La “austeridad republicana” ya significó miles de despidos, reducciones salariales y mayor precarización de los trabajadores estatales.

Acompañado con el discurso del “combate a la corrupción”, el actual gobierno prometió ahorrar, por año, hasta 500 mil millones de pesos del gasto de la nueva administración, los cuales serían ocupados en programas sociales. La medida principal que se enarboló con respecto a la austeridad fue el recorte salarial de los altos funcionarios públicos, donde ninguno ganaría más que el presidente, con un sueldo fijado en 108 mil 656 pesos. Esta propuesta fue acompañada de mensajes con alto contenido mediático, como el anuncio de la venta del avión presidencial y el abandono de Los Pinos como residencia.

Estos anuncios generaron expectativas entre trabajadores y sectores populares, pues la opulencia y derroche de la casta política es ampliamente repudiada. Los más de 30 millones de votos obtenidos por AMLO en las elecciones llevaron, entre líneas, un mensaje de ruptura con la mayoría de la élite de los políticos al servicio de los empresarios. Ésta fue la gran expresión de la crisis de representación política.

Tan trascendente ha sido la llamada “austeridad” para la legitimación del gobierno, que se mantiene como eje central en sus discursos. Se utiliza para plantear tanto la necesidad de aumentar medidas de ajuste, como para transitar de una “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”; así fue recalcado por Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, el pasado marzo frente a los empresarios de la 102 Asamblea Anual de la American Chamber (AmCham). Declaró que el objetivo es “no incurrir en un déficit fiscal” ante la posible caída de la recaudación de impuestos y la promesa a los empresarios de no aumentarlos y garantizarles sus ganancias.

Las tres medidas políticas con mayor aprobación social del nuevo gobierno según las encuestas, son la eliminación de las pensiones de los expresidentes (80.7 %), de los seguros de gastos médicos mayores (76.7 %) y la baja de salarios a funcionarios (68.8 %).

La contradicción anunciada

Con la toma de protesta de los diferentes niveles de gobierno, los anuncios en torno a la austeridad permitieron ver algunos de sus rasgos más contradictorios y el proyectado ataque a las condiciones laborales.

El 15 de julio del 2018 se publicaron los 50 puntos del “Plan anticorrupción y de austeridad” del nuevo gobierno. En el punto 21, relacionado con los gastos de la función pública, se anunció la reducción del 70% del “personal de confianza” y el gasto de operación; en el punto 27 la obligación de cumplir una jornada de 8 horas de lunes a sábado para dicho personal; finalmente, en el punto 42, se encuentran los ahorros respecto al servicio de agua, luz y otros pagados por el erario.

El despido del 70% del personal designado “de confianza” equivale a 222 mil 115 —casi cinco veces los despidos efectuados con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro— de un total de 317 mil 979 plazas, que en la mayoría de los casos —aunque están asignadas a esa tipificación por la naturaleza de las funciones que desempeñan no corresponden a ella, sino que son reflejo de las irregularidades en la contratación.

El trabajo de 48 horas semanales, equivalente a la jornada de lunes a sábado, viola las 40 horas establecidas en la Ley Federal del Trabajo en tanto no existe el pago de horas extras, incluyendo a todo el sector estatal que cumple esta condición en el índice de “condiciones críticas de ocupación” establecido por el INEGI. En términos reales, se traduce en el aumento de la explotación de un sector altamente feminizado y que asume el trabajo de la reproducción social —con dobles jornadas—, además, de un ataque y regresión de las condiciones elementales conquistadas por los trabajadores sobre la jornada laboral.

El 11 de septiembre, la bancada del Morena presentó la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana en la Cámara de Diputados donde establece, en su Artículo 4to., que no se crearán plazas adicionales y, aunque da apertura a la incorporación de trabajadores por honorarios, lo marca en casos excepcionales.

La ausencia de creación de plazas, lo cual viene de las administraciones anteriores, configuró que alrededor del 50% de las personas trabajadoras de dependencias estatales, tengan contrataciones irregulares o sean parte de las filas de la tercerización.

El 3 de mayo de 2019, AMLO envió un memorándum en el que instruyó profundizar las políticas planteadas y ejecutadas anteriormente aludiendo a medidas “adicionales” del plan de austeridad, aplicables respecto al presupuesto ya aprobado para 2019. En él planteó la eliminación del personal de confianza en las delegaciones federales de dependencias y entidades; un 30% de recorte a materiales, viáticos y estudios e investigación, y un 50% de recorte a exposiciones y subcontratación de servicios con terceros, que es el tipo de contratación de gran parte de los trabajadores precarizados de las dependencias estatales. Esta situación comenzó a instalar en la agenda política nacional el debate sobre la aplicación de la austeridad, sobre todo a partir de la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS anunciada el 21 de mayo y justificada por su inconformidad con los recortes hacia el sistema de salud.

No existen cifras oficiales en tanto que la mayoría de las y los trabajadores despedidos son precarizados con contrato civil, incluso, en algunos casos mercantil —como lo es en el importante número de trabajadores contratados por Capítulo 3000—, con contratos eventuales o vía outsourcing, como en el caso de las miles de personas que trabajan en intendencia para las distintas dependencias. En ningún caso son contabilizadas como parte de la pérdida de empleo, pues no se reconoce la relación laboral o se establece el fin anticipado de la misma.

Lo que queda claro es que la mayor parte de los despidos afectó a trabajadores operativos cuya precarización es tangible y se agrega que no reciben liquidación.

El sector que labora bajo las figuras de honorarios, eventuales o Capítulo 3000, es parte de la simulación de contratos que extiende la precarización laboral; pues, realiza un trabajo de planta, cumple un horario, mantiene una relación de subordinación y ocupa funciones esenciales para el funcionamiento de las instituciones, pero sin contar con los derechos laborales elementales.

A pesar de las dificultades para saber la cifra total, ya para finales de enero El Financiero había contabilizado más de 22 mil despidos en las dependencias estatales, principalmente realizadas en el SAT, ISSSTE, PEMEX, INEE, DIF, ProMéxico, SCT, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, Semarnat, entre otras dependencias.

Así han vivido los trabajadores la austeridad

A diferencia de las promesas en torno a que se afectaría a los altos funcionarios públicos, la realidad es que los despidos se orientaron contra los trabajadores con bajos salarios, en su mayoría por debajo de los 10 mil pesos. Los despidos no son la única medida que afecta las condiciones de vida de los trabajadores del Estado. Como consecuencia directa, la carga de trabajo aumentó considerablemente.

A la par de esta medida, existe una retención constante de los salarios; situación que no es nueva pero que, lejos de resolverse, se profundizó. Muestra de ello son los trabajadores del ámbito cultural que han emprendido procesos de lucha como el #YaPágameINAH o los 8 mil 317 médicos residentes que pararon en 83 hospitales exigiendo el pago inmediato de sus salarios atrasados. Ya desde diciembre se expresó esto, ante la ausencia de pago del aguinaldo y las protestas desatadas desde distintas dependencias, sobre todo, en estados como Tabasco, Veracruz, Oaxaca o Baja California.

En otro sentido, el recorte salarial fue aplicado a trabajadores cuyos salarios llevaban casi una década sin aumento; lo que, claramente, implicó una disminución en el poder adquisitivo de las familias, golpeando sus necesidades básicas. Ejemplo de esta situación ocurrió en el DIF de la Ciudad de México donde, a mediados de febrero, los trabajadores de honorarios, que son más de la mitad de la plantilla, se encontraron con disminuciones de entre el 15 y 20%, aplicado a quienes tenían salarios incluso por debajo de los 5 mil pesos mensuales. Finalmente, tras algunas muestras de descontento y paro laboral, el recorte se fijó en 3%, contrastante frente al aumento del 5.7% en el salario de la directora de la institución, el cual se encuentra incluso por encima del salario del presidente. Más recientemente el recorte se decretó para médicos residentes.

El recorte de prestaciones es también un elemento que, respaldado en la austeridad, significa regresiones en las condiciones laborales; tal es el caso del recorte al seguro de gastos médicos y seguro de vida de los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal quienes, además, vivieron represalias ante las muestras de oposición, las cuales derivaron en despidos injustificados.

Finalmente, dicha austeridad se reflejó en el recorte de insumos indispensables para la realización del trabajo de los trabajadores estatales, que se vive en la falta de mantenimiento como lo muestran las protestas de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico N. Navarro, quienes han exigido la reparación de las instalaciones afectadas por el sismo del 2017, la falta de instrumentos de limpieza o incluso de medicinas; como lo demostraron las protestas por escasez de medicamentos en las Clínicas Condesa, especializadas en el tratamiento de VIH.

Este ámbito también se manifestó, directamente, en el recorte al presupuesto de programas sociales; como es el caso de las estancias infantiles o las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo argumento fue que su financiamiento implica un desvío de recursos respecto a tareas que son responsabilidad del Estado, pero ante las cuales se ha respondido contradictoriamente con el adelgazamiento estatal y la implementación de programas asistencialistas.

Estas medidas han sido contrarias a las declaraciones del gobierno; por ejemplo, el ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, declaró en diciembre del año pasado que los recortes salariales aplicarían sólo a altos funcionarios públicos y que, al contrario:

Todos los funcionarios públicos que ganan menos de 10 mil pesos al mes netos, van a recibir no sólo el incremento con base en la inflación, sino un tres por ciento extra; entre los de 10 mil y 15 mil pesos mensuales va a ser un incremento de dos por ciento extra, y entre los de 15 y 20 mil, se les aumentará un uno por ciento extra. [1]

Represión: el ejemplo del DIF CDMX

La respuesta de las autoridades en las dependencias frente a las y los trabajadores que se han organizado contra los despidos y por plenos derechos laborales no es distinta a la de administraciones anteriores. El hostigamiento laboral y los despidos contra quienes se organizan, además del desgaste por medio de mesas de “diálogo” infructuosas, son los métodos empleados por los altos funcionarios públicos frente al descontento.

Ejemplo de ello se vive en el DIF de la Ciudad de México, en donde producto de impulsar la campaña #QueremosTrabajoDigno, Alejandra Sepúlveda, defensora de derechos humanos y de los derechos de las mujeres —quien contaba con más de 4 años de servicio—, fue despedida violentamente, sin importar que tuviera 3 meses de embarazo y a pesar de que las y los usuarios de su centro de trabajo se manifestaron en su apoyo y entregaron un pliego de firmas exigiendo que no sea despedida.

A la par se ha concretado el despido injustificado, luego de una verdadera persecucion política, de Ameyali Mancilla y de quien escribe este artículo. Esto a partir de que fuimos señaladas por Esthela Damián, directora del DIF-CDMX, como “problemáticas” y generadoras de “daño a la institución”, por exigir derechos laborales básicos, demanda que la directora caracterizó como una exigencia “sovietica”. Estos despidos son una muestra fehaciente de cómo las autoridades de la 4T avasallan los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores que nos organizamos.

Legitimando la austeridad

Para legitimar estas medidas, el gobierno de AMLO emprendió una campaña de desprestigio hacia los trabajadores estatales, justificando los despidos de los “aviadores”, los operadores políticos y a quienes ocupaban puestos creados artificialmente. Bajo estos términos se busca encuadrar los despidos y ataques a las condiciones laborales, con el discurso del combate a la corrupción, que el nuevo gobierno presenta como intrínseco al neoliberalismo y con el que pretende explicar los niveles de pobreza y desigualdad social. Sin embargo, este discurso entra en contradicción con el hecho evidente que está garantizando las ganancias de los grandes capitalistas.

Como muestra de esta táctica se enarbola el discurso de AMLO, que en su conferencia matutina del 4 de febrero declaró: “Estamos limpiando al gobierno de quienes no eran necesarios y que por su labor no ayudaban, sobre todo altos funcionarios públicos”.

Sin embargo, esto se enfrentó a evidencias contradictorias que aparecieron rápidamente, como fue desde diciembre con los trabajadores del SAT quienes, por medio de redes sociales, denunciaron la privación de la libertad a la que fueron sometidos para obligarlos a firmar su renuncia.

Las encuestas sobre el desempeño del gobierno, también reflejaron que los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores no forman parte de las expectativas de transformación en ninguna circunstancia. El despido de miles de empleados del Estado tuvo 41.6 % de rechazo a la par que la Guardia Nacional o el Tren Maya, que corresponden a las medidas que enfrentan al nuevo gobierno con las aspiraciones sociales de cambio.

Avanza la precarización y el desempleo

El avance en la precarización no solo ocurre a través del ataque a las condiciones laborales de los trabajadores del sector, sino de la integración de decenas de miles de trabajadores —sobre todo jóvenes— a las dependencias estatales bajo la figura de becarios o beneficiarios de programas sociales, la mayor parte a través de Jóvenes Construyendo el Futuro —destinado al sector público y privado—, quienes obtienen una “beca” de 3, 600 pesos por laborar hasta 8 horas al día. Esta forma de contratación ha buscado compensar el despido masivo de trabajadores de puestos que, claramente, son esenciales para el funcionamiento de las dependencias estatales. En el DIF de la Ciudad de México se han integrado 700 “becarios” con esta forma de contratación, misma cantidad de trabajadores de honorarios que proyectaron despedir durante este gobierno.

En la Ciudad de México, como muestra del avance de la precarización generalizada en el sector, uno de los programas con mayor presupuesto integrado a la Secretaría de Cultura local se llama Pilares, que se dedica a la difusión artística, cultural, académica y deportiva; está completamente sostenido por “becarios” que deben firmar un compromiso para no exigir ningún tipo de reconocimiento de relación laboral por parte de la institución.

En ambos casos, el Estado funge como patronal y se deslinda de cualquier obligación, evitando las garantías que otorgan los derechos laborales elementales. La integración de cientos de miles de jóvenes al ámbito laboral bajo estas condiciones responde a la precarización generalizada de la juventud, que tiene a millones en el desempleo y a un sector en las filas del narcotráfico, ante la falta de oportunidades.

Mientras las medidas de la llamada austeridad y los programas asistenciales se implementan, en marzo del 2019, la tasa de desocupación aumentó a 3.6 % de la Población Económicamente Activa (PEA), llegando al nivel más alto desde diciembre de 2016. En el mismo mes, la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) —que contempla a la población trabajadora, pero no cuenta, a su vez, con el reconocimiento laboral por parte de su patrón— se ubicó en 57.1 % de la población ocupada, mayor a la registrada en marzo de 2018.

¿Qué salida a la “austeridad”?

Mientras se recorta presupuesto en áreas fundamentales respecto a necesidades sociales primarias y se afectan las condiciones de vida y derechos de los trabajadores estatales, se destinan enormes sumas a la Guardia Nacional, proyectando 70 mil millones de pesos para su funcionamiento en 2019.

Medidas básicas como que todos los altos funcionarios cobren lo mismo que un trabajador medio del estado, permitiría contar con mayores recursos para las necesidades populares. Cubrir las necesidades de salud, educación, vivienda, o transporte, solo pueden venir del cese al financiamiento de la militarización del país, así como de un aumento de los recursos públicos a través de imponer impuestos progresivos a los grandes empresarios, que se enriquecen con base en la explotación de los recursos naturales y el trabajo de la mayoría de la población.

Dejar de pagar la deuda externa —que equivale a casi 200 mil millones de dólares— o el rescate bancario —establecido en 901 millones de pesos— al que este año se le destinan 51.3 mil millones, permitiría contar con los recursos para ello, considerando además que ambas deudas ya se han pagado con creces varias veces.

El gobierno de López Obrador, sujeto por compromisos y acuerdos con los capitalistas, evidentemente no tomará ese camino. Es necesario construir una herramienta política que defienda los derechos de los trabajadores del sector —empezando por la basificación de todas y todos— y de las grandes mayorías de la población, afectadas directamente por los recortes al gasto público; que sostenga una perspectiva anticapitalista que ataque los intereses de los grandes empresarios y trasnacionales.