El genocida que actuó en la última dictadura militar, fue detenido en su casa luego de que se difundieran fotos de él participando en la celebración de bodas de oro de su amigo Jorge Olivera (ambos militares condenados). La fiscalía consideró que su presencia en el evento era una violación a las medidas de arresto domiciliario que se le habían impuesto por sus delitos de lesa humanidad.
Viernes 23 de febrero 19:08
El Tribunal Oral Federal de San Juan decidió que De Marchi cumpla su arresto domiciliario en su casa, a la espera de que se resuelva su situación legal. La noticia causó un amplio repudio porque, como vienen sosteniendo organismos y personalidades de derechos humanos, los represores de la última dictadura militar deben cumplir condena en prisión por sus crímenes de lesa humanidad.
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El caso de Gustavo de Marchi pone en evidencia la complicidad y la impunidad que aún persisten respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Los dos represores condenados por crímenes de lesa humanidad en 2013, De Marchi y Olivera, lograron fugarse y permanecer prófugos durante un tiempo. De Marchi fue recapturado en 2015 y condenado a cadena perpetua en 2018, pero en 2019 fue enviado a su casa por la pandemia. Olivera también está en arresto domiciliario.
De Marchi estaba en libertad porque el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan entendió que no estaba en condiciones de afrontar el proceso penal. Después de que trascendieran fotos en las que se lo veía charlando animado en la fiesta del 3 de febrero pasado, la fiscalía pidió la detención de De Marchi. Fue así que en las últimas horas, el juez Raúl Fourcade dispuso su arresto domiciliario provisorio.
Además, la fiscalía pidió que se revocara el arresto domiciliario de Olivera y se aumentaran los controles en su casa. La defensa argumentó que la fiesta no violó las condiciones de la domiciliaria y que fortaleció los lazos familiares, aunque hubo críticas por la presencia de figuras pro-impunidad. Actualmente, el Tribunal Oral Federal debe decidir cómo proceder con la detención de Olivera, considerando sus antecedentes de fugas y violaciones a las condiciones de arresto domiciliario.
Gustavo Ramón de Marchi, ex teniente y miembro de la patota del Regimiento de Inteligencia de Montaña 22 y otro de los principales responsables de la represión en San Juan. Por su parte, Jorge Antonio Olivera, “El Carnicero”, ex militar condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura en la provincia de San Juan, luego de pasar varios años prófugo, fue también condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad, y luego, durante la pandemia, beneficiado por la detención domiciliaria.
La exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas, junto a la apertura de los archivos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, es un reclamo que se sostiene a más de 40 años del fin de la dictadura. Son 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, fue un genocidio. Son crímenes de lesa humanidad.
