La Hidrovía Paraná-Paraguay es clave para el transporte del 80 % de las exportaciones argentinas, siendo esta un canal fluvial estratégico para el comercio. La decisión vuelve a poner en discusión irregularidades y cuestionamientos sobre el modelo privatizador en que está basada la concesión.
Jueves 13 de febrero 00:30
Este miércoles, en el medio de un escándalo, el gobierno argentino decidió anular la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Manuel Adorni, vocero presidencial tuvo que improvisar una conferencia de prensa para intentar una explicación que no convenció a nadie.
El punto crítico fue que hubo una sola oferente: la empresa belga DEME, que había denunciado previamente falta de transparencia en el proceso. Esto levantó sospechas sobre posibles presiones ejercidas por DEME hacia otros oferentes y sobre un proceso que no garantizó un marco competitivo ni abierto. Por ello, el Gobierno decidió reiniciar el proceso licitatorio.
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Desde los años 90, la administración de esta crucial vía navegable ha estado en manos privadas, principalmente de la empresa belga Jan De Nul. Este modelo responde a una lógica de concesiones a largo plazo que prioriza los intereses de grandes cerealeras y capitales privados, dejando de lado el impacto ambiental y el beneficio de la mayoría de la población. El último anuncio del gobierno planeaba otorgar una concesión de 30 años, extendible a otros 30, excluyendo a empresas estatales extranjeras, lo que favorecía la continuidad del modelo privatista.
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