El pasado 5 de abril en la comuna de Traiguén fue detenido Juan Pablo Pirce Valenzuela, funcionario del Poder Judicial e hijo de Guillermo Pirce (PPD) quien quedó bajo prisión preventiva por tenencia de un arsenal de guerra.
Domingo 11 de abril de 2021
El Gobierno presentó una querella criminal por el caso y se investiga la relación del armamento con los ataques ocurridos en la región. Por otro lado camioneros y políticos de la derecha han salido en exigencia de una "limpieza" del Poder Judicial acusando que el imputado actuaba a favor del fracaso de diversas causas de violencia rural.
A lo largo del país las investigaciones de crímenes de lesa humanidad de directores de carabineros continúan aplazándose. Los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, el adolescente arrojado al río Mapocho en el puente Pío Nono y otras tantas causas por violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social, continúan en total impunidad. Muchas veces se van cerrando las causas sin formalizaciones, acusando a dificultades en cuanto a recursos, falta de respuesta de la policía y dificultad para encontrar a las víctimas. Consecuencia de esto no existen condenas y continúan las violaciones de DDHH en completa impunidad.
Mientras el gobierno habla del terrorismo en La Araucanía, continuamos viviendo situaciones de violencia policial: quemaduras causadas con gas pimienta afectando a niños y niñas; ataques directos y detenciones a observadores de derechos humanos, fotógrafos, periodistas y brigadistas de salud.
Durante el mes de enero la hija de Camilo Catrillanca a sus 7 años fue detenida por carabineros junto a su madre sufriendo el excesivo uso de fuerza mientras iban a escuchar el veredicto en el juicio por el asesinato de su padre. Y en febrero la policía asesinó a disparos a un joven malabarista en Panguipulli, mientras continúan sumando las heridas oculares.
El Estado de Chile avala y protege el robo de las tierras del pueblo mapuche con su fuerza policial y militar, mientras levanta montajes y habla de terrorismo para avalar sus leyes represivas en contra de las comunidades mapuches. La policía continuará actuando con total impunidad, reprimiendo con toda brutalidad, porque cuentan con el respaldo y el amparo del actual Gobierno y de una gran parte de la clase política.
Ante la defensa de los gobiernos empresariales que buscan proteger el bolsillos de las forestales, que les pertenece a las familias más ricas del país, se les debe enfrentar con lucha y unidad entre las y los trabajadores, junto con el pueblo mapuche, forjando una alianza para la autodefensa contra el Estado y la reacción de grupos fascistas, para pelear por la autodeterminación del pueblo mapuche, la desmilitarización de todo el territorio, la libertad de todos los presos políticos mapuches y de la revuelta y por una asamblea constituyente libre y soberana.
