DERECHO AL ABORTO. Dentro o fuera de la Constitución, el derecho al aborto sigue sin llegar a millones de mujeres

La semana pasada se celebró en Francia una sesión extraordinaria para votar la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa, ganando la propuesta por una amplia mayoría. Desde entonces los titulares en todo el mundo han felicitado a Francia por convertirse en el primer país que realiza tal medida y millones de feministas han reivindicado este acto como una garantía para los derechos reproductivos. No obstante, lejos de tratarse de una medida que asegure el derecho al aborto, representa una ilusión de victoria que no se refleja en la realidad material para las mujeres y disidencias en el Estado francés

Dos días después de conocerse los resultados de la votación, Sumar propuso en una rueda de prensa en el Congreso “abrir el debate social” sobre esta cuestión y añadirla también en la Constitución española. La portavoz del grupo, Aina Vidal, dijo que habían hablado con el resto de grupos parlamentarios y que ya estaban buscando una forma de llevar la medida a votación.

La respuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, negaba la posibilidad de llevar la propuesta adelante debido a que el proceso para modificar la Constitución era demasiado “exigente” y “que no se dan las condiciones”. Para llevar a cabo la propuesta, es necesario primero la aprobación de la mayoría de dos tercios de cada Cámara. La ministra Redondo reconoce que las posiciones de Vox y el PP con respecto al aborto se opondrían a la iniciativa de Sumar.

Es un hecho que dentro de las democracias liberales los derechos sociales están en constante peligro, en mayor o menor medida según qué partido político gobierne. La historia de los distintos movimientos sociales han demostrado una y otra vez que a los estados capitalistas debemos arrancarles de las manos cada mínimo derecho a través de las grandes movilizaciones y periodos de lucha. Así que es natural que muchas personas consideren que consagrar el derecho al aborto en la Constitución es una forma de garantizar su derogación, como ya ocurrió en el Estado español con el intento de retroceso del ministro del PP, Alberto Gallardón, bajo la administración de Rajoy en 2013 o más recientemente la derogación del derecho al aborto por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2022 con el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, el ejemplo de Francia demuestra que la vía institucional no representa una alternativa real. La propia formulación del proyecto de ley es insuficiente, pero además deja fuera a colectivos oprimidos, como las personas trans o las personas migrantes. A pesar de que muchos se abanderen de blindar el derecho al aborto, en realidad es totalmente ineficaz porque no asegura en los hechos el cumplimiento de este.

En el Estado español, debido a la gran infrafinanciación de la sanidad pública que precariza los servicios sanitarios, los servicios necesarios de salud sexual y reproductiva no son accesibles para todo el mundo. Según el Ministerio de Sanidad, al menos doce provincias del estado no realizaron ningún aborto provocando que muchas mujeres tuvieran que desplazarse para ejercer este derecho.

Sólo en 2021, más de 4000 mujeres se vieron afectadas por esto, como, por ejemplo, las mujeres de Ceuta y Melilla que deben viajar a la península para interrumpir su embarazo. Y, según las estadísticas del ministerio, en 2022 tan solo el 17,02% de interrupciones voluntarias del embarazo se produjeron en hospitales públicos, mientras que el 82,70% restante ocurrieron en centros privados. De hecho, desde los datos guardados a partir de 2013, la privada ha sido la líder en la realización de este servicio. En el Estado español, el aborto es un derecho solo para quien pueda permitirse pagar a la privada.

Es decir, bajo un estado capitalista no hay forma real de ‘blindar’ ningún tipo de derecho social, que además solo se consigue a partir de las grandes luchas de la clase obrera y los movimientos sociales. La legislación del derecho al aborto es insuficiente sin atacar las relaciones que mantienen las empresas privadas con la sanidad pública, cosa que no va a venir de la mano de una ministra de la sanidad, Mónica García, que dice que no tiene ningún problema con la privada, mientras en distintas comunidades como Madrid la pública lleva sufriendo ataque tras ataque del proyecto neoliberal de Ayuso

La única forma de realmente conseguir y proteger nuestros derechos es a través de la autoorganización de un movimiento feminista que junto a la clase trabajadora y el resto de sectores oprimidos se ponga en pie y luche por cada conquista, como ya lo hicimos con la ley del aborto o la ley trans, pero que luche también por derrocar este sistema capitalista que nos condena a la miseria y a la opresión.

En un mundo donde nuestros derechos están en riesgo constantemente, donde nos sentimos como Sísifo y su castigo, nuestra única alternativa es luchar por una nueva sociedad que de verdad sea capaz de asegurar nuestros derechos. La única manera de ‘blindar’ el derecho al aborto es a través de una sociedad socialista que ponga en el centro las necesidades sociales, dejando los servicios y empresas bajo control obrero y de los usuarios.

Y, para ello, es necesario levantar un gran movimiento feminista anticapitalista y antiimperialista que deje claro que no nos sirven ni el feminismo liberal, que asegura que con más mujeres en más puestos de poder avanzamos en derechos, ni el feminismo institucional, que busca pintar un capitalismo de morado y más amable. ¡Luchemos por un feminismo que deje claro que la lucha está en las calles y no en los ministerios!