ERC vuelve a la casilla de salida de Artur Mas: la república por un pacto fiscal

“Para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, este castizo refrán español podría resumir el auge, caída y ridículo del procesismo. El acuerdo entre ERC y el PSC es el fin definitivo del dispositivo político puesto en marcha en 2012 por los representantes históricos de la burguesía catalana. Se constituyó para cortocircuitar y desviar un incipiente movimiento democrático que, retomando la demanda del derecho de autodeterminación, aspiraba a romper con un régimen contra las cuerdas tras el “no nos representan” del 15M.

El principio de acuerdo para la investidura de Illa, al que se sumarán entusiastas los Comunes, se basa, fundamentalmente, en la demanda primigenia con la que Artur Mas quiso contener sin éxito aquella movilización en ciernes: el pacto fiscal. Si Rajoy lo aceptaba, los dirigentes independentistas dejarían lo del derecho a decidir en el cajón 30 años más. Era la vieja política pujolista del “peix al cove” en tiempos de crisis que no les salió, que vuelve ahora con fuerza sobre las ruinas del mayor movimiento al que ha tenido que enfrentarse el Régimen del 78 en toda su historia.

Una reivindicación, enmarcada en el reparto de una tarta que la crisis del 2008 había hecho más pequeña, que pretendía salvaguardar ante todo los negocios de las empresas y grandes familias catalanas, tan dependientes de los negocios con las administraciones públicas, el guante de seda fiscal y los rescates directos o indirectos cuando tocaba socializar sus pérdidas.

Porque la disputa por quien se lleva cuanto en el Estado español va de eso fundamentalmente. Como queda muy feo, es normal que lo revistan de conseguir los recursos necesarios para defender los servicios públicos. Pero es puro verso. La Comunidad de Madrid, que es líder en inversiones del Estado, goza de una sanidad pública tan privatizada o colapsada como la supuestamente desinvertida Catalunya. La construcción de vivienda pública es tan ínfima en la deficitaria Comunidad Valenciana como la supuestamente excedentaria Castilla y León. Los recortes en educación no se han revertido tampoco en ninguna de las 17 Comunidades Autónomas, pongas la balanza fiscal como la pongas.

En 2012, Rajoy dijo no a un acuerdo así. Estábamos en plena crisis de la deuda y perder el control de una autonomía que representaba casi un cuarto del PIB no lo iba a permitir. Los convergentes y sus nuevos socios de ERC decidieron echarle un "pulso" que podríamos decir “se les fue de las manos”: apoyaron y se pusieron a la cabeza de la Diada de 2012 y el recién nacido procés.

Doce años después, la gran conquista tangible que tienen para ofrecer los líderes independentistas es un “nos han perdonado la vida” – indultos y la amnistía en curso, si los jueces la permiten - y una promesa del PSOE de que “se estudiará”, “a ver si se puede”, “si tenemos tiempo”, “si nos dan los números”... de algo parecido a aquel pacto fiscal. Catalunya recaudará el 100% de los impuestos, serán Moncloa e Illa desde la Generalitat quienes pilotarán esa transición fiscal.

Es decir, ni siquiera su reivindicación burguesa original está garantizada. Junts incluso rechaza el acuerdo porque considera que el PSOE está vendiendo humo y no le falta razón en que se trata de otro juego de trilero. Pero esto no oculta que la derecha independentista de Puigdemont fue la que inauguró esta larga cadena de claudicaciones. Tampoco que su programa no tiene nada que ofrecer a los sectores populares y la clase trabajadora de Catalunya, con una deriva cada vez más hiper neoliberal y racista.

Aquel "pulso" de 2012, como decíamos, tomó una dinámica propia y relativamente autónoma de la motivación inicial. De hecho, la aspiración democrática siguió creciendo exponencialmente y, en una combinación de contención y concesión, llevó hasta 2017 y la convocatoria del referéndum del 1-O.

El rol jugado por Junts y ERC en aquel otoño fue el que fue. El de la CUP plegándose a la hoja de ruta de Puigdemont y al advenimiento de la república de la "ley a la ley" y con la movilización social de mera comparsa, también.

A pesar de la enorme movilización popular y la huelga general del 3-O, y aun con una proclamación republicana fake, el 28 de octubre unos y otros se entregaron a los jueces o marcharon al exilio. La CUP quedó sin la más mínima posibilidad de ofrecer una alternativa, su apuesta por la política de unidad nacional la dejó de furgón de cola de aquella claudicación histórica.

Como Macià en el 31 o Companys en el 34, los políticos de las grandes familias del país, prefirieron renunciar a la demanda de la república catalana antes que poner en marcha las fuerzas sociales necesarias para defenderla. Eso de la movilización social, con participación incluso de la clase trabajadora, les seguía dando un pavor enorme. Hacían bien, seguramente una república conquistada por esa vía no se detendenría en el cambio de bandera en la plaza Sant Jaume, y hubiera querido avanzar en la resolución de las grandes demandas sociales que foguearon el 15M.

De aquella derrota, fruto de la combinación de la brutal represión del Estado – con el PP y el PSC de Salvador Illa a la cabeza – y la claudicación del procesismo, abrió paso a una restauración en clave autonómica que es una pieza clave de la gran operación de restauración “progesista” operada por el PSOE de Sánchez, el Podemos de Iglesias y, ahora, el Sumar de Yolanda Díaz.

El acuerdo de investidura de Illa es un broche más, por si hacía falta, de este nuevo intento de “atado y bien atado”. El Régimen del 78 recupera cierta estabilidad y atalona sus esencias. Hoy Felipe VI puede viajar por estas tierras sin ser abucheado. Seguramente, el monarca tiene mucho más que agradecer a los Illa, Aragonés, Sánchez e Iglesias de lo que reconozca nunca, ni siquiera en un libro de memorias of the record. Los Borbones son ingratos.

La legislatura de Illa, si el acuerdo al final sale adelante y no cae en la consulta a las bases de ERC de este viernes, será la del retorno definitivo a la normalidad autonómica, de la política del “peix a la cove” del pujolismo. Pero no solo eso, el PSC viene con un proyecto basado en el fomento del ladrillazo, el modelo gentrificador que aplica en Barcelona – continuidad de su cogobierno con Colau – y las políticas en favor de Foment del Treball.

El viejo procesismo no es alternativa ni en un plano ni en el otro. Más allá de algún arrebato hiperventilado de los de Puigdemont, 5 años post 1-O son suficientes para quedar demostrado que no están para más “pulsos”, y de su política económica y social, nada que envidiar al social-liberalismo.

Será necesario que desde la izquierda sindical, los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista, empecemos a organizar una respuesta para enfrentarlo. Solo desde una posición independiente de los dos grandes proyectos burgueses en disputa en Catalunya, podremos defendernos de las políticas anti-obreras de unos y otros y retomar la lucha por la autodeterminación sin que se repitan las mismas trampas y engaños.