ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. Dos jueces acusaron de "sicarios" a médicos que garantizaron una ILE a una nena de 13 años

Dos jueces acusaron en su fallo de "sicarios" a médicos que garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo a una nena de 13 años abusada sexualmente. La utilización de este término para referirse a médicos que realizaron una práctica médica legal a una niña habla de la gravedad de este caso.

La menor, que producto del abuso estaba embarazada, fue acompañada por su tía y su madre a hacer la denuncia y fue trasladada a un hospital porteño, donde la asistieron y pudo acceder a una Interrupción Legal de Embarazo (ILE). La menor había dicho en cámara Gesell que no quería el embarazo.

Los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, ya habían sido recusados este año por su fallo transfóbico en una causa cuya imputada era una mujer trans por no aplicar la perspectiva de género, indicaron que los médicos que practicaron la ILE a la niña eran “sicarios” y “asesinos a sueldo”.

Ya el papa Francisco había utilizado la misma calificación en mayo del 2019 tratando de asesinas a las mujeres y de sicarios a los médicos: "¿Es lícito contratar a un sicario para resolver un problema?", fue la pregunta que lanzó la máxima autoridad de la Iglesia católica, repitiendo sus dichos previos sobre el tema en una dura ofensiva contra el movimiento de mujeres que se viene desarrollando en todo el mundo y pelea por sus derechos.

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No dudan en comparar, los jueces, a la ILE con métodos de tortura y redenominaron al Protocolo para la interrupción legal del embarazo como “manual de salvajadas inhumanas”.

Conocido el fallo, rápidamente fue repudiado por diferentes organizaciones y colectivos feministas. Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijeron que “por fallos como éste es que seguimos exigiendo que es urgente y prioritario el aborto legal en Argentina”.

Por su parte la abogada Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres de Tucumán, declaró que: “Es vergonzoso el activismo judicial anti derechos que se expone con absoluta impunidad en una sentencia. Hablar de ‘Protocolo de homicidio parental’ para referirse a una política pública refrendada por la Corte en el fallo FAL, no sólo implica desconocimiento del derecho, sino un inocultable desprecio por los valores democráticos”.

Mónica Menini, articulante de la Campaña, se refirió al fallo argumentando que estos sectores tienen una “oposición ciega a un derecho que las mujeres, las niñas y las personas gestantes tenemos adquirido en nuestro país". Y agregó: " Es urgente que nuestra legislación tenga esta transformación definitiva porque las mujeres, las niñas, las personas gestantes siguen llegando al sistema de salud sin el conocimiento pleno de si estoy exigiendo un derecho o si me van a armar una causa y me van a llevar presa”.

No es la primera vez que salen a la luz este tipo de fallos, más allá de la posibilidad de recusar a los jueces, o de acceder a otras instancias judiciales para revertir fallos temerarios que van en contra de los derechos elementales como el acceso a la ILE o incluir perspectiva de género, la realidad es que aún existiendo la ley Micaela, para capacitar a los funcionarios estatales en materia de género, la única posibilidad de garantizar el efectivo ejercicio de este derecho es que exista la ley de legalización del aborto.

Es por eso que el movimiento de mujeres sigue exigiendo que no se postergue más el tratamiento de la ley. La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia no pueden seguir siendo la excusa de la agenda legislativa, determinando que la urgencia siga postergando lo importante.