El Municipio junto a la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, bajo el Programa Hogar, manifiestan como un “logro” la venta de garrafas a familias que no acceden a condiciones de viviendas dignas. El subsidio sería de $ 183 menos que el precio de mercado, el cual sufrió tarifazos del 300 % desde el 2015 a esta parte.
Domingo 7 de junio de 2020 18:21
Pagar para mejorar tu calidad de vida
En el municipio de la desigualdad nos encontramos con countries como Nordelta, donde la infraestructura de servicios es diseñada y ejecutada con los más altos estándares de calidad y un especial cuidado de la estética como les gusta decir a sus habitantes, cuentan con una subestación transformadora de alta tensión de Edenor, Telecom, que detentan redes diseñadas y actualizadas, para la prestación de servicios de telefónicas e internet y las redes de gas, operadas por Gas Natural Ban, permitiendo un exclusivo suministro. Porque claro, “ellos lo pueden pagar”. Aunque este verano se descubrió el robo de electricidad en 13 barrios de Nordelta, por un total de 4 millones de pesos.
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Pero para el 49,38% que no tiene acceso a red de gas, bajo el Programa Hogar el municipio de Tigre se jacta de venderles garrafas a precios accesibles a las familias a las que no se le garantiza este derecho.
El Programa se empezó a implementar en el año 2015 con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaria de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios y tiene un alcance nacional. En ese año, el precio oficial de la garrafa era de $88, con lo cual al valor actual,ya supera el 300 % de aumento. Bajo el gobierno del Frente de Todos, nunca anularon los tremendos tarifazos emitidos durante la era Macri.
Pero conseguir estas garrafas no es para todos. Para acceder al “beneficio” tenes que cumplir uno de los siguientes requisitos: no tener servicio de gas natural en tu casa, y no superar un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles ($ 33.750). Otro requisito es tener algún familiar discapacitado y que el ingreso mensual máximo sea de 3 salarios mínimos vitales y móviles.
Hay que tener en cuenta que por ejemplo en abril, una familia tipo para no ser indigente precisó $ 17.896,63, lo que da cuenta que este salario no es ni vital, ni móvil, ni mínimo ya que no alcanza a superar el nivel de indigencia. Por otro lado, para dos integrantes, que entre ambos superen apenas la cifra de dos salarios mínimos (es decir, se consideran pobres), ya quedan por fuera de los requisitos de acceso a la garrafa social, cuando solo estarían llegando a la mitad de una canasta básica familiar, que en mayo se estipuló en $ 67.371,6.
Hay que tener en cuenta que con las bajas temperaturas, una familia por lo general, para el uso de cocina, baño y calefacción utiliza 2 o 3 garrafas por mes. Y usualmente, las garrafas luego se disparan en el precio para conseguirlas en el mercado local: no se encuentran a precio subsidiado.
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El monto mensual del subsidio por garrafa es fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional. Actualmente los precios de referencia de Gas Licuado de Petróleo (garrafas) de 10 kg. es de $ 295,37, de 12 kg. $ 354,44, de 15 kg. $ 443,05 para fraccionadoras, distribuidoras y comercios, según refiere el Programa Hogar. Pero se sabe que en los comercios de la zona, una garrafa de 10 kg. la llegan a cobrar $ 500.
Los derechos no se compran
Los gobiernos lejos de intervenir a través de políticas públicas que garanticen el acceso a derechos conquistados, y a mejorar las condiciones habitacionales de la población, con el Programa Hogar se encargan de vendernos bajo el escudo de “cierto beneficio”, lo que tienen que garantizar, en este caso el acceso a una red de gas segura y de calidad. Todo esto mientras las empresas petroleras en nuestro país amasan fortunas: YPF por ejemplo que es una de las principales empresas en producción de GLP (gas licuado de petróleo) sólo en 2019 obtuvo una abultada ganancia de $ 187.000 millones.
Se acerca el invierno, y la necesidad de acceder a gas para cubrirse del frío en medio de esta crisis económica y sanitaria cobra mayor relevancia. No podemos seguir naturalizando que nos llamen “beneficiarios” y que los gobernantes que son los responsables de garantizar condiciones de vivienda y servicios dignos, pretendan vendernos nuestros derechos como mercancías.
Para que no especulen con las necesidades del pueblo, es necesario que el petróleo y el gas pase a manos del Estado, con el control de la clase trabajadora para ponerlos al servicio de las necesidades de las familias trabajadoras.
