El derechista Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, inició los trámites para dar inicio al denominado “fast track legislativo” que busca legislar de manera acelerada 6 medidas relacionadas con seguridad. Va de la mano con las medidas represivas que el gobierno ha ido fortaleciendo durante su mandato.
Viernes 24 de marzo de 2023
No hay que olvidar que Juan Antonio Coloma, actual presidente del Senado, militante histórico de la UDI (fue denominado como el último de los “coroneles UDI” que mantiene actividad política) y partícipe activo como civil de la dictadura de Pinochet, llegó a dicha presidencia por los votos del oficialismo, incluida la votación favorable del PC y del Frente Amplio.
En ese marco, una de las primeras medidas que decidió tomar fue avanzar en un “fast track legislativo” en materia de seguridad, esto quiere decir, instalar urgencia en una serie de proyectos para que estos sean legislados rápidamente en la Sala. Para esto, evidentemente, se requiere el acuerdo del propio gobierno.
Pero al parecer y según trascendidos, esto ya estaría garantizado. El propio Coloma señaló que las conversaciones con la Ministra del InteriorCarolina Tohá, han dado frutos y que el gobierno está dispuesto a avanzar en dichas materias.
No debería sorprendernos que este gobierno que se dice “transformador” avance en nuevos acuerdos legislativos con la derecha en materias de “seguridad” (léase: fortalecer a aparatos represivos como carabineros y la PDI), ya que este mismo gobierno ha impulsado una agenda sumamente represiva y autoritaria en lo que a derechos democráticos refiere: ha mantenido el Estado de Excepción en territorio mapuche, ha respaldado a carabineros, institución criminal que consta en su haber con violaciones a los derechos humanos y los mayores escándalos de corrupción y fraude al fisco de los últimos años, manteniendo en su lugar a personajes como Ricardo Yáñez, Director General de Carabineros, quien ha sido llamado a declarar como imputado por su responsabilidad de mando en casos de “apremios ilegítimos” (es decir, torturas) durante la rebelión popular.
Para que este “fast track” se haga efectivo, entonces, sólo faltaría que el gobierno ingrese la suma urgencia. Esto se liga al cierre que se hizo de la “Mesa Transversal de Seguridad”, desde donde emanó un documento de 92 propuestas que el gobierno entregó a Chile Vamos, coalición que se había bajado de dicha mesa luego de los Indultos entregados por Boric. Claramente la intención del oficialismo es llegar a acuerdos en la materia con la derecha.
El contenido del “fast track” legislativo y por qué debemos rechazarlo y enfrentarlo
En concreto los proyectos que se espera que el Gobierno les de urgencia son:
1) Fortalecimiento a la protección de miembros de Carabineros de Chile y la PDI ante posibles agresiones
2) Estatuto de protección de la víctima del delito
3) El que permite a policías actuar de oficio en caso de que se les de la ubicación de especies que sean producto de un crimen o delito
4) Aumento de protección a Carabineros, PDI y Gendarmería
5) Limitación de la libertad condicional y otros beneficios a quienes den muerte a miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En general, la clave y el corazón del conjunto de estos proyectos es fortalecer y darles mayor garantía a las fuerzas policiales. Claramente son proyectos que debemos enfrentar, que nada tienen que ver con resolver el problema de “la delincuencia”.
Lo que se busca es dar mayor poder e impunidad a instituciones profundamente corruptas, involucradas en casos de desfalco de dineros fiscales en montos multimillonarios (Pacogate), en casos de masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la rebelión popular, donde la gran mayoría de los casos se mantienen en impunidad.
En ningún caso estas medidas enfrentarán y mejorarán realmente el problema de “la seguridad”, sino que sólo le entregarán mayores herramientas y facultades a instituciones corruptas y criminales, que históricamente han actuado defendiendo los intereses de los poderosos y contra las mayorías populares y trabajadoras.
De hecho, de ser aprobadas estas medidas que buscan acordar la derecha y el gobierno, serán utilizadas, sin lugar a dudas, en contra de los sectores que se movilicen. Esto ocurre cada vez que se fortalece el aparato represivo del Estado.
Es necesario que permanezcamos alerta, organizaciones populares, de trabajadores, de izquierda, organismos de derechos humanos y activistas, ante la posible arremetida de una nueva agenda en materia de seguridad y ante nuevas medidas represivas de parte de los partidos tradicionales y del propio gobierno.
