Reseña. “Dilemas de la transición ecosocial desde América Latina” de Maristella Svampa

El texto de Maristella resulta bastante interesante, presenta el dilema existente entre una transición ecosocial ideal, para un proceso justo, democrático, reconciliador con la naturaleza y resiliente, o una transición conflictiva, de esencia reaccionaria, exacerbante de la crisis y caótica, un capitalismo del caos.

Este lo fundamenta con hechos y desde la perspectiva latinoamericana, como un problema holístico, en tanto aborda todos los ámbitos sociales (político, económico, geoecológico, individual y colectivo), señalando las principales contradicciones respecto a la transición latinoamericana en su carácter dependiente de las potencias económicas y exportador de materias primas, en contradicción con perspectiva de descarbonización y traspaso a energías renovables acordada internacionalmente.

En ese marco, habla de una disputa civilizatoria, mostrando la subordinación de América Latina al norte global y el mínimo desarrollo de la industria nacional para el procesamiento y aprovechamiento de los recursos localmente, que contrasta con el extractivismo cada vez más intenso en la zona, frente a la cual no muestra políticas que la combatan más allá de la presión mínima que hacen algunos movimientos indigenistas en contra del despojo territorial en Bolivia, Chile y Argentina. De esta forma, demuestra la falta de coherencia de los estados para enfrentar la transición ecosocial, al permitir el extractivismo y el despojo, ahora con un discurso de transición verde. En palabras de Svampa:

• “Así, el riesgo mayor es que la región continúa siendo hablada por el Norte, mientras avanza el colonialismo energético y los gobiernos del Sur compiten entre sí para obtener contratos internacionales para la producción y exportación de hidrógeno verde (el nuevo Eldorado a escala global), “minería para la transición” y litio para los autos eléctricos, todo ello sin tener en cuenta la soberanía energética de los países del Sur (en un mundo en crisis energética y rumbo a un proceso de desglobalización), ni la licencia social (frente a la destrucción de territorios y criminalización creciente de las poblaciones que resisten a los megaproyectos), ni los impactos locales (nuevamente América Latina es zona de sacrificio, ahora en nombre de la transición energética del Norte)”.

El continuar así nos llevaría al camino distópico del capitalismo del caos, al que muchos ya se han resignado, a pesar de aún no haber visto la extensión de sus consecuencias, que afectan primero a la clase trabajadora de los países dependientes y a ella cobrará los costos de la crisis.

Por otro lado, el camino de la transición justa lo presenta de la mano de lo que llama “progresismos de segunda generación”, como los gobiernos actuales de Chile y Colombia, en base al proceso de desglobalización abierto en la pandemia y a la capacidad de los estados de responder a emergencias de tal magnitud y de trabajar conjuntamente con los movimientos sociales de base, para la transición democrática, con la cual se debe disminuir la subordinación a las potencias capitalistas constituyendo “nuevos bloques regionales que apunten a la producción y al autoabastecimiento, por fuera de los circuitos globales, desescalando la dependencia”. Plantea que “la emergencia climática obligaría a tomar nuevas políticas regionales, saliendo de la estrategia reactiva de la competencia y la dependencia adaptativa al mercado global”. Desde ahí dice que gobiernos como el de Boric en Chile o Petro en Colombia “proponen otros debates, incorporando las problemáticas ambientales y la crisis climática a la agenda estratégica”. Señala también “Podría ser la oportunidad para la planificación de una nueva institucionalidad estatal, incluso —si pensamos en términos de nuevos horizontes societales— de un Estado ecosocial, que incorpore los riesgos ambientales. Ello implicaría reformas más amplias (renta básica y reforma tributaria, reparto del trabajo, creación de empleos verdes y sistema nacional de cuidados, entre otros), pero también un cuestionamiento de la ideología del crecimiento económico, base del Estado de bienestar, como antiguo modelo de intervención sobre la sociedad”.

Por último se refiere a los movimientos sociales y comunitarios en lucha contra el cambio climático, las zonas de sacrificio y el corporativismo, ella señala:

• “Por último, no hay que olvidar el horizonte de las luchas eco territoriales. Tanto el rol de las nuevas narrativas relacionales —buen vivir, derechos de la naturaleza, justicia climática, transición justa— como el de las experiencias locales —ligadas a proyectos comunitarios de energía, como a la agroecología y las prácticas de restauración, en sociedades cada vez más golpeadas por el extractivismo y la crisis climática— pueden alimentar el cambio cultural, generando nuevos consensos sociales para la transición ecosocial. Dichos procesos de resiliencia se sitúan a contramano del sentido común hegemónico, así como de las visiones distópicas del colapso, y apuntan a la democratización y desconcentración del poder en los territorios...

• Asimismo, hay que destacar que los movimientos socioambientales y ecoterritoriales vienen llamando cada vez más la atención sobre la necesidad de evitar las falsas soluciones del capitalismo verde, y de no subirse al carro de cualquier transición, si esta promueve un modelo corporativo, concentrado u orientado a la exportación, y no un modelo de democracia energética que garantice una transición justa para el Sur. La construcción de una agenda multiescalar de transición justa va emergiendo como una necesidad urgente, que reclaman cada vez más organizaciones y activistas socioambientales...

• En suma, en cualquier ejercicio de transición justa el rol del Estado es fundamental, aunque no cualquier Estado. También es absolutamente imprescindible la lucha de las organizaciones sociales y comunitarias, aunque no solo a nivel local. Por último, todo ello hace necesario repensar desde el Sur global las posibilidades de nuevas alianzas y plataformas regionales de integración, en función de los enormes desafíos climáticos, socioecológicos y geopolíticos que hoy atravesamos”.

En fin, Maristella Svampa señala correctamente los dilemas actuales para la transición ecosocial y los caminos posibles, así como los riesgos y oportunidades como ella los plantea. Pero falla en señalar a cabalidad a los actores participantes y activos en este proceso, que vendrían a ser los sectores enfrentados en esta disputa civilizatoria de la que habla. Señala a los estados de los países del norte global, los estados en Latinoamérica, a la derecha política y los progresismos latinoamericanos, a los movimientos sociales y comunitarios en lucha -de los cuales destacan comunidades indígenas- y señala a la elite económica internacional, pero no señala el rol que las y los trabajadores de las industrias extractivas de Latinoamérica, las y los del sector público y las y los de los servicios, mucho menos hace mención a sus organismos y a su capacidad de movilizarse, organizarse y politizarse, a la capacidad de las y los trabajadores de decidir sobre su futuro, a pesar de que la mayoría de la sociedad la compone la clase trabajadora. Desde ahí, se equivoca al señalar el carácter de los estados y la confianza que debemos tener en los progresismos de izquierda como Boric y la posibilidad de su alianza con los movimientos sociales, en tanto estos integran en su programa de gobierno la transición energética, pero siguen subordinados en última instancia al estado capitalista y sus limitaciones y, no solo serán incapaces de de llevar a cabo tales reformas y de tomar medidas de emergencia como las que plantea Svampa, sino que también han demostrado la falta de voluntad política para ello, aceptando medidas como el TPP-11. Cuando habla de amplia reforma, se plantea en confianza con la capacidad del estado de adaptarse a la crisis ecológica desde sus propia institucionalidad, planteando ambiguamente que este se replantee la perspectiva de crecimiento infinito del capitalismo, sin referirse al fin de este sistema que se basa, entre otras cosas, en tal concepción. No cuestiona a la propiedad privada capitalista, que pone los medios de producción a disposición y administración de una pequeña masa de empresarios que monopolizan toda la producción de las distintas ramas de la industria, frente a los cuales los estados son impotentes, aún con cualquier reforma que los marcos del mismo permitan y no solo eso, sino que su actuar se basa en la defensa de tal propiedad, por ejemplo, con la defensa irrestricta de las forestales en el sur.

Habla de una disputa civilizatoria para la transición justa, pero se refiere mínimamente el riesgo de los activistas ambientales que promueven tal moción en Latinoamérica al enfrentarse a los poderes económicos y sin hablar del carácter de clase del estado y su rol en la preservación del status quo, sino más bien confiando en que como ente público y encargado del bienestar social, bajo la dirección de gobiernos como el de Petro y el de Boric, este podría reformarse a sí mismo por nuevas concepciones. Obvia el rol represivo del estado sobre los movimientos sociales y de trabajadores que se enfrentan a la propiedad privada capitalista y que hacen exigencias como las que Maristella reivindica y obvia el rol del Estado como garante de tal propiedad privada, como impulsor y cómplice de las medidas neoliberales, extractivas y de privatización que nos han llevado hasta este punto.

Hablar de disputa civilizatoria sin reivindicar a la clase obrera, a sus organismos, a la necesidad histórica que tienen las y los trabajadores de que se establezcan como clase dominante, su potencialidad de construir una sociedad basada en el bienestar común y su poder como clase de instaurar un estado de carácter obrero y socialista, que permita justamente imponer a los capitalistas una transición democrática -de democracia obrera como la desarrollada en los soviets en Rusia o los cordones industriales en Chile- y justa, que además permita financiar la transición justa con los recursos -ahora socializados- administrados por las y los trabajadores y las comunidades, es solo palabrería académica infértil.

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