×
×
Red Internacional
lid bot

Chile. El Gobierno de Gabriel Boric entre el paro de profesores y el “pacto fiscal”

Esta semana las y los profesores del magisterio realizan un nuevo paro, esta vez de 48 horas. De no resolverse el conflicto, un paro por tiempo indefinido parece cada vez más real. A la par de esto, el gobierno de Boric lanza los 6 puntos que han denominado “pacto fiscal”, que en verdad no es un “pacto” y ya provocó respuestas de los principales partidos de la oposición de derecha.

Jueves 3 de agosto de 2023 01:14

Escuchá esta nota

Al parecer se sigue comprobando el hecho de que nos encontramos en una especie de coyuntura con luchas económicas de las y los trabajadores de carácter parcial. Recientemente, además del paro de las y los profesores que ya venía siendo anunciado hace unas semanas, se dio una movilización nacional de las trabajadoras del prestador de educación preescolar Integra (fuertemente vinculada a los gobiernos de turno), contra la precariedad laboral y por la educación pública, que reunió a cientos de trabajadoras alrededor de La Moneda.

A este hecho se suman además las movilizaciones que ocurrieron desde los comités de vivienda, exigiendo una mejora en el acceso y la calidad de la vivienda. Fue una manifestación de carácter simultáneo que provocó varios puntos de congestión en la capital. Otro de los objetivos de la movilización era precisamente denunciar el fracaso del Plan Habitacional impulsado por el gobierno de Boric, exigiendo un verdadero plan a la medida de las y los pobladores que componen dichos comités y no al de las grandes inmobiliarias que especulan con el llamado “sueño de la casa propia”.

Aún tímidamente también vienen levantando movilizaciones los estudiantes secundarios de liceos emblemáticos de la comuna de Santiago como el Liceo de Aplicación y el Barros Borgoño, quienes vienen sufriendo criminalización no sólo desde los medios de comunicación tradicionales, sino que también desde el Partido Comunista que dirige la Municipalidad. Su jefa, Irací Hassler, se limita a utilizar las fuerzas especiales de Carabineros y seguridad pública para atacar a quienes viven del trabajo informal y a los estudiantes secundarios movilizados, bajo la premisa de “atacar la delincuencia e incivilidades”; la misma línea discursiva de la derecha en materia de seguridad.

Paro nacional de 48 horas del Colegio de Profesores

La semana pasada ya se desarrolló la primera parte de la paralización anunciada por las dirigencias del Colegio de Profesores, con Carlos Díaz Marchant a la cabeza, que fue una paralización masiva a nivel nacional pero no bastó para cerrar el conflicto con el gobierno. Según el CDP son 8 puntos claves los que exigen en este momento de movilización, entre los que se encuentran el pago de una deuda histórica y de las menciones de educadoras diferenciales y educadoras de preescolar.

Está por verse el curso de la movilización a nivel nacional, lo que sí es un hecho es que las direcciones del CDP con Carlos Díaz a la cabeza, hasta ahora han buscado lograr un paro de profesores lo más controlado posible y sin desbordes, convocando solo a movilizaciones en general, sin deliberación ni protagonismo de las bases comunales de las y los profesores, donde sean las asambleas de base quienes decidan el curso de la movilización, los puntos innegociables, además de cómo y cuándo sentarse a negociar con el gobierno.

Uno de los últimos anuncios de las y los dirigentes es que el día jueves se convoca a realizar asambleas comunales, después de las diversas marchas convocadas el miércoles. En la zona central dicha marcha tendrá lugar en la ciudad de Valparaíso, lo que denota la preocupación de los dirigentes de sentarse a negociar en medio de la presentación del pacto fiscal y que en vez de buscar fortalecer la lucha, buscan cerrar el conflicto antes de que avance a una paralización indefinida que se les puede salir de las manos.

Pacto fiscal: un “no pacto” en el contenido inmediato; un pacto que sostiene la política económica neoliberal de los últimos 30 años.

La presentación del pacto fiscal, se divide en 6 puntos o proyectos, el primero, un proyecto de ley para combatir la elusión de impuestos. Es este punto el que ya causó crispaciones al interior de la oposición, específicamente la derechista UDI, que por medio de Guillermo Ramírez expresó que “para subir los impuestos no van a contar con nosotros”, defendiendo férreamente no sólo a los empresarios en general, sino a ellos mismos en particular. Recordemos que el presidente de la UDI, Macaya, pagó una fianza de nada más y nada menos que 150 millones de pesos, por su padre acusado de abuso sexual infantil.

Se sabe que a los empresarios no les gusta que les suban los impuestos, y suelen responder con argumentos que pueden ser considerados fake news, como que el aumento de impuestos afecta la creación de empleos, para provocar terror ante cualquier política que vaya en el sentido de que quienes tienen más, paguen más. Además tampoco les gusta cumplir lo ya estipulado por ley, en particular aquellos que tienen facilidades para mover sus capitales al extranjero.

La propuesta contempla crear un "consejo asesor" compuesto por "expertos", que "ayude" a la institucionalidad financiera y a fiscalizar de mejor manera la elusión y evasión de impuestos. A este proyecto se le sumaría otro relativo a crear la figura del denunciante anónimo, de tal manera de eximir de sanciones penales a aquel que denuncie o auto denuncie delitos tributarios. Los siguientes proyectos o propuestas, se refieren a mejorar y lograr más eficiencia en torno al gasto público, con el objetivo máximo de recaudar 8.000 millones de dólares.

El caso de las fundaciones ha sido utilizado por la derecha y los empresarios para condenar el derroche con los recursos públicos, que están trasladando también a la discusión del llamado Pacto Fiscal. Una crítica bastante hipócrita y de "lavado de cara", considerando las carencias materiales reales en salud, educación, vivienda y distintos servicios públicos que requieren de nuevos recursos pero que son precisamente estos partidos del régimen político y los empresarios quienes los niegan. El gobierno de Boric, se hizo eco de este chantaje de la derecha, haciendo parte este tema o discusión del nuevo pacto fiscal.

También se ve una tímida alza al impuesto a la renta y aumento del IVA para los bienes importados, sería lo que el gobierno pediría a cambio de conceder nuevas transferencias a los empresarios y recortar el gasto público amenazando con nuevas olas de ajuste y precarización de los servicios públicos y de sus trabajadores.

Además, uno de los puntos claves que queda completamente desdibujado de la propuesta de este pacto fiscal es que no incluye el ámbito educativo, siendo totalmente una farsa el chantaje que Boric planteó en la cuenta pública de este año, donde dijo textualmente que tanto la deuda histórica como la condonación del #CAE (Crédito con Garantía Estatal) se encontraban subordinadas a la aprobación de la fallida reforma tributaria y hoy lo deja completamente fuera de su propuesta de pacto fiscal.

Por su parte, Renovación Nacional también se niega a apoyar este "pacto", incluso algunas de sus figuras, han declarado que no es necesario un pacto fiscal, sino que se puede llegar a un acuerdo transversal, en torno a aumentar la PGU (Pensión Garantizada Universal) a $250.000 -como prometió Boric, en cadena nacional- pero sin la necesidad de grandes reformas o cambios fiscales. El piso político de este pacto, parece ser endeble, pese a que la propuesta, es aún más moderada que la “original” reforma tributaria, donde incluso se renunció a la recaudación de 12 mil millones de dólares, reduciéndolo a 8 mil millones de dólares. Contra esta propuesta y para torcer la discusión aún más a derecha, Renovación Nacional apela a los sentidos comunes que a pesar de todo aún se mantienen desde la rebelión de 2019: nada ha cambiado, al contrario, las condiciones de vida se han deteriorado, los sueldos no alcanzan y las pensiones (una de las mayores herencias del neoliberalismo que continúan) directamente son de hambre.

En lo que sí hubo acuerdo, fue en la aceptación transversal de los fundamentos de la política fiscal neoliberal, llevada adelante por el régimen de los últimos 30 años. Esto en los aspectos políticos e ideológicos, ya es una victoria para la derecha y el régimen político de conjunto, sin oposición, ni tampoco reparos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Por el contrario, son los impulsores, en conjunto con sus burocracias sindicales en el proceso de discusión, y de presión por abajo ahora en su implementación concreta. Es el caso de las dirigencias del CDP, en donde quieren utilizar a los profesores de base como un sector de maniobra para negociar con el Congreso y el gobierno las implicancias de este Pacto Fiscal, cediendo así al chantaje de Boric, de que sin cambios tributarios no se paga la deuda histórica.

En medio de la crisis educativa y la arremetida de la derecha contra la movilización docente hipócritamente enarbolando la frase “los niños primero”, cuando Piñera fue quién favoreció el mercado y la desigualdad en educación, potenciando a los privados, reduciendo presupuesto para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y aprobando la ley que dejó Bachelet de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública que han precarizado aún más la labor docente y abierto paso a los despidos. Además de haberse implementado en su gobierno la nefasta ley de Aula Segura.

Es necesario impulsar las asambleas de base por comuna, pero también levantar un frente educativo y de sectores movilizados. La derecha quiere separar a profesores de apoderados, haciendo una enorme campaña contra los profesores. No podemos caer en esa trampa. ¿Quién mejor que profesores, trabajadores, estudiantes y apoderados para saber lo que pasa en la educación y en las aulas? La derecha y los políticos del régimen no tienen idea, solo se llenan la boca de discursos que buscan cultivar sentidos comunes en contra de la educación pública.

Es necesario que este frente educativo convoque a asambleas de base, encuentros y congresos educativos, para discutir las necesidades de la población, plantear salidas a la crisis educativa y como enfrentar las medidas del gobierno. Que convoque en común con Integra, y también con los pobladores que vienen movilizándose y poniendo en agenda la situación de la vivienda. Todo esto implica ir más allá de las demandas gremiales de los profesores, superando a las actuales direcciones del CDP que quieren circunscribir el debate y las demandas para incidir en la negociación entre el gobierno y la derecha.