El miércoles pasado, más de mil personas entre profesores, asistentes de aula, del programa de integración escolar, entre otras, marcharon desde las COMDES hasta la Delegación Presidencial de El Loa. El motivo, las consecuencias que significa la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), en este caso el Licancabur. Para las direcciones del Colegio de Profesores y la COMDES, se trata de meter modificaciones y postergar su implementación, para algunos trabajadores de base, en contra de los SLEP. Ante lo que dejó la masiva marcha ¿cuáles son las perspectivas para el movimiento de trabajadores de la educación en Calama? y por el cuestionamiento de estos servicios y la crisis de la educación pública ¿cuál es la educación que queremos y dónde deberíamos discutir y deliberar trabajadores de la educación, apoderados y estudiantes?
Domingo 17 de abril de 2022
Según el medio local El Referente, fueron dos mil personas entre trabajadores de la educación, asistentes de aula, trabajadores del programa de integración, estudiantes y apoderados, quienes salieron a la calle por el mejoramiento e incluso postergación del SLEP Licancabur en la Provincia.
El objetivo de la marcha, según trazaron las direcciones del Colegio de Profesores(CdP) El Loa junto a la compañía del presidente nacional del CdP, Carlos Díaz Marchant y así también el sostenedor de los recintos municipales, quien preside la COMDES, Eliecer Chamorro de la Federación Regionalista Verde Social, fue llegar hasta la Delegación Presidencial, para hacer las peticiones que se describen arriba al delegado de gobierno en la Provincia de El Loa, Miguel Ballesteros(RD), en torno a las problemáticas que han mostrado tener en diferentes comuna la implementación de los SLEP.
Chamorro, pidió una buena implementación de la Ley, que el gobierno se abra a la opción de aplazar, y mejorar más locales. A la vez, que “queremos pedir delegado, aprovechando que esta es una marcha ciudadana, ya que tiene conversaciones con el ministerio, que pida por mayor seguridad para nuestros alumnos en sus distintos establecimientos y de una vez por todas, que Calama tenga una Universidad estatal”.
Por su parte, el dirigente de CdP, Aguirre, declaró que “Necesitamos la voluntad política del actual gobierno para sentarnos a conversar, del problema que tiene la nueva institucionalidad de la educación pública en Chile(...) Acá en Calama sería muy perjudicial, no solamente por las condiciones, sino también para los trabajadores de la educación y en cuanto al financiamiento(...)en otras ciudades comienzan desfinanciados y por lo tanto, a la larga no es descabellado pensar que a la larga en tres años más el Servicio Local Licancabur que se quiere instalar acá quede desfinanciado”
Finalmente, Ballesteros como delegado del gobierno en la Provincia, ante los miles expresó que “Las puertas del gobierno siempre van a estar abiertas, con el afán de trabajar colaborativamente, siempre colocando a la educación pública en el centro(...)efectivamente ha habido problemas en su implementación[del SLEP] y se han presentado complejidades. La administración anterior no le puso la atención necesaria a la implementación de estas características y hemos estado conversando con las autoridades ministeriales estos días y próximamente en este primer semestre se va a ingresar un proyecto de ley para implementar las adecuaciones(...) mejorar los Servicios Locales de Educación”
Algunas contradicciones y límites para los y las trabajadores de la educación de Calama
Las declaraciones anteriores muestran la línea y política común que se tiene desde el municipio de los regionalistas verdes, la dirigencia del CdP local y hasta la misma delegación presidencial del Frente Amplio. Y es que el conjunto de quienes dirigen y dicen representar los malestares de sus bases, plantean sólo modificaciones y postergación del SLEP Licancabur, pero nada dicen incluso dando ejemplos críticos como el propio Aguirre, de que los SLEP y su implementación, más allá de las modificaciones no responden a los problemas estructurales de la educación pública en el país y de la mercantilización de la misma, que no hace más que profundizar la disgregación entre una educación para pobres y otra para ricos.
Pero, esto no es causal, si vemos quienes se pusieron a la cabeza de la movilización y a la delegación presidencial, son todos parte de los partidos de gobierno. El gobierno de Boric en su programa, ya expresó seguir con la implementación de la política de los SLEP, que fueron la salida política que utilizó el segundo gobierno de Michelle Bachelet para desviar la pelea de los y las docentes esos años contra la municipalización.
¿Por qué postergar, aplazar y no derogar los SLEP? claramente siendo la dirección propia de la movilización, desde Aguirre a Chamorro, no buscarán por una parte el choque con su propio gobierno que no tiene intención de derogar los SLEP, a pesar de las consecuencias nefastas que ha tenido para trabajadores de la educación y la propia educación pública, como lo vimos en Barrancas, Copiapó el año pasado y ahora último en Valparaíso, cuando a principios de abril los y las profesoras del Liceo Eduardo de la Barra de la misma comuna, paralizaron, denunciando que después de casi quince meses a cargo de nuestro nuevo sostenedor, el SLEP, se evidencia un real abandono en las escuelas y liceos públicos, así como las irregularidades en torno a las condiciones laborales y problemas con los pagos de sus salarios.
Por otro lado, llama la atención que el regionalista de Chamorro, quien actualmente es el sostenedor de escuelas y liceo municipales, sea incisivo en querer más que modificar, postergar la implementación total del SLEP en la comuna ¿no será que el cambio de sostenedor que significa el SLEP, llegaría a tocar los intereses del propio municipio?, y es una posibilidad, recordemos que el cambio de institución afectaría a que los recursos que entrega el Estado, no llegarán de lleno como es hasta ahora a la COMDES, sino que se verá mermado dándole centro al Licancabur. ¿Realmente todos los recursos destinados a educación estos últimos años se han destinado a esto?, incluso más allá de las ganadas económicas que sectores de trabajadores de la educación hayan obtenido en salarios o bonos estos años, la administración de la COMDES no ha sido garantía de paliar la crisis de la educación pública, sino la educación en Calama sería la excepción del problema de la educación de mercado a nivel nacional y un ejemplo para el resto del país, pero no lo es.
Además, como vimos en la propia marcha, hay sectores de trabajadores y trabajadoras de la educación, que no expresan lo mismo que la dirección de la movilización, que no hablan ni de modificar ni postergar el Licancabur, sino que derechamente de la no instalación del SLEP, y es porque son realmente estos sectores los que viven las consecuencias de la educación pública tanto en condiciones laborales, como en los términos de la calidad de educación para miles de estudiantes.
Entonces, ¿cuál es realmente la educación y la calidad que necesitamos?¿quiénes discuten y en qué espacio en torno a esta problemática que se arrastra desde la dictadura hasta la actualidad?
La necesidad de una coordinación regional ante la crisis de la educación pública y la lucha por una educación que vuelva a manos del Estado bajo la gestión real de la comunidad educativa
Arriba esbozamos que ni el regionalismo verde expresado en Eliecer Chamorro, como tampoco el Frente Amplio y su delegado de gobierno, Miguel Ballesteros, buscan realmente acabar con parte de la herencia de la dictadura expresada en la crisis de la educación a nivel local y a nivel nacional. Por ahora, desde la dirección del CdP El Loa, más que una alternativa real para enfrentar este problema, a pesar de los ejemplos de implementación de los SLEP en Copiapó, Barranca, Tocopilla y Valparaíso ha mostrado su total fracaso y cómo estos profundizan los problemas de la educación pública y de mercado, pareciera terminar acoplándose a la directrices de los políticos de gobierno que en Calama no tienen ni quieren chocar con su propio gobierno que ha decidido llevar de igual forma la implementación de los servicios locales adelante, como continuadores del segundo gobierno de Bachelet y Piñera.
A la vez, mientras aquí se discute modificar o postergar la implementación completa del SLEP, en la comuna de Antofagasta, docentes, asistentes, apoderados y estudiantes, organizados en la Asamblea de Autoconvocados(ante la crisis de dirección del CdP local, donde incluso Miguel Rivas, quien era su presidente renunció), se encuentra resistiendo y luchando contra la precariedad de la educación municipal. Ya son más de 21 días de paralización y movilización de estos sectores, quienes se encuentran peleando debido a que el gobierno de Boric, no aseguró la vuelta a clases presenciales, donde trabajadores de la educación y estudiantes, han tenido que enfrentar problemas de infraestructuras, de salud e higiene y condiciones que se caen pedazos ante las nulas políticas del gobierno y el alcalde Jonathan Velásquez (cuestionado en estos momentos por uso de plantas municipales para cuestiones personales) para asegurar la vuelta a clases. Sectores movilizados, saben y viendo el fracaso de la implementación de los SLEP, que de llegar este nuevo sostenedor a Antofagasta, las condiciones empeorarán como se han visto en otras regiones, además de generar despidos y una nueva deuda histórica para los y las docentes.
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La crisis de la educación pública heredada de la dictadura pinochetista, que tiene sus claras expresiones en la situación de diferentes regiones del país como hemos descrito en esta nota, la actual resistencia de un sector de trabajadores de la educación por la implementación de los SLEP como se mostró en Calama y Tocopilla, más allá de los intereses propios que se juegan las alcaldías, que se alejan de la problemática real que tienen quienes realmente hacen clases, aseguran la educación y se educan, por lo tanto viven en carne propia los problemas históricos de la educación y cambios de sostenedores, sean municipales o servicios locales, nos plantean la necesidad de luchar por derogar los SLEP y retomar la lucha por una educación gratuita, no sexista, laica y educación sexual integral (por los casos de violencia de género que manifestaron estudiantes secundarias en la vuelta de clases) que sea financiada 100% por el Estado, bajo la gestión de las comunidades educativas.
Es por ello, que se hace necesario unificar estas luchas que son parte de un mismo problema, partiendo por la coordinación regional de trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados de la región de Antofagasta. Pero, esto no para la lucha solamente a la región, sino que exigiendo a la burocracia de Díaz Marchant del CdP nacional, un paro de la educación en todo el país, para que sean los y las profesoras, colegiadas y no colegiadas, con el conjunto de la comunidad educativa quienes discutan un pliego de demandas y un plan de lucha ascendente para de una vez por todas terminar con la educación heredada de la dictadura.
