Igual que Macri. El Gobierno intima a personas con discapacidad y amenaza con quitarles su pensión

Milei y sus funcionarios demuestran una vez más que su crueldad no tiene límites. Primero, le robaron (y le siguen robando) los alimentos a los comedores populares que le dan de comer a niños y adultos mayores. Después, con el veto presidencial le negaron un miserable aumento a las y los jubilados, encima los reprimieron y les quitaron medicamentos. Ahora, tienen un nuevo blanco de ataque: las personas con discapacidad que reciben un Pensión no Contibutiva por Invalidez, que es de apenas $ 164.000 más un bono de $ 70.000.

"Me dirijo a Usted, en el marco de la causa 2390/2024 de trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N 11, a los efectos de informarle que deberá presentarse en la sede Oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1439, de la Ciudad de Buenos Aires, con la documentación complementaria que acredite su condición médica, para ser auditado por profesionales médicos de la Agencia Nacional de Discapacidad, de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto N 698/2017 y sus modificaciones y de acuerdo a lo previsto en los artículos N 25 y 26 del Anexo del Decreto 432/97 y sus modificatorias."

"El incumplimiento de esta citación será causal de la suspensión de la Pensión no Contributiva por Invalidez de acuerdo a lo prescripto en los artículos N 19 y 20 del Decreto 432/97 y sus respectivas modificatorias y complementarias".

Este es el texto que recibió Florencia, a través de una carta documento, "Si me sacan la pensión, que ya ni me alcanza, no se como haré para vivir porque hace años que no estoy apta para trabajar".

Florencia vive en la Ciudad de Buenos Aires con su abuela. Tiene el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), razón por la cual tiene todo en regla, ya que para poder acceder al CUD es necesario reunir una enome cantidad de documentación médica y además pasar por una Junta Evaluadora. A pesar de esto, recibir semejante intimación y por carta documento la inquietó y llenó de angustia.

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Florencia no es la única que por estos días tiene que soportar semejante humillación. El martes pasado, tanto el diputado Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, como Daniel Arroyo, diputado por Unión por la Patria, señalaron su preocupación por este accionar del Gobierno y denunciaron además que no hay información oficial sobre la supuesta auditoría que se está realizando desde la ANDIS que busca recortar el número de beneficiarios que perciben las pensiones.

🏛 Cámara de Diputados | Comenzó la Comisión de Discapacidad donde participó el diputado @NicolasdelCano
En la misma denunció el ajuste y dijo que la pensión que perciben hoy en día son muy bajas. pic.twitter.com/CT3Ly8fnfX

— Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) September 3, 2024

"En el medio de esta falta de información, las personas con discapacidad están recibiendo cartas documentos en las que se les pide que presenten documentación, de modo tal que corresponde que presentemos un pedido de informes al Ejecutivo", expresó Arroyo.

En tanto Del Caño, agregó que "tengo las cartas documentos que le están llegando a mucha gente que nos escribe y estamos muy preocupados. Se está sembrando un manto de sospecha sobre personas que están sintiendo mucha angustia y que no tienen por qué pasar por esta situación. Perfectamente se puede hacer una auditoria pero sin hacer esto".

Reunión de la comisión de Discapacidad de Diputados del día 3 de septiembre

Milei, igual que Macri

Milei y sus secuases no inventaron nada. Lo que están haciendo, ya lo hizo Macri en 2018, incluso hasta invocan el mismo decreto para avalar sus miserables recortes: el Decreto 432/97 de la época de Carlos Menem.

En ese momento, la ANDIS estaba a cargo de Gabriela Michetti y a través de la resolución 268/2018, suspendió todas las pensiones que consideraba "incompatibles" con el decreto antes mencionado, que establecía criterios muy restrictivos, como que la persona pueda acreditar un 76% por ciento de discapacidad que le prohíba trabajar y la imposibilidad de que haya dos beneficiarios dentro del núcleo familiar, entre otros. Además, les daba "10 días hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones”.

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Como vemos, el Gobierno de Milei está repitiendo lo que hizo Macri. Hay que enfrentar la política de ajuste de Milei que ya no se aguanta más. Y para lo cual se vale de campañas totalmente estigmatizantes, como la que lleva adelante también contra las organizaciones sociales y comedores populares, y mecanismos antidemocráticos como el veto presidecial y la represión, como en el caso de los jubilados.

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