sobornos, en particular a políticos ligados a los partidos políticos del régimen, Deláno y Lavín eran los principales financistas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de derecha que surgió en la dictadura militar encabezado por Jaime Guzmán y Jovino Novoa.
Coloca en evidencia el vínculo de los grandes empresarios, sus millonarias ganancias y la política de los partidos del régimen al servicio de sus intereses, en contra del pueblo trabajador. Situación mantenida por la justicia con total impunidad.
