El agudo conflicto entre el Estado chileno, los empresarios que actúan bajo su aval, y las comunidades mapuche; tiene raíces profundas en el desarrollo capitalista del país.

Un problema nacional

Se trata de un conflicto político de carácter nacional: el Estado chileno y los capitalistas más poderosos del país oprimen al pueblo mapuche. En nuestra visión, es acertado criticar las lecturas que comprenden a los mapuche en un concepto exclusivo de “campesinado” y desarrollan programas restringidos a peticiones económicas. Del mismo modo, las visiones “integracionistas” tanto en sus versiones de derecha que ven en lo indígena una simple encarnación de la “barbarie” –bastante en desuso hoy- como aquellas que reconocen lo mapuche pero enfatizando que la principal tarea es que el Estado los incorpore a la “modernización” –como hacen la mayoría de los políticos burgueses- ven “algo más” que campesinos pobres en los mapuche. Pero estas visiones no contribuyen al desarrollo de la lucha contra la opresión nacional, al revés la alimentan, la segunda incluso sembrando la ilusión de una “colaboración” entre el Estado chileno y los mapuche. Por su parte, el Frente Amplio, recién ocurrido el asesinato de Camilo Catrillanca, sostuvo la idea de una salida política, un reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado chileno y se puso “a disposición para que el protagonismo de un diálogo político vinculante que genere reformas estructurales en diversos ámbitos de la organización social y política esté radicado en las propias comunidades y pueblos originarios, así como en sus organizaciones tradicionales y representativas” [1]. El problema de este programa es que no considera que cualquier “trastorno” de los privilegios de los capitalistas y latifundistas tienen en la gestión de los bosques y las tierras será resistido por éstos recurriendo a la más cruel violencia. La cuestión es si los asesinatos de militantes y activistas mapuche del último tiempo son meros accidentes o expresión de un antagonismo estructural en La Araucanía.

Nosotros, como marxistas revolucionarios, no negamos el problema de la opresión nacional. En el debate clásico entre Lenin y Rosa Luxemburgo sobre la “cuestión nacional”, la argumentación de Lenin a favor de la incorporación del “derecho a la autodeterminación nacional” en el programa revolucionario- parte de criticarle a Luxemburgo que “llevada de la lucha contra el nacionalismo en Polonia […] ha olvidado el nacionalismo de los rusos, aunque precisamente este nacionalismo es ahora el más temible; es precisamente un nacionalismo menos burgués, pero más feudal; es precisamente el mayor freno para la democracia y la lucha proletaria” [2]. Esta afirmación, resulta interesante, pues Lenin en el fondo se da cuenta de que hay “nacionalismos y nacionalismos”, no porque unos sean malos y otros buenos –una lectura simplona- sino porque concretamente hay naciones con posiciones de dominio o subordinación, diferenciadas en el orden mundial.

Trotsky, por su parte, en el Programa de Transición escribe: “cuando el pequeño campesino o el obrero hablan de la defensa de la patria, se representan la defensa de su casa, de su familia y de las otras familias contra la invasión del enemigo, contra las bombas y contra los gases. El capitalismo y su periodista entienden por defensa de la patria la conquista de colonias y de mercados y la extensión, por el pillaje, de la parte “nacional” en los beneficios mundiales. El patriotismo y el pacifismo burgués son completas mentiras. En el pacifismo, lo mismo que en el patriotismo de los oprimidos, hay elementos que reflejan, de una parte el odio contra la guerra destructora y de otra parte su apego a lo que ellos creen que es su interés. Es necesario utilizar estos elementos para extraer las conclusiones revolucionarias necesarias. Es necesario saber oponer honestamente estas dos formas de pacifismo y de patriotismo” [3].

Si bien los planteamientos de Lenin y Trotsky se refieren a conflictos nacionales sustantivamente distintos al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche (el primero habla de la opresión de Polonia por Rusia, el segundo del problema de la opresión de los Estados imperialistas); lo que nos parece pertinente de rescatar para el análisis del problema mapuche hoy, es la distinción clara entre naciones opresoras y naciones oprimidas. A nuestro modo de ver, los elementos de autoidentificación con la nación mapuche, que no cuenta ni con una formación estatal propia ni con una burguesía propia; que es oprimida prácticamente en su totalidad, tanto en los espacios rurales o como en los urbanos; y que posee un rico imaginario de resistencia centenaria; es un factor con el cual una estrategia revolucionaria y socialista basada en la clase trabajadora debe contar. Marx decía que quien oprime a otro no puede emanciparse a sí mismo, la lucha contra toda opresión incluyendo la opresión nacional al pueblo mapuche, hoy hace no sólo a una alianza de los trabajadores sino a la unidad de sus propias filas.

Desde nuestra óptica, la superación de la opresión nacional al pueblo mapuche y la conquista de un efectivo derecho a la autodeterminación nacional, constituye una tarea democrática-estructural, que sólo podrá realizarse íntegramente con un gobierno obrero y popular de ruptura con el capitalismo, cuya formación implica terminar con la maquinaria estatal capitalista actual.

No obstante, si bien lo nacional es una categoría que permite explicar la peculiaridad del pueblo mapuche en tanto “sujeto social”, centralmente porque permite dar cuenta de relaciones sociales concretas y trayectorias vitales vinculadas de alguna manera a la experiencia de las “reducciones” y la colonización (sin eso no existiría un “soporte material” para la autoidentificación con lo mapuche); conviene analizar cómo esta categoría es dinámica e histórica, no una esencia inmutable.

La refundación de la estructura económico-social de La Araucanía que realizó la dictadura, implicó no sólo un gran despojo; también significó un proceso de emigración a las ciudades y una importante proletarización. Esto es, un cambio de fisonomía del pueblo mapuche sólo comparable a la que aconteció desde fines del siglo XIX hasta inicios del s. XX cuando el capitalismo chileno se expandió al sur del Biobío a través de la acción estatal en un proceso de acumulación originaria del capital [4].

La raíz del presente: la refundación estructural de La Araucanía

El antropólogo Rolf Foerster, analizando el papel de la dictadura de Pinochet en el territorio mapuche, considera que “la contra Reforma Agraria se acopló al proceso de redefinición económica de la región de La Araucanía, que pasa de una economía agrícola-ganadera a una economía forestal exportadora y las primeras expresiones de este cambio se observan justamente en la provincia de Arauco. Por eso la antigua dupla latifundio-minifundio se desploma. En adelante la contradicción va a ser entre comunidades y empresas forestales” [5].

Para él, este hecho constituye un dato fundamental. Forester, cita un informe de Identidad Territorial Lafkenche elaborado en mayo de 1999, en el que se recogen varios testimonios asociados a lugares de la provincia de Arauco, como el “espacio territorial Yaní-Locobe (comuna de Arauco)”, compuesto por cuatro comunidades que “ocupan pequeños espacios rodeados de plantaciones de pino radiata, adjudicados a Empresa Forestal Arauco S.A. Ésta mantiene un conflicto abierto y declarado con la comunidad José Ancán del sector Yani, por 4.250 hectáreas de tierra y 70 hectáreas cubiertas de pino maduro y en estado de explotación. Un intento de tala iniciado por la empresa en 1996 terminó en duros enfrentamientos entre guardias forestales y mapuche, paralizándose hasta el día de hoy los trabajos en esta superficie […] Este conflicto existente tiene su origen en el periodo de contra Reforma Agraria iniciado por el gobierno militar en 1974. En ese momento, se nos reprimió ferozmente, los militares y carabineros que participaron en estos hechos procedieron a torturar, golpear y destruir nuestras casas. Luego fuimos trasladados como animales a la costa, lugar donde aún sobrevivimos” [6]. Otro caso mencionado en dicho informe es el del espacio territorial “Cayucupil, Pangueco (comuna de Cañete)”. Allí, “la contra reforma se estableció en el antiguo fundo Licán-Boldo, el que fue parcelado en el año 1994 dejando tierra fiscal que se adjudicó Forestal Mininco S.A., la que explota las plantaciones que se hicieron en esa época de Reforma Agraria por los propios mapuche. El otro asentamiento que se creó en el lugar La Estrella, fue devuelto a su antiguo dueño, Sergio Sigarroba, luego que se efectuara un operativo militar que nos expulsó al camino vecinal, donde tuvimos que vivir en tierras de familiares y como allegados” [7].

Como vemos, el Estado, a través de la coerción, tuvo un papel crucial para realizar la redefinición económica de la que habla Foester. Los testimonios recogidos por Identidad Territorial Lafkenche revelan el uso de métodos contrarrevolucionarios directos. La dictadura, en lo que respecta a Ngulu Mapu, no se detuvo en consideraciones morales para arrinconar a los mapuche, a fin de abrir nuevos espacios para las grandes inversiones capitalistas en un rubro promisorio que antes era de propiedad estatal y muchas veces de las comunidades, el rubro forestal. Es a través de la violencia que las tierras del sur se cubrieron de pinos y eucaliptus.

De la mano de esta transformación, la dictadura, después del decreto 701 que abrió el negocio forestal, extendió la parcelación de las tierras destruyendo las formas de propiedad comunitarias que perduraban en amplios sectores mapuche. “El advenimiento del gobierno militar –escribe Foester- dio un giro radical a las políticas del Estado, y fue el ámbito de la diferencia el que estuvo más afectado: el decreto ley 2.568 de 1979 tenía como propósito poner fin a la territorialidad mapuche, vía la ‘división` definitiva de las comunidades reduccionales y la entrega de títulos individuales. Como ya lo había hecho notar el proceso de ‘división`, que se había iniciado en la zona lafkenche en la década de 1930, se completó en los primeros años de la década de 1980” [8]

Según José Bengoa, los “inspiradores del D.L. 2.568 creían que el hecho de la titularidad singular era el primer paso para la modernización y el progreso.” Este especialista chileno se refiere bastante certeramente a las consecuencias que tuvo este decreto: “La hijuelación por otra parte ha puesto de manifiesto el nivel de minifundismo al que se ha llegado. Se han repartido tierras de menos de 1 hectárea, lo que es un absurdo técnico y social. Por último, debemos señalar que el D.L. 2.568 vino a consagrar la propiedad de los ocupantes y en este sentido a dar rango legal definitivo a las tierras usurpadas” [9].

Por otra parte, las tierras mapuche no reduccionales que se habían constituido al calor de la reforma agraria, fueron ofrendadas sin mayores amagues al floreciente capital forestal. El informe de Identidad Territorial Lafkenche de 1999, señala que “en cada uno de los casos, asentamientos o cooperativas campesinas que se crearon, el gobierno militar inició una contra-Reforma Agraria, de esta manera, las tierras que habían sido expropiadas fueron devueltas a sus antiguos dueños. Éstos, posteriormente y en su gran mayoría se desprendieron de ellas, vendiéndolas a particulares o simplemente a las empresas forestales que son las que hoy se benefician de ellas.” El mismo informe denuncia que estas empresas, se valen de estas ventas fraudulentas realizadas en el contexto de una represión brutal a los mapuche, para argumentar la propiedad de los espacios en litigio con las comunidades.

Hoy en día, la industria forestal es una de las actividades más importantes del país y enriquece a las familias más poderosas de Chile. Pero, al mismo tiempo, este proceso de expoliación dio a luz a un nuevo sector de la clase trabajadora que puede unir sus fuerzas con la lucha del pueblo mapuche.

El uso dictatorial del consenso

Sergio Caniuqueo escribe taxativamente que “en la actualidad podemos sostener que la escuela es un tentáculo del Estado, con una funcionalidad sustentada en su accionar como mecanismo de control. Por lo general confiamos que la educación nos va a desarrollar, pero en términos prácticos jamás hemos tenido el control de alguna escuela o liceo. La escuela es un instrumento manejado por el Estado, que puede dar diversas funcionalidades como la obtención de datos o ideologización” [10].

La afirmación es exagerada pues la escuela también es un espacio que concentra contradicciones sociales: la proletarización neoliberal del profesorado y la masificación de la educación la han transformado en uno de los epicentros de la lucha de clases. Incluso, en 2011, con experiencias prácticas de “control” de escuelas y liceos, como el Liceo A-90, donde tuve la oportunidad de participar personalmente. En los “planes y programas” elaborados por los estudiantes movilizados, los profesores y los apoderados, nos preocupamos de vincular los estudios a la lucha por la educación gratuita que se llevaba adelante en todo el país. La lucha de clases puede contrariar el papel reproductivo de las escuelas.

Aun así, que la escuela concentre contradicciones sociales y políticas, no significa que no pueda ser utilizada como un mecanismo de dominio estatal directo. En la dictadura, la exoneración del profesorado de izquierda, y el miedo, abrieron espacio para instrumentalizar las escuelas para recabar información sobre el pueblo mapuche. “En 1974 los militares necesitaban datos confiables de las comunidades mapuche” [11]. Caniuqueo cita un informe de la Intendencia de Cautín, fechado en 1975, se señala que “los profesores rurales de las provincias de Malleco y Cautín fueron los encargados de recoger esta información en terreno de aquellas comunidades que se encontraban en las inmediaciones de las escuelas en que ellos trabajaban y las que habían sido previamente asignadas […].” Para la Intendencia de ese entonces, “este trabajo revistió particular importancia ya que se usó una metodología nueva de ejecución que nos entregó una valiosa experiencia en un trabajo conjunto con el Magisterio.” Caniuqueo expone algunas de los resultados del informe: “tenemos que la pérdida de la tierra era del 37% (29.372 hectáreas), las divididas equivalen a 58,1%. Se encuestó al 70,9% de las comunidades existentes, la mitad de la población estaba en edad escolar (10.635 frente a 10.494), consideramos esto último como causa de la migración campo ciudad. La producción es cerealística, básicamente trigo, la alta concentración de animales menores denota una economía de autoconsumo más que destinada a la venta. La venta de animales grandes como vacunos, es parte de una inversión anual, mientras que el animal menor puede venderse de manera más rápida, incluyendo las crías” [12].

El gobierno buscó realizar una serie de gestos, sobre el trasfondo de la expoliación al servicio de las forestales. En 1975, impulsó el “Primer Encuentro Regional de Profesores Mapuche”, que se proponía los siguientes objetivos: “(1) Terminar con la marginalidad cultural de este grupo étnico, que por diversas razones no goza de manera igualitaria de los beneficios que arroja el sistema educacional; (2) Reafirmar la cultura mapuche dentro de la cultura global del país (3) Estudiar y planificar el bilingüismo en la educación rural” [13].

La dictadura no cesaría en su afán de generar mecanismos de consenso con los mapuche.

Foester cita el testimonio de José Huenupi, un dirigente importante del movimiento mapuche en la década de 1980: “También el gobierno militar comenzó a organizar actividades culturales mapuche. El año 86 organizó un Festival Folklórico Mapuche, aquí, en el Museo Mapuche de Cañete. También en Villarrica hubo varios Festivales. Lo hacían también a través de las municipalidades y con carabineros, estaba todo controlado, traían a la gente. Y eso para nosotros era una utilización más del pueblo mapuche” [14].

Esto no fue porque “los mapuche hemos gozado de la simpatía de todos los sectores sociales” como escribe Caniuqueo. Sus propias palabras rebaten aquella afirmación, cuando explica que la dictadura instrumentalizó lo mapuche porque “había que anteponerse al discurso de clase, había que volver a la idea de una nación y a las raíces de ella. Es aquí donde aparecen los mapuche, un componente de la raza chilena, haciéndose necesario retomarlos para plantear, de manera reformulada, la tarea de reconstrucción nacional que debía transitar el pueblo chileno” [15].

En otras palabras, el “consenso” con sectores del pueblo mapuche, fue en pos de abastecer la ideología de un Estado que necesitaba exorcizar la lucha de clases, usando la idea de una “nación chilena”.

A nuestro modo de ver la redefinición económica de la Araucanía fue un proceso esencialmente coercitivo. El factor de consenso fue una mera coartada para una estrategia de expoliación al servicio del capital forestal. Pero el renacer de la lucha de clases y su conjugación con la lucha mapuche rural y urbana abrirá nuevos caminos, inexplorados en las luchas revolucionarias del siglo XX. La lucha por el derecho a la autodeterminación nacional y la unidad de la clase trabajadora con los mapuche, son tareas plenamente vigentes.