Ola de calor. Edesur y Edenor no se tocan: dos tardes de trabajo remoto en el Estado para evitar los cortes de luz

Mediante el Decreto 16/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso "la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia" hoy y mañana a partir de las 12 del mediodía para los trabajadores y trabajadoras estatales, "a los fines de reducir el consumo de energía eléctrica".

Lo primero que llama la atención es que, existiendo la posibilidad del trabajo remoto, durante las últimas semanas el Estado avanzó en incrementar el retorno a la presencialidad aún en medio de una ola de contagios imparable de coronavirus, en cumplimiento con la Resolución 91/2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público que fue firmada a mediados de agosto, durante una situación epidemiológica completamente diferente.

Esta medida determina el regreso a las oficinas de todos los agentes con al menos una dosis de vacunación "independientemente de la edad y la condición de riesgo" y se continúa aplicando hasta el día de hoy, con marcas récord que superan los 130 mil casos diarios. La salud de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias no son una prioridad.

Aún cuando fue el propio personal de la Administración Pública quien en la mayoría de los casos debió poner sus propios recursos a disposición para garantizar las tareas requeridas en los distintos organismos de manera remota durante la pandemia, bancando el servicio eléctrico, la conectividad y los dispositivos necesarios de su propio bolsillo con salarios que están por debajo de la línea de pobreza, todas las entidades públicas pudieron seguir funcionando.

Sin embargo, en un momento preocupante de la pandemia y con nuevas variantes del virus en circulación, parece que el retorno a las oficinas está por encima del derecho a la salud y el trabajo a distancia pierde fuerza como una opción viable. O al menos hasta que sirva de comodín, como sucede hoy, para no tocarle un pelo a las empresas privatizadas.

Con el Decreto que lleva la firma de Alberto Fernández y Juan Manzur publicado este jueves, parece que vuelve a cobrar valor y sentido el teletrabajo en la APN y se presenta como una medida tendiente a reducir el consumo de energía eléctrica de cara a dos jornadas que pronostican no sólo un calor infernal en buena parte del país, sino también una nueva oleada de cortes de luz que completan la escena dantesca de cada pico térmico del verano.

Y es que después de las faltas de suministro masivas que oscurecieron (literalmente) los primeros días del 2022 y, sobre todo, el gigantesco apagón del pasado martes que dejó a más de 700 mil usuarios y usuarias sin servicio en la zona del AMBA, el Gobierno busca evitar que los ánimos vuelvan a levantar temperatura durante los últimos días de esta semana que se anuncian con nuevas marcas térmicas récord hasta el sábado.

En ese marco es que la gestión de Fernández mandará (al mediodía, durante el horario del calor más agudo) a los trabajadores y trabajadoras a continuar sus tareas desde la casa una vez más para cuidar el consumo de la energía. Un tema del que es necesario hablar, pero no sólo en los "días de fiesta": tiene que ser parte de un debate real, serio y democrático sobre la matriz energética fósil y extractivista del país, una política de Estado más transversal y permanente que un Decreto para "jueves y viernes" y que, dicho sea de paso, es una de las principales contribuyentes al calentamiento global y la crisis climática que nos atraviesa.

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Pero además, la medida rubricada hoy es un vaso de agua que se arroja sobre un incendio para seguir haciéndole el ole a otro debate urgente: la privatización de los servicios públicos y, en particular, de la luz. Desde los 90 a esta parte se mantuvo intacta su entrega al lucro empresarial a costa de las necesidades de la población, que lleva en sociedades como Edesur y Edenor, las distribuidoras eléctricas del AMBA, una de las caras más visibles, infames y odiadas de ese mercado energético.

Siempre ganadoras, las abanderadas del pésimo servicio encontraron en todos los gobiernos una garantía para sus ganancias, sea con los brutales tarifazos del macrismo o con los aumentos "dosificados" y millonarios subsidios del peronismo en medio de una profunda crisis económica y social, mientras la inversión es nula y las consecuencias las pagan los mismos usuarios y usuarias que, por una u otra vía, también pagan el costo económico de sostener la privatización.

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Y aunque cada tanto (y sobre todo cuando el ánimo social arde en medio de los cortes de luz) algunas figuras de los sectores más "progres" de la coalición de Gobierno salgan a vociferar que hay que revisar y hasta quitarle la concesión del servicio de distribución a Edesur y a Edenor, finalmente la política energética sigue orbitando alrededor de la entrega menemista emparchada cada tanto con algún Decreto presidencial y evitando tocar los intereses empresarios, como nos tiene acostumbrados y acostumbradas. En definitiva, esquivando el debate de fondo sobre los servicios públicos y su control por parte de quienes realmente tienen un interés en su calidad: los usuarios, usuarias, trabajadores y trabajadoras.