Cursada virtual y mecanismos de acreditación: un debate en los terciarios. Con fecha el 12 de mayo del 2020 el Ministerio de Educación de la Ciudad, emitió la resolución 2020-1585 donde plantea que cada institución de nivel terciario debe elaborar un Plan de Excepcionalidad de Continuidad de la Formación. Los rectorados elaboraron sus planes y las consejeras estudiantiles de la 9 de Abril - Juventud del PTS en el Alicia M. de Justo y en el Profesorado Normal N°1, llevamos nuestras posiciones a estos espacios.
Lunes 8 de junio de 2020 18:11
Cómo cursar, aprobar y realizar las evaluaciones son decisiones pedagógicas importantes que no pueden estar descontextualizadas de la realidad que hoy viven miles de estudiantes terciarios. No hay normalidad en los terciarios porque no hay normalidad en nuestras vidas en medio de una situación de mucha incertidumbre ya sea por el aspecto epidemiológico, como por la grave situación económica que estamos atravesando y donde los pronósticos son aún peores.
El Ministerio de Educación de la Ciudad exige a las instituciones que piensen planes excepcionales desligándose por completo de todo tipo de responsabilidad sobre cómo debe llevarse este plan adelante y si existen hoy los recursos y posibilidades para hacerlo.
En los institutos no se hicieron relevamientos serios, institucionales, que permitan tener una noción clara y científica sobre cuál es el estado de situación de los estudiantes. Cuántos tienen trabajo o fueron despedidos, cuántos cuentan con los recursos para las clases virtuales, dispositivos y acceso a internet, cuántas son mujeres y madres o tienen adultos a cargo, cuántos viven en condiciones de hacinamiento, cuántos son los compañeros que tienen o tuvieron COVID-19.
Sabemos que en los terciarios somos muchos los jóvenes que tenemos los peores trabajos. Somos millones los que nos quedamos afuera del IFE sin saber porque. En una formación con gran composición femenina, muchas veces para nosotras quedan los peores trabajos y somos las que cumplimos además con las tareas de cuidado que en momentos de cuarentena se vuelven aún más una sobrecarga.
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Esta es la realidad que atraviesa a muchos de los estudiantes y docentes de los profesorados. Es la preocupación que expresamos en las reuniones de Consejo Directivo. Porque no podemos aceptar que nos den la espalda a las y los compañeros que estamos pasando por esta situación.
También lo hicimos en instancias de los Centro de Estudiantes.
Planes excepcionales a espaldas de los estudiantes.
Los planes se aprobaron como un trámite express sin ningún tipo de debate previo en los profesorados. Este debería ser un debate democrático, abierto al conjunto de la comunidad para que todos puedan opinar, reflexionar y decidir cómo quieren llevar adelante sus cursadas. A estudiantes que se anotaron con una modalidad presencial quieren ahora que se adapten a nuevas reglamentaciones cuando no sabemos si están dadas las condiciones materiales para que puedan cumplirlo.
Es una decisión pedagógica muy importante que modifica la realidad de miles. Debemos partir desde estas múltiples realidades pensando planes acordes a las mismas teniendo en cuenta el contexto social en el que estamos inmersos: más de 70 días de cuarentena y a eso se nos suman los despidos y suspensiones, el DNU que para muchos empresarios es el tan histórico “ se acata pero no se cumple”, las reducciones salariales pactadas entre la CGT y la UIA y avaladas por el Ministerio de Trabajo de Moroni. En los barrios como en la 31 o Villa Azul crecen los contagios y no se toman medidas acordes, sino que responden con mayor militarización tanto donde gobierna el peronismo como donde está el macrismo.
El gobierno insiste con el subsidio millonario a empresas (se les destinó el 72% del gasto público por la cuarentena) en lugar de tratar un impuesto a las grandes fortunas como presentamos desde el Frente de Izquierda. En lo que va del año ya se pagaron 4.000 millones de dólares en deuda externa. Un impuesto a las grandes fortunas, permitiría no solo un salario de cuarentena acorde a las necesidades de los estudiantes y sus familias, sino también el dinero para garantizar lo que exigimos en los distintos consejos. Las autoridades al no abrir este debate a toda la comunidad educativa se niegan a denunciar esta realidad y en consecuencia a realizar las exigencias necesarias para que se les garanticen las herramientas a estudiantes y docentes.
Como consejeras estudiantiles llevamos este debate y nuestra posición al respecto; los consejos directivos deben pronunciarse frente a esta realidad. Está claro que esto no es “virtualidad” sino un acompañamiento pedagógico a distancia. La clase, el aula, lo social, no se puede cambiar por una computadora. Tenemos que garantizar todos los recursos para que nadie abandone la carrera, todas y todos puedan cursar según sus necesidades, quien no tenga acceso a la conectividad se le debe garantizar una computadora, internet y todo lo necesario. Por eso consideramos que para la acreditación: a toda persona inscripta en cualquier materia se le de como aprobada la cursada, para que nadie se quede afuera. Que los docentes de las distintas materias junto con los estudiantes decidan qué modalidades de acreditación llevar adelante según las posibilidades y necesidades de los estudiantes y profesores.
Hace algunas semanas en el congreso se votó con apoyo de todos los bloques menos del Frente de Izquierda, la reforma del artículo 109 de la ley de educación nacional de manera totalmente inconsulta con la comunidad educativa, ¿que pasa con esta reforma? Abre la puerta. por ejemplo, al negocio de plataformas como Zoom, Facebook, Amazon y Santillana, y otras tantas plataformas educativas que lucran con la educación. De presupuesto para la conectividad y el reparto de dispositivos no se dice nada, pero si se deja abierta la puerta al lucro con la educación. Además otro elemento importante, es la condición del Consejo Federal de Educación como aplicador del estado de “excepcionalidad” para la educación, completamente dudoso y que claramente puede usarse en contra de los trabajadores de la educación porque puede ser incluido como un criterio de “excepcionalidad” una huelga docente.
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No se trata de estar en contra de la utilización de herramientas tecnológicas para la educación, que desde ya posibilitan el trabajo y son una fuente importante, sino que se trata de debatir cual es la puja que hay detrás en el debate sobre la virtualidad y la educación a distancia y cual es la realidad de miles de familias para quienes no existe la conectividad y el acceso a dispositivos.
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¿Qué podemos hacer desde las escuelas y profesorados?
Las escuelas mostraron que pueden dar ejemplos de solidaridad muy grandes. Como por ejemplo con los bolsones de comida, donde se organizaban las familias y los docentes en las escuelas designadas por comuna. Junto a Myriam Bregman y Alejandrina Barry presentaron un amparo colectivo para denunciar el estado de la comida que entregaba y sigue entregando el gobierno así como la poca cantidad de alimentos.
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Como lo hemos planteado desde el inicio de la cuarentena, en muchas escuelas, por ejemplo de CABA, hay impresoras 3D que puedan fabricar mascarillas para los hospitales, esto puede mostrar un pequeño pero claro ejemplo del involucramiento en la realidad social que puede tener una escuela. Estas son también propuestas que acercamos a los consejos directivos para que los establecimientos donde estudiamos puedan ser puesto a disposición de manera solidaria ante la crisis.
Hace unos días vimos un ejemplo clarísimo en el Barrio Mujica junto a los trabajadores aeronáuticos y de Madygraf que se presentaron en el barrio e hicieron entregas de insumos para enfrentar la pandemia, junto a estudiantes terciarios de la 9 de abril. Cabe recordar que Madygraf cambio toda su producción al servicio de producir alcohol en gel entre otros para enfrentar esta crisis
Pero además de organizar la solidaridad tenemos planteado el desafío de impulsar una gran campaña. Con los centros de estudiantes a la cabeza, debemos organizar a los miles de jóvenes precarios que quedan por fuera de IFE, a quienes despiden, suspenden o reducen el salario. Por trabajo con derechos para todos y un salario de cuarentena de $30.000 en base al impuesto a las grandes fortunas, contra el subsidio millonario del gobierno nacional a las empresas que se fugan millones mientras se avalan las suspensiones con rebajas salariales. Una gran campaña de exigencia y de denuncia para que los políticos dejen de rematar la Ciudad de Buenos Aires mientras la educación pública no cuenta con recursos y mantienen a cientos de estudiantes en la invisibilidad porque ni se pueden conectar, ni comer, ni vivir dignamente.
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Hoy la escuela, para docentes y estudiantes se vuelve un espacio de organización para pensar una salida colectiva
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