Con el argumento de combatir la delincuencia los parlamentarios de Revolución Democrática (RD) proponen distribuir recursos de seguridad de manera “equitativa”, lo que se traduce en más policías en las poblaciones.
Domingo 8 de septiembre de 2019
En Agosto del 2017, en la ciudad de Concepción, Lorena Díaz tuvo un abrupto despertar cuando se percata del ingreso de Carabineros del GOPE a su domicilio, "Siento que mi hija salta a mi cama y siento gritos. Veo en mi pieza muchos carabineros de estos del GOPE. Improperios, horrible nos trataron. Mi hija lloraba, gritaba, mi hijo tiene 17 años, él tiene una discapacidad mental, lo tenían en su pieza boca abajo apuntado con un revólver", según señaló la mujer.
Esta no es una novedad para la institución. Solo meses antes en la comuna San Bernardo, en el mes de febrero, Carabineros destrozó la casa de Álvaro Candia quien acusó que llegaron “con tanquetas, echando abajo el portón, destrozando el muro, rompiendo puertas, ventanas, apuntando con armas de fuego a mi suegro diciendo que nosotros escondíamos al reo, cosa que no es así”.
A estos escandalosos procedimientos se suman toda una serie de abusos, humillaciones, vejámenes, como el caso del Carabinero Francisco Arzola, quien acaba de ser condenado por torturas, causa en la cual se encontraban implicados otros 14 funcionarios de la prefectura de Estación Central.
No son casos aislados, es toda la institución. Basta ver estas últimas semanas cómo Carabineros se desbandó reprimiendo en el Instituto Nacional, lo mismo en la reciente marcha del 5 de Septiembre, que terminó con el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, detenido y con Carabineros intentando ingresar en la sede de la central a punta de gas pimienta.
Sin embargo, con todos estos antecedentes, esta semana los diputados de Revolución Democrática Giorgio Jackson y Maite Orsini, presentaron un proyecto para realizar una “redistribución justa de recursos policiales”.
Los parlamentarios fundamentan el proyecto en datos recopilados por la Fundación Chile 21, y señalan que “No es aceptable que existan comunas como Renca o Cerro Navia, con un carabinero por cada 999 y 1230 habitantes respectivamente, mientras que otras, como Las Condes tengan 1 cada 570. Y, peor aún, el presupuesto particular de este año de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura para seguridad suma 25.000 millones. El de Pudahuel, Lo Prado, Renca y Quinta Normal, es de solo 2.100 millones. Esa distribución injusta tiene resultados injustos”.
Según pretenden, quieren agregar criterios de equidad al presupuesto 2020 de Carabineros modificando su Ley Orgánica Constitucional, para combatir la comisión de delitos. Esto, sin embargo, sólo se traduce en poner mas carabineros en las poblaciones, aunque lo disfracen de “distribución justa”.
Meter Carabineros en las poblaciones no puede ser más que un caldo de cultivo para mayores abusos en sectores de la población con menores recursos para defenderse, es decir mas vulneraciones, más represión, más gatillo fácil y abusos contra la juventud.
