Según la denuncia del ex director de la Junaeb, se pagaron 3.500 millones de pesos para 30 colaciones. ¿Otro negocio a costa de la alimentación de nuestros niños y niñas?
Domingo 9 de julio de 2023
El exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Cristóbal Acevedo, que ejerció entre 2015 y 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, denunció en el Congreso que la entidad pagó 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el año 2022, las que estaban compuestas por un snack, una fruta y un jugo. Si se hace el cálculo matemático, el Estado, según el exfuncionario, terminó pagando unos 117 millones de pesos por cada ración.
Los antecedentes se dieron a conocer en una audiencia de la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Ante el impacto que generó esta acusación, la Junaeb emitió una declaración donde sostuvo que "el ex director presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el libelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente". En tal sentido, el organismo señaló que las millonarias cifras informadas por Acevedo "corresponden a montos de contratos firmados previo a la llegada de este Gobierno".
Asimismo, apuntó que "no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093".
La entidad anunció que solicitaron a la Contraloría "una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda además de, encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del Programa".
Finalmente, la Junaeb remarcó que "no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras esta no se entregue por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos".
El negocio de la alimentación
Si bien hoy hay versiones cruzadas respecto a esta situación, lo que expresa es un problema mucho mayor, la gestión de Junaeb está entrampada bajo lógicas de lucro, monopolio e impunidad. Lo que deja en evidencia el negocio que se hace con la educación y la alimentación de miles de estudiantes, que pertenecen a los establecimientos más precarios de la educación pública.
Hoy son empresas licitadoras quienes gestionan el recurso de alimentación, lo que como hemos visto a lo largo de los años trae consecuencias tremendas como lo son las diversas denuncias que estudiantes han hecho sobre las raciones de pésima calidad, la disminución de los beneficios y sobre todo, la deshumanización de los estudiantes que son puestos como números a la hora de designar algo tan básico como la alimentación.
Por su parte el Gobierno de Gabriel Boric no busca resolver el problema del negocio de la educación y acabar con la lógica de licitaciones que deriva en el lucro de un derecho básico como es el de una alimentación y nutrición garantizada por el estado en la etapa escolar. El Gobierno abandonó completamente su programa y viene actuando en la medida de lo posible permitiendo que se siga negociando con las necesidades básicas de la población, es decir, a la talla de la derecha y los empresarios. Incluso una de las aristas del escándalo de “Democracia Viva”, es que muestra que el gobierno renunció totalmente a resolver el problema como lo es la vivienda y busca “gestionarlo” replicando el modelo de la Derecha y la Concertación, que en última instancia le sirve a los grandes capitalistas.
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A la vez la derecha tal como lo hizo con el caso de “Democracia Viva”, se envalentona para salir aprovechar estos hechos y usarlos a su favor, con sus discursos morales y mostrándose como “defensores” de los recursos del Estado, pero en el fondo solo buscan mantener el régimen al servicio de las transnacionales y grandes capitalistas, a costa de los trabajadores y sectores populares.
Esta nueva denuncia, refuerza la idea de que la educación en todos sus niveles, así como la administración de su alimentación, tiene que dejar de ser un negocio y dejar de ser administrada por privados. Tienen que ser los trabajadores de la educación, los apoderados y los estudiantes, y toda la comunidad educativa quienes decidan cómo se organiza y cómo se garantizan estas necesidades como es la alimentación, con un financiamiento directo desde el estado.
Hoy es necesario fortalecer una alternativa de izquierda consecuente, que se proponga enfrentar a la derecha de manera independiente al gobierno. Que tenga un programa que dé respuesta de fondo a las demandas postergadas como lo es la educación y que no busque ser un mero administrador de los negocios que hace el Estado burgués.
