Lo dice el último informe del FMI. Pronostica cifras de desempleo cercanas al 17% para el Estado español, 3 puntos por encima de los datos anteriores a la pandemia.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Jueves 15 de octubre de 2020 01:08
Del mismo modo que en Sanidad o Educación el coronavirus ha destapado las consecuencias del expolio provocado por las privatizaciones de los diferentes Gobiernos en los últimos 20 años, la pandemia también ha dejado al descubierto las entrañas de un mercado laboral configurado a base de reformas laborales y políticas neoliberales.
El FMI (Fondo Monetario Internacional), una de las principales instituciones mundiales capitalistas, ha pronosticado en su último informe que la tasa de paro en el Estado español no recuperará valores previos a la pandemia hasta 2026. Un dato que al igual que el resto de datos económicos, dibuja un futuro muy negro al Estado español.
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De hecho, en términos de crecimiento económico, el FMI pronostica para este año una caída económica del 12,8% para el Estado español, la mayor tendencia negativa entre todas las economías avanzadas. Mucho más abajo del 8,3% que caerá de media la zona euro y lejísimos del 4,3% de Estados Unidos. Lo que comenzó como una crisis sanitaria ha generado una crisis social y económica sin precedentes históricos.
Para el 2020 y el 2021 el organismo económico estima un paro cercano al 17%, lo que lo situaría 3 puntos por encima que el registrado en el Estado español antes de la irrupción del coronavirus. Según estiman desde el organismo encabezado por Kristalina Georgieva, tan solo uno de cada cinco puestos de trabajo destruidos se va a recuperar en el próximo año. O lo que es lo mismo, de los 965.000 puestos de trabajo destruidos tan solo 187.000 serán creados en 2021.
Y es que llueve sobre mojado. Si bien el informe del FMI empeora los datos previos a la pandemia en relación al paro, como era de esperar, el 14% de desempleo con el que contaba el Estado español al entrar en el 2020 tampoco era un dato ni esperanzador ni comparable a ninguno de los estados de su entorno, exceptuando Grecia.
La crisis provocada por el covid ha golpeado sobre otra crisis aún vigente para la clase trabajadora y los sectores populares en el Estado español, la crisis financiera del 2008. Y es que mientras en la última década los salarios se han visto devaluados un 7,1% y el paro pasó de un 8,7% en 2007 a un 13,7% en 2008, el camino para los empresarios ha sido el opuesto.
Los beneficios empresariales no han parado de aumentar. En el momento del estallido de la crisis, los beneficios empresariales se situaban por debajo del 40%, pero la recuperación, centrada en hacer recaer los costes de la crisis sobre el salario a partir de su devaluación, provocó que en la última década las empresas aumentaran su beneficio, es decir, se quedaran con mayor porcentaje del valor añadido bruto.
La situación actual y los pronósticos del FMI se asientan sobre años de políticas neoliberales, desde Felipe Gónzalez hasta Sánchez, pasando por Aznar, Rajoy y Zapatero. Durante décadas el mercado laboral del Estado español se ha cimentado en un crecimiento con baja productividad y un desmantelamiento del tejido industrial, para dar paso a la economía de los pelotazo del ladrillo, el turismo y los servicios.
Y los datos podrían ser peores, tal y como advierten desde el organismo internacional, ya que ese 17% de desempleo pronosticado es producto de los ERTEs, la multimillonaria medida impulsada por el Gobierno “progresista” para mantener los beneficios de las empresas capitalistas.
Ahora hay 728.000 personas en ERTE, una medida que afectó a 3,4 millones de trabajadores. Y esta cifra previsiblemente va a aumentar con el acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y burocracias sindicales de CCOO y UGT.
El Gobierno tiene un escudo, pero para las empresas
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha derogado este martes aspectos esenciales de lo que se denominó como “escudo social”, una serie de medidas sociales que aprobó entre marzo y abril, en los momentos más álgidos del desarrollo de la pandemia. Medidas que ya en aquel momento fueron muy insuficientes y que solo representaban mínimos parches ante la debacle social que supuso para muchos la Covid-19. Ese “escudo social”, con el paso de los meses, además de insuficiente, al corto alcance que se preveía se le ha sumado un exceso de burocratización, un retraso en su ejecución y duración sumamente corta.
A finales de septiembre el Gobierno “progresista” eliminó, en primer lugar, la moratoria del pago del crédito hipotecario para aquellos que se encuentren en estado de necesidad social. Los parados o afectados por ERTE, por lo tanto, tendrán que hacer frente a partir de ahora religiosamente al pago de su hipoteca sin ningún tipo de auxilio. Y en caso de no hacerlo, asumir las consecuencias en forma de desahucios futuros o endeudamientos insoportables.
También extinguió la prohibición del corte de los suministros básicos por impagos, como el agua, la luz o el gas, justo al inicio de los meses más fríos del año. Una bendita “casualidad” para las multinacionales del sector que sacan así rédito a las puertas giratorias, es decir, haber comprado a golpe de talonario a ex Ministros y otorgarles un cómodo asiento en sus Consejos Directivos.
Es decir, que a partir de ahora todos a los que no les llegue el dinero para hacer frente a algo tan básico como encender la luz en la casa, cocinar, lavarse o no pasar frío, sufrirán los cortes de las compañías que suministran estos servicios esenciales y a los que mantenemos con el pago de nuestros recibos en beneficios multimillonarios.
Por no hablar del Ingreso Mínimo Vital, una limosna de 500 euros, que no cubre ni el precio medio de alquiler en el Estado español. A inicios de septiembre la Seguridad Social sólo había reconocido cerca de 6.000 prestaciones de este ingreso de las 750.000 solicitudes.
Y no es producto de la cantidad de volumen en las oficinas, de la demora en las negociaciones o cualquier otro tipo de excusa que buscan dar diariamente Sánchez e Iglesias. Es producto de la prioridad política que el Ejecutivo ha tenido durante toda la pandemia: salvaguardar los intereses de la patronal.
Este es el Gobierno Sánchez - Iglesias, un Gobierno que frente a los micros alardea asegurando que “nadie se va a quedar atrás”, pero que en el Consejo de Ministros dejan claro que este slogan va dirigido a las empresas del Ibex35. Estas seguirán llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas sectoriales a fondo perdido, moratorias, exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, etc
Por todo ello, es vital y urgente levantar un programa de emergencia social con la movilización en la calle y a través de la convocatoria de asambleas en los barrios, en los centros de trabajo y de enseñanza en perspectiva hacia la convocatoria de una huelga general. Forzando una convocatoria sindical unitaria que debe partir desde la confluencia de las bases sindicales de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, y la participación decidida y audaz de la “izquierda sindical” para imponer un programa de emergencia social que se elabore e impulse desde las asambleas. Un programa que debe ser la base que aglutine e impulse las luchas para que la crisis la paguen los capitalistas y no se descargue, una vez más, sobre las espaldas de las y los trabajadores.
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