Opinión. Editorial de editoriales: las cuentas no cierran

Tachando días del calendario

Nadie puede pensar en otra cosa en las alturas del poder económico y político: terminar de sellar el acuerdo con el FMI, legitimando la estafa de la deuda contraída bajo el gobierno de Mauricio Macri. El 22 de marzo es la fecha límite, cuando Argentina tiene el vencimiento de U$S 2800 millones que dejó el calendario de Macri. De cerrar el acuerdo, se pagará con nueva deuda que tomará el gobierno del Frente de Todos.

“En el bloque oficialista y en Balcarce 50 coinciden en estimar que la votación se ejecutará en los primeros días de marzo, aunque la fecha de debate está sujeta a la aprobación, aún pendiente, del board del FMI” afirma Brenda Struminger en Infobae. El 1º de marzo será la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con el discurso de Alberto Fernández. En La Nación, Santiago Dapelo dice que, según los plazos que detalló Martín Guzmán, “en los próximos días debería estar cerrado el acuerdo; a más tardar la próxima semana”. Allí se dará a conocer la famosa “letra chica”. Para llevarlo al Congreso, el oficialismo no decidió todavía si primero se debatirá en el Senado o en Diputados.

Cada sector tiene sus motivos para cerrar este nuevo capítulo de sometimiento con el FMI. Del lado del poder económico concentrado vienen empujando para que se apruebe, luego de saludar las “metas de reducción del déficit fiscal”. A grandes rasgos, para las distintas cámaras empresarias, el acuerdo les permite hablar de un buen clima de negocios y “poner en caja” los lineamientos centrales de la política económica del gobierno. El agropower se entusiasma con los pedidos de “reducir la brecha cambiaria”. Las devaluaciones, sean del ritmo que sean, siempre les sientan bien. Del lado de los industriales, están a la espera de más acceso al crédito y que el Banco Central recupere sus reservas para acceder a insumos importados. El sector financiero, está al acecho con el anuncio de las tasas reales positivas, que será un nuevo estímulo para la especulación.

En Juntos por el Cambio también tienen sus razones. Significa que un gobierno peronista legitime la deuda ilegal y fraudulenta que tomaron. Les interesa también, bajar la espuma de sus propias internas por cómo votarán en el Congreso, y concentrarse de lleno en el 2023. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de esta semana fue un paso, haciendo un guiño de que darán su apoyo. Pablo Ibáñez en El DiarioAr, asegura que fue el propio Mauricio Macri el que dijo que tienen “que acompañar el acuerdo con el FMI en el Congreso aunque en la dinámica legislativa se pueda generar algún debate”. El deber con el poder económico concentrado les pesa más que las contradicciones de quedar pegados al ajuste que viene en el camino a las presidenciales. De todas formas, no precisaron cuál será su táctica parlamentaria hasta tanto no se dé a conocer la “letra chica”.

Para la coalición de gobierno, el escenario se presenta más complejo por las heridas abiertas y las nuevas incógnitas sobre el futuro de la unidad nacida en 2019. Todos reconocen que hay que acordar con el FMI, aunque algunos no quieran pagar los costos del ajuste que traerá. Diego Genoud analiza algunas de las contradicciones que atraviesan al Frente de Todos en El DiarioAr. Dice que Cristina Fernández deja trascender que sus “márgenes de maniobra están reducidos al máximo”. Aunque no esté de acuerdo con el rumbo general de Alberto “tiene muy presente que el fracaso del Gobierno le traerá a ella más costos que a nadie dentro del oficialismo” asegura también en LetraP.

En el Frente de Todos también intentan bajar la espuma de las olas de su interna. Al “silencio que se estira” de Cristina “producto de la impotencia y la dificultad para encontrar vías alternativas”, como dice Genoud, se suma el que pidió Máximo Kirchner. Noelia Barral Grigera en Cenital cuenta la reunión que hizo con las y los 18 diputados de La Cámpora. “Que no se dejen porotear” fue el pedido, traducido a que no hablen ni digan cómo van a votar. Para no seguir exponiendo las internas oficialistas, y dejar la puerta abierta a que algunos terminen acompañando el acuerdo. En el medio, Genoud anuncia que “en el albertismo y sus adyacencias se entusiasman con la posibilidad de que el peronismo selle finalmente un pacto con el poder económico”. Algo que viene acompañado de la aspiración de reducir al kirchnerismo a su mínima expresión. Un deseo del establishment, pero también de un PJ que viene trabajando para “parir un menemismo adaptado a los tiempos, igual de lapidario aunque tal vez más pudoroso”. Avatares del peronismo de la escasez.

Los extremos de las dos coaliciones principales, aunque sostengan sus identidades y busquen la contención de sus respectivos representados, van cediendo terreno hacia los consensos que apuestan a la gobernabilidad de una Argentina en el infierno del FMI. “Nos tocará perder”, dice Barral Grigera que Cristina analizó ante un diputado nacional. Si ese será el futuro de todo el peronismo en el 2023, o de su propia “tribu”, todavía es muy pronto para saberlo.

Lo que sí sabemos es que un acuerdo con el FMI, implicará un mayor sometimiento del país y que el peso de los ajustes siempre se quiere tirar sobre las espaldas del pueblo trabajador. Es lo que están enfrentando las movilizaciones que impulsa el Frente de Izquierda junto a más de 200 de organizaciones, que este martes volvieron a colmar la Plaza de Mayo y otras plazas del país. Una protesta que generó más revuelo por los hechos ocurridos en Córdoba que buscaban amedrentar a quienes se movilizan. Una campaña de repudio vino de inmediato y se anuncian nuevas movilizaciones.

Las metas del acuerdo hacen agua

Alfredo Zaiat en Página 12 insiste en que se pueden cumplir las metas del acuerdo con el FMI con un criterio progresivo. Algo que de base, es contradictorio con lo que él mismo venía diciendo: ningún acuerdo con el FMI es bueno. En su columna se basa en el supuesto del ministro Martín Guzmán, que afirmó que la vía de reducir el déficit fiscal se haría con el aumento de la recaudación del Estado producto del crecimiento económico y mayores controles sobre quienes tributan impuestos. Zaiat basa su análisis en un “documento exclusivo” de la AFIP, llamado “El Plan Estratégico 2021-2025”. Lo presenta como un plan que “disminuye el déficit fiscal eludiendo las recetas de ajuste”.

El primer problema que aparece, es en cuanto a los pronósticos sobre la economía. Diego Genoud cita a la titular de la consultora Eco Go que sostiene que “En el mejor de los casos, va a derivar en un estancamiento/crecimiento muy bajo con inflación más alta en 2022 y 2023. Mejor o peor dependiendo del impacto del clima sobre la cosecha y los precios internacionales”.

El segundo problema, es el propio sistema impositivo que es regresivo. Gran parte de la recaudación estatal es a través del IVA, que pesa sobre el consumo popular. Un rubro que tiene chances de crecer pero por los altos niveles de inflación. El último relevamiento de expectativas del “mercado” que realiza el Banco Central confirmó que para este año esperan una inflación del 55%. En Perfil, estiman que la inflación de enero que difundirá el Indec la próxima semana, “estará en torno al 4% y lo mismo pasaría en febrero porque impactará en toda la economía la suba del 9%, en promedio, de los combustibles”. La AFIP podrá recaudar más, pero será igualmente a costa de este ajuste indirecto sobre los bolsillos populares.

El documento que cita Zaiat dice también que la AFIP hará “más fiscalizaciones y controles a grandes contribuyentes”. Pero es sabido que quienes siempre zafan son los grandes fugadores y evasores. Ahí está el caso Vicentin, que expuso esos mecanismos. O el de la hidrovía, donde el Estado parece decidir no controlar nada, aunque por ahí pasen el 80 % de las exportaciones argentinas de grandes monopolios. Sin ir más lejos, lo demuestra la propia estafa de la deuda con el FMI del gobierno de Macri: están los nombres de las empresas fugadoras y hasta el Banco Central hizo un informe. ¿Y qué hizo el gobierno con eso? Nada por el momento. Son sugerentes las palabras de Hugo Yasky, de la CTA y diputado del Frente de Todos, que cita Gimena Fuertes en Tiempo Argentino. Reconoce que en el oficialismo “Hay temor a enfrentar a quienes detentan el poder fáctico, y generar conflicto, ponerse de frente a ese poder que está en los medios y que nos tilden de populistas, que nos digan que conspiramos contra el buen clima de negocios”.

Entonces, que lo digan los papeles de la AFIP o informes oficiales, no significa para nada que el Frente de Todos avance en atacar la fuga y la evasión. Algo que, por otra parte, solo podría lograrse con medidas dirigidas al comercio exterior empezando por su monopolio estatal.

Son apenas algunos contrapuntos al sueño del “déficit fiscal con criterios progresivos” que describe Alfredo Zaiat. Los indicadores económicos que muestran que siguió retrocediendo en el 2021 la participación de los trabajadores en el reparto de la torta, y aumentó el de los empresarios, agregan realidad a un cuadro que ya viene siendo de ajuste por distintas vías.

Otro de los puntos del acuerdo que hace agua es en el área de reducir los subsidios a la energía. El pronóstico de especialistas como Nicolás Arceo, sostienen aún aumentando 20% las tarifas de luz y gas y aún haciendo una segmentación, los subsidios van a aumentar. Todo lo contrario a lo que pide (e insiste) el FMI para reducir el déficit fiscal. Genoud cita la alternativa que presenta Arceo frente a esta probabilidad: “una suba de tarifas del 79% en la luz y de 81% en el gas”. ¿Cómo pretenderá cumplir el Frente de Todos esta exigencia del Fondo?

Aunque en el oficialismo intentan dar tranquilidad con lo que falta de “la letra chica”, asegurando que no habrá sorpresas, las declaraciones que llegan desde Washington la ponen en duda. El propio vocero del FMI, Gerry Rice, dijo este jueves que todavía no hay acuerdo definitivo y las discusiones “se encuentran en desarrollo”.

El pulso de la calle

Mario Wainfeld en Página 12, llama la atención sobre una posible dinámica que puede emerger desde abajo. Señala que, si bien “la dirigencia cegetista lleva buenas relaciones o de transigencia con el Gobierno (…) hay dos datos de contexto que pueden complejizar el cuadro”. El primero, el propio acuerdo con el FMI. Dice que dinamiza a distintos sectores, incluso delegados o seccionales combativas a “luchar ´contra el ajuste´”. El segundo que señala es que la reactivación, tras la recesión del 2020 e inicios del 2021, estimula a las y los trabajadores a “que busquen mejorar su posición relativa”.

La realidad de millones de trabajadores y trabajadoras, ocupados, informales, desocupados, amenaza como una olla a presión. El deterioro sostenido del poder de compra de los salarios acumula más de cuatro años, perdiendo entre el 19% y el 29% según el sector. Para los jubilados es peor: desde diciembre de 2017 a la fecha han perdido el 50 % del poder adquisitivo directo, según Eugenio Semino. La pobreza supera el 40% y en los niños trepa al 60%.

En este contexto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declaró que para las paritarias de este año, piensa manejarse “con una pauta inflacionaria, que estimamos es del 40%”. El Frente de Todos se encamina a profundizar una estafa electoral: había prometido recuperar lo perdido con Macri. Va por el tercer año de gobierno, y nada de eso ocurrió.

Wainfeld recuerda que “ni en los mejores años del kirchnerismo el Gobierno pudo imponer una pauta, un techo (o como quiera llamárselo) logrando acompañamiento unánime de los gremios y los trabajadores”. Menos probable parece ahora, con el descontento acumulado por la mayor degradación de las condiciones de vida. La dirigencia de la CGT ya nos tiene acostumbrados a entregar las condiciones de vida de los trabajadores. Están entre los que hacen propaganda a favor del acuerdo con el FMI. Uno de los últimos en mostrar voluntad para votarlo fue el bancario Sergio Palazzo, que es diputado nacional.

El malestar está latente, y pueden crecer los reclamos. Las movilizaciones como la de este martes en todo el país contra el acuerdo con el FMI y el ajuste, muestran un camino de unidad entre ocupados y desocupados, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, ambientales, estudiantiles. Una alianza política y social que se expresó en las calles, y puede marcar la cancha para que ganen fuerza y protagonismo los reclamos más urgentes de las mayorías. Que se abra paso una agenda de otra clase.