Crimen De Estado. Detienen a militares por caso Tlatlaya ¿un paso hacia la justicia?

Según el Centro Prodh, este jueves la Procuraduría General de la Republica presento cargos contra siete militares por las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya. Un fallo que tardó 16 meses en en producirse.

Según el diario El Universal que también publicó a notica este jueves, asegura que los militares fueron detenidos a mediados de marzo sin que se informara a la opinión pública y asegura que de los siete detenidos, cuatro salieron bajo fianza para continuar el proceso en libertad y tres permanecen en una prisión militar en la Ciudad de México.

Los siete militares están acusados de ejercicio indebido del servicio público y solamente tres enfrentan acusaciones por homicidio.

La masacre de Tlatlaya sucedió en la madrugada del 30 de junio del 2014, dónde 22 personas fueron asesinadas por militares.

Las primeras versiones oficiales aseguraron que todos los asesinados eran delincuentes que murieron durante el enfrentamiento. Pero esta versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes quien aseguró que un civil había muerto en el enfrentamiento y los demás habían sido asesinados tras ser interrogados.

Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos en Tlatlaya.

Algunos organismos de derechos humanos consideran esta detención un logro en la búsqueda de justicia para las víctimas del caso, pese a que cuatro de los apenas siete militares detenidos pasaran el proceso en libertad condicional.

Lo que no se cuestiona es que bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador una de las principales políticas que ha impulsado es la relegitimación de las fuerzas armadas, para justificar la continuidad de la militarización.

Mientras el caso estaba congelado en la PGR, el gobierno federal autorizó la creación de la Guardia Nacional, dando continuidad a la militarización del país y particularmente de la frontera sur por mandato del imperialismo estadounidense.

No podemos pensar en justicia por los crímenes de Estado como Tlatlaya o Ayotzinapa sino es de la mano de denunciar la continuidad de la militarización del país y exigir el regreso de los militares a sus cuarteles.