El Eurogrupo exige cuentas públicas “contractivas” al Gobierno de Sánchez para seguir aumentando el gasto militar y beneficiando a las empresas

El Gobierno del PSOE y Sumar no ha logrado aún la estabilidad política necesaria para aprobar los Presupuestos Generales de 2024 y garantizar la continuidad de la legislatura “progresista”. La negativa hasta el momento de Junts a apoyarlos, y el bloqueo del PP en el Senado a la senda del gasto público, están suponiendo en clave interna un importante escollo para la estabilidad del Gobierno, y en clave externa la imposibilidad de mostrarse ante Bruselas como alumno aventajado que va a emprender el camino de la disciplina presupuestaria, que es lo que toca ahora para aumentar la transferencia de recursos a las grandes empresas y el gasto militar.

El lunes pasado el Eurogrupo, conformado por todos los ministros de Economía y Hacienda de la eurozona, se reunió para establecer las líneas fundamentales que tienen que marcar las políticas fiscales y presupuestarias de los diferentes estados de la zona euro para 2024 y sobre todo 2025.

Para el Eurogrupo las cuentas públicas tendrán que ser “ligeramente contractivas” siguiendo las pautas marcadas por las nuevas reglas fiscales de la UE y que comenzarán a aplicarse posiblemente en este mismo año de 2024, una vez que las apruebe el Parlamento Europeo. Reglas fiscales que en realidad son en lo fundamental las cuentas neoliberales “austericidas” que defienden con fuerza Alemania y los países de la “línea dura” en la UE.

Aunque después de la pandemia y la crisis inflacionaria generada por la Guerra de Ucrania la política de la UE fue inyectar fondos para evitar el descalabro económico, no olvidemos que pocos años antes llevaron a Grecia durante la crisis de 2008 a la mayor debacle social de su historia en tiempos de paz, mientras que en el caso del Estado español, tras el rescate público financiero a la banca privada, condujeron al tsunami de los recortes de los servicios públicos y los enormes ataques a las mayorías sociales.

El cinismo del Eurogrupo es enorme al caracterizarlas como “ligeramente contractivas”, cuando lo que exigen va a suponer un fuerte recorte en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc.). El recorte que se viene adelantado podría alcanzar los 20.000 millones de euros.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha asumido con su llegada al Eurogrupo todas las directrices neoliberales de política dura de este organismo en materia de economía y hacienda, como lo hacía antes Nadia Calviño, y defiende, pese a la fraseología del Gobierno “progresista” de combatir las políticas de recortes del gasto público, las líneas aprobadas para la reimplantación de las medidas fiscales de la UE sobre la deuda pública (60% del PIB) y el déficit público (3%), lo que implica duros ajustes presupuestarios como se ha demostrado en el pasado. Además, señaló en el seno del Eurogrupo que iba a abordar el tema y que se iba a implicar en la “exigencia de reducción de déficit y deuda”.

Sin embargo, el Estado español circula en esta senda con cierto retraso dado que ha sido incapaz, por el momento, de aprobar las cuentas presupuestarias para 2024 y no cuenta con una mayoría clara para poder hacerlo. Algo que preocupa y mucho a Bruselas, puesto que prorrogar las cuentas de 2023 durante todo 2024 sería nefasto, dado que esos presupuestos fueron diseñados para favorecer políticas expansivas, una vez suspendidas las reglas fiscales en la UE, que hicieran frente a la doble crisis generada por la pandemia y la crisis de precios tras la guerra de Ucrania, y ahora lo que toca es aplicar la tijera en profundidad.

Reducir gasto social, aumentar el gasto militar y promover las inversiones capitalistas

El Eurogrupo llegó a la conclusión durante la reunión, sin ninguna discrepancia, de que se deben llevar a cabo recortes del gasto público a pesar del actual estancamiento del crecimiento económico en el área monetaria, entre otras cosas, por las políticas monetaria de subidas de tipos de interés del BCE para enfriar la economía y bajar la inflación. Todo ello, con el objetivo de reducir el fuerte endeudamiento acumulado durante los años precedentes en el área del euro para hacer frente a la crisis de la pandemia y de precios por la guerra de Ucrania, que han requerido importantes desembolsos para evitar que el impacto fuera aún mayor sobre hogares y empresas.

Pero el esfuerzo se ha centrado más en salvar a las empresas, sobre todo a las grandes empresas del IBEX 35, con ayudas directas y financieras y la supresión o la fuerte reducción de las cotizaciones sociales, que en apoyar a la mayoría social que ha tenido que sostenerse como ha podido sobre el denominado “escudo social” del Gobierno de Sánchez. “Escudo social” que ni ha impedido desahucios, ni ha controlado los precios, ni ha subido los salarios suficientemente como para garantizar el poder adquisitivo. Ni siquiera el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se vendió como una gran medida de justicia social ha despegado. Tan solo alcanza actualmente a 560.000 familias, cuando estaba previsto que superara el millón. De hecho, con datos actualizados en el Estado español, hay 932.000 familias sin ingresos laborales por tener a todos sus miembros en el paro.

Bruselas ya viene planteando desde meses atrás que deben ir retirándose de las cuentas de este año las medidas extraordinarias de gasto aprobadas para las ayudas a los sectores más golpeados por la crisis, dejándolas si acaso con carácter testimonial para los sectores que se encuentren prácticamente por debajo del nivel de subsistencia, y que el ahorro se destine a la reducción del déficit público. Por esto este año de 2024 está siendo un año en este aspecto todavía de transición hacia la nueva realidad presupuestaria y fiscal. Todavía las nuevas reglas no están plenamente vigentes, dado que las tiene que aprobar todavía el Parlamento Europeo.

La aprobación de las normas fiscales para 2024 implica un calendario muy exigente porque como dice el documento aprobado en el Eurogrupo el lunes hay que adaptar los Presupuestos de 20 países que componen la zona euro a la recomendación de ser “ligeramente contractivos”. Y además previamente los países que superen el umbral del 60% de deuda pública (el Estado español está en el 107,7% a cierre el 2023) deberán tener negociados con la Comisión Europea y aprobados por el Consejo sus planes de ajuste de cuatro años extensibles hasta siete si se comprometen a hacer reformas e inversiones. Lo cual traducido implica fuertes recortes sociales.

Sin embargo, lo que no se toca es que los Estados puedan incrementar fuertemente su gasto en armamento y ayudas de todo tipo para las empresas en su adaptación a la transición ecológica y digital. Es decir, seguir financiando el militarismo imperialista, al mismo tiempo que se siguen transfiriendo recursos a las grandes empresas.

El texto consensuado por todos los ministros en este sentido dice: “Nos comprometemos a garantizar su aplicación coherente y rápida a lo largo de este año”. Y añaden para que no quepa duda: “Seguiremos aplicando reformas estructurales ambiciosas y preservando y, en su caso, aumentando el nivel de inversión, también en ámbitos de prioridad común, como las transiciones ecológicas y digital, así como las capacidades de defensa, financiadas a través de las fuentes nacionales y de la UE, incluido el Fondo de Recuperación y Resiliencia”.

Fondos a cambio de ajuste

El Estado español todavía no tiene aprobadas las cuentas para 2024. De momento mantiene prorrogadas las cuentas de 2023, y afronta enormes dificultades para aprobar unos nuevos presupuestos al no contar con todos los apoyos de sus socios parlamentarios y también por el bloqueo del PP en el senado a aprobar la senda de gasto y de deuda, que es previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, de momento, en Bruselas solo disponen de la proyección presupuestaria de carácter orientativo presentada por el Gobierno de Sánchez. Pero las proyecciones presentadas ya fueron advertidas desde la Comisión Europea por juzgar que la situación fiscal española “era muy difícil” y que cuando presentara las cuentas definitivas tendría que presentar una estrategia clara de reducción de la deuda y déficit creíble.

Esto incluye el riesgo de perder el cuarto pago de los fondos Next Generation por importe de 10.000 millones que están pendientes de un hilo dado que para poder ser aprobados por la UE deben cerrarse y ser evaluados los 60 hitos y reformas comprometidos en este tramo por el Estado español. La falta más destacada está en la reforma del subsidio del desempleo que cayó en el Congreso por la oposición de Podemos. Faltan tan solo nueve días para que concluya el plazo y el Gobierno tendrá que pedir más tiempo o aceptar una minoración temporal del pago, debiendo aprobar la reforma pendiente en un plazo de seis meses.

El Gobierno de Sánchez, avalado por la Abogacía del Estado, pretende desbloquear el tapón del PP en el Senado a la ley de Presupuestos aplicando el criterio de que a falta de una “senda de convergencia hacia la situación de equilibrio”, se aplicará la contenida en el Programa de Estabilización, es decir, en la hoja de ruta económica que la primavera pasada se envió a Bruselas, siempre que el Consejo de la UE lo haya valorado “favorablemente”, algo que ocurrió en el caso español pese a que se acompañaban algunas advertencias por parte de Bruselas. Si sigue por esta línea y termina contando con los apoyos de sus socios parlamentarios, algo que parece haberse desbloqueado con las modificaciones a la ley de amnistía consensuadas con Junts, podría haber nuevos Presupuestos Generales para 2024 ajustándose ya a la nueva realidad de comenzar con los recortes sociales, mientras se mantienen e incrementan los gastos de defensa e inversiones capitalistas que faciliten la supuesta transición ecológica y digital.

Como vemos el Gobierno del PSOE y Sumar, más allá de sus fraudulentas declaraciones de que sus políticas pretenden favorecer a la mayoría social, lo que está apoyando y construyendo es un ajuste social basado en recortes de las políticas sociales, pese a encontrarnos en una situación todavía de emergencia social con un 26,5% de la población en situación de riesgo de exclusión social. Dejando únicamente vivas ayudas testimoniales a los sectores sociales que se encuentran en niveles de subsistencia, y retirando progresivamente las pocas ayudas que se dirigían a la mayoría de la población trabajadora, como los recortes al coste de la luz, el control de los precios, o el límite a los alquileres, entre otros. Y con previsibles nuevos ataques a las pensiones, está por ver el resultado de la evaluación sobre el déficit de la financiación de las pensiones por la Airef, o cómo continúa el desmantelamiento de la sanidad pública, la educación o el enorme deterioro de los transportes públicos.

Por ello, no podemos confiar en el Gobierno social liberal del PSOE y Sumar, que desarrolla políticas que no favorecen a la clase trabajadora y las clases populares sino a los grandes capitalistas, mientras sigue embarcado en el frenesí militarista que recorre toda Europa. Resulta imprescindible impulsar una alternativa política de independencia de clase, anticapitalista, antiimperialista y antimilitarista, que enfrente este curso reaccionario.