La resolución oficializada este miércoles pone en riesgo la posesión actual de comunidades indígenas en todo el país, al revocar la suspensión de desalojos y abrir la puerta a que los Benetton, terratenientes y capitales extractivistas "retomen acciones legales". Pero esos objetivos no están garantizados y la resistencia en el territorio y en el plano jurídico siguen vigentes.
Martes 10 de diciembre 12:30
Foto: Canal abierto
A través del DNU 1083/2024 se derogó el decreto 805/2021 poniendo fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas establecida en la Ley 26.160, sancionada en 2016 producto de la movilización de los pueblos originarios.
Con la derogación del decreto que prorrogaba su vigencia se busca avanzar en el remate de tierras del país a terratenientes, magnates y multinacionales extranjeras que vienen por los bienes naturales. La ley es un freno básico. Sin esta ley, los Elon Musk o los Benetton tienen el aval para seguir apropiando territorio mapuche y de otras comunidades.
Desde el Gobierno señalan que la medida contribuiría “a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones”, y el decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones y proyectos de infraestructura, además de limitar el "uso productivo" de las tierras. Pero sin eufemismos podría decirse que se trata de defender la gran propiedad privada y dar luz verde para el saqueo y el extractivismo en territorios ancestrales a costa de los derechos de las comunidades. El agua dulce y el litio están en la mira de las multinacionales, y la administración libertaria intenta avanzar en su agenda entreguista.
Te puede interesar: Para Milei, Elon Musk tiene más “derechos de propiedad” que las comunidades indígenas
Te puede interesar: Para Milei, Elon Musk tiene más “derechos de propiedad” que las comunidades indígenas
Junto al fin de la emergencia territorial, el decreto también revoca la suspensión de desalojos prevista en la Ley 26.160. Esto implica que los grandes propietarios que ocuparon o buscan ocupar los territorios de las comunidades podrán “retomar acciones legales”.
Si bien el Gobierno intenta avanzar en garantizar esos intereses, el impacto de la decisión está por verse, ya que las comunidades persistirán en su resistencia en los territorios que ocupan ancestralmente, la movilización y la disputa judicial.
