La crisis de la educación toca la puerta de las universidades privadas, en particular de la Universidad Alberto Hurtado, que a la fecha, han desvinculado cerca de 100 trabajadores, según acusan, debido a la política de gratuidad, sin embargo, lo que se señala por parte de sus trabajadores y estudiantes, que esta decisión responde a una mala gestión de su planta mayor.
Lunes 22 de julio
El pasado jueves, Cristián del Campo Simonetti, rector de la Universidad Alberto Hurtado, informó por medio de un comunicado que la institución había puesto término a los contratos de 55 trabajadores que cumplían funciones en las unidades académicas y administrativas de la institución. A la fecha, ya se suman cerca de 100 despidos, lo que sin duda suma a su historial de decadencia financiera que vienen arrastrando hace años.
El rector, calificó la decisión como un "proceso doloroso" que se explica por la "difícil situación financiera" que la casa de estudios atraviesa y que según argumenta responde al modo de financiamiento de la universidad y en particular a la gratuidad.
Esto, pues según indica el comunicado, han debido enfrentar "desafíos complejos en su modo de financiamiento, sobre todo en aquellas instituciones como la nuestra, que se ha comprometido con una formación de excelencia para estudiantes que, en su mayoría, estudian con gratuidad".
"Nuestra Universidad requiere una mejor gestión que nos permita avanzar hacia un renovado modelo de universidad, y no insistir en el actual. Una mejor gestión implica tomar decisiones difíciles y dolorosas, a partir de un análisis detallado de la realidad de cada Facultad", indica el mensaje.
Fuentes de la universidad, indican que los despidos comenzaron tras la llegada de Del Campo Simonetti a la rectoría, pero que responden a una situación financiera muy compleja y que en ese contexto ya en mayo pasado se concretaron una treintena de despidos en las planas académicas y administrativas.
En ese sentido, coinciden en que la situación financiera fue algo que llegó hasta las oficinas de rectoría el mismo día que asumió Del Campo y que se arrastraba desde la gestión anterior, de hecho, apuntan hacia la Vicerrectoría de Administración y Finanzas como parte responsable del problema, aunque también sabemos que estos sucesos son parte de la crisis estructural de una educación que aunque se vista de "gratuita", no deja de ser neoliberal.
Incluso, señalan que para el cambio de rectoría había programada una ceremonia —hasta con autoridades de Gobierno invitadas— que tuvo que cancelarse para privilegiar la austeridad y probidad al interior de la casa de estudios producto de lo que describen como "un agujero gigante de plata".
Además, en redes sociales, estudiantes de la institución acusaron que hasta las ayudantías fueron canceladas producto de la mala situación financiera, pues no había fondos suficientes para solventar dichos gastos.
Con todo, distintas voces señalan que a la fecha se han totalizado unos cien despidos y es altamente probable que estos continúen dado el contexto que aqueja a la universidad jesuita.
Esta situación da cuenta de la incertidumbre que viven las y los estudiantes de esta universidad, que pone en tela de juicio la calidad formativa en un ambiente de despidos masivos, que a su vez, afectan directamente a casi 100 trabajadores de la educación superior, siendo que los verdaderos responsables de esta crisis financiera salen limpios de polvo y paja, perpetuando la crisis de la educación privada en Chile.
