Nuevamente la situación en Ecuador parece estar al borde del estallido social. Después de más de un año del Gobierno de Lasso, el malestar y descontento se apodera de la población.
Martes 14 de junio de 2022 19:49
Este martes fue detenido el dirigente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leonidas Iza, en el marco de una escalada represiva y criminalización de la protesta por parte del gobierno de Guillermo Lasso.
Conversamos con Felipe, activista y miembro de la "Revista Crisis" para que nos cuente cuál es la situación y nos dé su visión al respecto.
Izquierda Diario: Este lunes 13 de junio tuvieron inicio las movilizaciones convocadas por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), sindicatos y organizaciones sociales en Ecuador. ¿Cuáles son los motivos de la protesta?
Felipe: Los antecedentes a las jornadas actuales de movilización nacional son múltiples. Por una parte, la pandemia afectó de forma diferenciada al pueblo ecuatoriano, ya que tuvo que lidiar con el desempleo masivo y la pérdida de ingresos a la par de un estado de indefensión, por una respuesta deficiente, precaria e incluso desastrosa del entonces presidente, Lenín Moreno. En plena pandemia, la Ley de Apoyo Humanitario flexibilizó las relaciones contractuales y laborales en detrimento de la clase trabajadora, profundizando la precarización y la explotación capitalista. Al mismo tiempo, más del 70% de la fuerza laboral de Ecuador está sumida en la informalidad, el subempleo y el desempleo. Nos encontramos con un sistema de salud pública colapsado en su totalidad, con falta de medicinas, equipos e incluso insumos quirúrgicos y los primeros intentos de la privatización parcial del sistema de salud por parte de la burguesía en el poder. A esto se le suma una ola de violencia generalizada prácticamente desde el inicio del mandato de Guillermo Lasso, con más de 300 muertos en las cárceles, y sicariato, extorsión, secuestros y ejecuciones como “nueva normalidad”. Ecuador ha pasado de ser el segundo país con la menor tasa de homicidio en la región, a tener cifras locales mayores a Cali o Michoacán.
ID: A este panorama, se le suma una política de liberalización de los precios de los combustibles -el detonante de la revuelta de octubre de 2019- que se impuso sobre el pueblo ecuatoriano. En menos de dos años, la gasolina diésel se incrementó en un 45%, la extra en más de 80% y la súper en más del 100%.
F: Nos encontramos atravesando crisis múltiples de carácter sistémico, con la reducción de la demanda de materia prima del Sur por parte del Norte, el nuevo ciclo de restauración neoliberal en Ecuador que se inició a mediados de la década pasada, una reprimarización y refeudalización de la economía, además de una liberalización comercial agresiva.
ID: En este contexto ¿cuál viene siendo la respuesta del Gobierno de Lasso frente al creciente malestar social?
F: El Gobierno Nacional convocó a tres mesas de diálogo con la participación de la CONAIE, las cuales no pasaron de la simple palabrería. El Gobierno de Lasso se presenta como democrático y abierto al diálogo, mientras inicia un proceso de criminalización de la protesta social, el cual heredó de su antecesor, Lenín Moreno. En jornadas de movilización pasadas, el Gobierno intencionadamente instauró el discurso del enemigo interno, para imponer en la opinión pública el relato de que la violencia no proviene del Estado y su permisividad interna con el crimen organizado, sino del pueblo y su organización social. Esto sienta un precedente nefasto en la historia de Ecuador, ya que el derecho a la protesta y a la resistencia están definidos en la Constitución de la República, en el artículo 98.
La subida del Salario Básico Unificado en enero de 2022, de $400 a $425, no corresponde a la realidad económica y social de Ecuador. La canasta básica se ubica en más de $760, al mismo tiempo que más del 50% de la población rural sobrevive con menos de $88 mensuales. Desde el Ejecutivo no se pasó del simple planteamiento de otorgar facilidad de créditos para emprendimientos y productores, al mismo tiempo que incurren en una política proactiva de privatización de los recursos y áreas estratégicas del Estado, como telecomunicaciones, petróleo, concesiones de carreteras, la privatización del Banco del Pacífico, entre otras.
Adicionalmente, el Gobierno de Lasso busca activamente implantar un Estado policial por medio de la militarización sucesiva del territorio y el anuncio de un “Plan Ecuador” para supuestamente combatir la inseguridad y el narcotráfico. Con este objetivo, el Estado ecuatoriano estableció alianzas estratégicas con el Estado de Israel, EE.UU. y Colombia, para importar instrumentos y estrategias de control social.
ID: Con respecto a esto, en concreto se viene de una escalada autoritaria por parte del Estado y el Gobierno. ¿Podrías explicarnos cuáles han sido las principales medidas que han tomado para dotarse de una mayor capacidad de represión?
F: Los EE.UU. reconocieron a Ecuador como socio estratégico en la región por primera vez en su historia, con la intención de contrarrestar una posible nueva ola progresista en la región, sobre todo frente a los procesos electorales en Colombia y Brasil. EE.UU se encuentra próximo a inaugurar una Oficina Antinarcóticos en Guayaquil, además de asistir a las fuerzas represivas con logística, equipamiento y entrenamiento en territorio. A esto se le suma la intención del Gobierno Nacional de destinar más de $1.200 millones en presupuesto para la Policía Nacional, además de anunciar la incorporación de 30.000 agentes policiales. Mientras los recortes presupuestarios se generalizan como política de Estado la inversión en las fuerzas represivas se multiplica.
Adicionalmente, la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza por la Asamblea Nacional del pasado 9 de junio sienta un precedente nefasto respecto a impunidad de agentes policiales y militares frente al uso de fuerza letal. Esta ley regula de forma explícita el uso de armas de fuego en el contexto de manifestaciones sociales y faculta a las FF.AA. a intervenir en asuntos de seguridad interna sin la necesidad del decreto de un Estado de excepción. La vaguedad del marco legal permite un amplio margen de interpretación, facultando a cada agente represivo a evaluar un contexto de amenaza y actuar de acuerdo a su evaluación personal, abriendo el camino hacia la sistematización de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, además de permitirle a la Policía Nacional y al Ejército ser juez y verdugo a conveniencia con total impunidad. La aprobación de la ley denominada como gatillo fácil, representa un antecedente catastrófico en el contexto de la criminalización de la protesta social y del pueblo en general.
Esta estrategia viene acompañada por una campaña pública, la cual incluye a los medios hegemónicos burgueses, de posicionar tanto a la organización popular como a la pobreza dentro de la lógica de securitización. En esta estrategia se incluye la criminalización y persecución política al Movimiento Guevarista y la equiparación entre la protesta y el crimen organizado. El 13 de junio, el Ministro de Interior calificó de “guevaristas” a una movilización organizada por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, después de hacer uso desproporcionado de la fuerza y reprimir a alrededor de 500 personas sin provocación previa, disparando perdigones y balas de goma a quemarropa. Tal parece que en Ecuador, toda persona que protesta de forma organizada es calificada como terrorista o narcotraficante. Este discurso tiene un eco amplio en la opinión pública, conllevando a una derechización de una parte de la sociedad sin precedentes. El 12 de junio, un día antes del inicio de las jornadas de movilización nacional, 8.000 personas marcharon por las calles de Quito, exigiendo la militarización de la capital frente al anuncio de protestas.
ID: Por último acabamos de conocer la detención de Leónidas Iza, líder de la CONAIE, principal organización social y del movimiento indígena. ¿Podrías explicarnos cuál es el significado de esta detención y que consecuencias que podría tener?
F: Ecuador parece estar al borde del estallido social y la detención de Leonidas Iza en la madrugada del 14 de junio en Cotopaxi, representa el más reciente intento de desmovilización y persecución política del Gobierno Nacional. Esta detención se ejecutó de manera arbitraria, con violencia e Iza estuvo incomunicado y con paradero desconocido por más de 10 horas, después de que fuese llevado a la cárcel de Latacunga para ser trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado en Quito. Esto presupone una estrategia de criminalización de la CONAIE y toda la organización popular.
Sin embargo, el arresto y la criminalización de Leonidas Iza puede ser un factor explosivo en el panorama de movilizaciones, pudiendo extenderse a la totalidad del territorio ecuatoriano. En términos estratégicos, este hecho denota que el Estado burgués radicaliza tanto los discursos como las medidas de persecución y amedrentamiento a la organización popular en Ecuador. Tras la detención, la CONAIE decidió sostener y radicalizar las movilizaciones y el paro, exigiendo la liberación inmediata del líder indígena. Con la imposición neoliberal de la doctrina del shock, promulgada desde el Gobierno Nacional, este puede ser uno de los momentos más críticos para la organización popular en la historia del Ecuador.
