La mañana del lunes 18 de noviembre la Fiscalía de Arica y Parinacota junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, llevaron adelante el desalojo de la toma del cerro Chuño, dejando a decenas de familias con niños y niñas, en la calle.
Martes 19 de noviembre
Sin ningún aviso, la mañana de este lunes, la Fiscalía de Arica y Parinacota, junto a Carabineros y la PDI, llevaron adelante un desalojo contra los pobladores del cerro Chuño. El problema de fondo, es que no sirven medidas autoritarias como fue la demolición de 140 casas, sin un plan de vivienda en la ciudad, donde el déficit habitacional llega a las 15 mil viviendas y los arriendos ocupan el 2do lugar entre los más caros de Chile.
No solo eso, sino también es urgente la necesidad de un plan de descontaminación real, porque el desalojo no ocurre por una preocupación de las autoridades hacia las familias que viven en la zona afectada por el plomo, sino que se le da un uso mediático, criminalizando la pobreza, lo que alimenta discursos racistas y xenófobos.
De hecho, el titular de meganoticias fue “Zona vinculada al tren de Aragua: Desalojan toma del cerro Chuño”, sin mencionar que quienes fueron los más afectados y principales desalojados, eran pobladores y pobladoras de familias trabajadoras, como muchos de ellos mencionaron. Que tienen a sus hijas e hijos en establecimientos educacionales en la ciudad. El que miles de personas se vean empujadas a la calle y a vivir en tomas de terreno, es una realidad cada vez más visible. No pueden ocultar esta realidad en base a desalojos.
La urgencia de un plan nacional de obras públicas, gestionado por trabajadores en coordinación con sus respectivas comunidades, donde lo que se ponga al centro no sea seguir fortaleciendo el negocio inmobiliario y las ganancias empresariales de un sector, sino responder a las necesidades que miles de personas tienen, es lo que se debiese poner al centro.
Estado y la criminalización de la pobreza
Lejos de combatir el narcotráfico, las acciones llevadas hoy en día, expresión de la política de sectores tanto de la derecha como del oficialismo (ley antitomas), solo diluye el verdadero problema en soluciones artificiales.
Para que el narcotráfico pueda avanzar, tiene que estar ligado a instituciones y poderes del estado. No hay otra forma. Los conocidos casos de la venta de armas a narcotraficantes por parte de militares, o Carabineros metidos en bandas de narcotraficantes en la frontera, muestra un indicio del camino que debe escalar el narcotraficante, para llegar a serlo.
Desde La Izquierda Diario, venimos denunciando durante años que el problema de la privatización de los puertos, y que quede todo a criterio empresarial, es la puerta de entrada que tiene el narcotráfico. De hecho, sólo estos últimos 5 años se han incautado cerca de 1000 toneladas de cocaína, así como de químicos para su preparación, en el puerto de Arica. La nacionalización de los puertos, no para estar administrados por “autoridades del gobierno”, sino por los trabajadores portuarios, es clave para dar un verdadero golpe al narcotráfico y el negocio que juntos llevan adelante con el gran empresariado.
Desde ya es necesario desarrollar el más amplio apoyo y solidaridad con las familias trabajadoras y pobladores del cerro Chuño. Levantar centros de acopio en las universidades, lugares de trabajo, para paliar las dificultades que hoy se ven enfrentados a vivir.