El Gobierno de Alvarado deja ver esta reforma como un gran logro a nivel económico, pues enfatiza en el gran ahorro que significará. Pero cabe preguntar ¿ahorro para quién, logro para quien? La medida pretende cobrar la crisis a quienes no la provocaron dejando intacto el capital privado.
Lunes 1ro de junio de 2020
Al primero de junio del 2020 se firma una modificación al decreto ejecutivo N° 35730-MTSS, mismo que regula la comisión de salarios del sector público; dicha modificación congela de manera inmediata los aumentos salariales del sector público a partir del 2021, la misma será suscrita por Carlos Alvarado y Geannina Dinarte (Ministra de trabajo). Esta es una medida entre muchas otras que el gobierno ha tomado en contra de los intereses del sector trabajador en Costa Rica, en esta ocasión, contra el sector público.
El ministro de hacienda, Elian Villegas, informó este lunes sobre la decisión de Alvarado respecto a los salarios del sector público, siendo la estabilidad de las finanzas públicas, la contención del gasto y “la protección a los sectores más afectados” por la pandemia las principales razones de ejecutar dicha reforma.
El presidente ejecutivo, según las palabras de Villegas, hace hincapié en los porcentajes sobre las personas afectadas por el COVID-19. Sin embargo, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para detener la ola de despidos que los empresarios desataron sobre las y los trabajadores, todo lo contrario legitimó legalmente las suspensiones laborales sin salario para todo el sector privado.
En cuanto a las finanzas, el gobierno se mantiene en una línea de contención del gasto, aprovechando la coyuntura de la pandemia para aplicar el congelamiento del aumento salario, lo cual es un claro avance en la imposición de su agenda neoliberal, expresada desde inicios del 2018.
El poder ejecutivo se escuda también en el aumento de la deuda externa para llevar a cabo este proyecto, pues definen que si la deuda pública llega a sobrepasar el 60% del PIB se deberán congelar los aumentos salariales al sector público; cabe rescatar que el sector público ha realizado arduas luchas por defender sus derechos laborales y frenar proyectos que imponen de manera directa políticas neoliberales respecto a la economía del país, por ejemplo, la huelga contra el proyecto fiscal que tanto impacto generó a nivel país.
El Gobierno de Alvarado deja ver esta reforma como un gran logro a nivel económico, pues en los comunicados oficiales enfatizan sobre la cantidad de dinero que el país se ahorrará con la ejecución de este proyecto, pero lejos de ser una victoria para el país, es un ataque directo a la clase trabajadora, pues todo ese “ahorro” de los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras, quienes además sufren las consecuencias de hacerse más pobre para que el gobierno siga pagando la deuda externa, que es impagable e ilegítima. Además resulta más factible para el gobierno atacar a los sectores vulnerables y dependientes del estado, imponiéndoles ajustes según la agenda neoliberal que sigue el país antes de exigir a los empresarios más poderosos del país pagar de manera obligatoria un impuesto respecto a sus ganancias reales, pues esto simplemente no le funciona a la elite burguesa del país para sostener sus ganancias.
En el marco de una crisis económica mundial, que ha implicado millones de despidos y drásticas caídas en la economía de los diversos países, especialmente los países centrales del capitalismo como Estados Unidos y China, las perspectivas económicas de Costa Rica son sombrías, al punto que el Banco Mundial proyecta una caída del 3,3% del PIB en el país. Urgen medidas de autoprotección de la clase trabajadora en medio de la crisis económica.
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Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 el gobierno PAC ha venido sosteniendo un discurso que hacia afuera aparenta estar manejando la crisis sanitaria de manera victoriosa, pero en los hechos, las políticas que se han implementado no solo son un salvataje para el capital privado, sino que golpean directamente las condiciones laborales y el salario de la inmensa mayoría asalariada de este país. Esta política es solo un ejemplo más de las medidas anti-trabajadoras que el PAC ha estado imponiendo desde el inicio de su gobierno. Por otro lado, es una clara evidencia del sometimiento político y económico del PAC ante los entes financieros imperialistas de corte mundial, como el FMI y la OCDE; mismas que controlan desde sus privilegios la manera mediante la cual debe moverse la economía de este país semicolonial.
Es necesario como clase trabajadora tener un plan de emergencia para enfrentar la crisis, no solo sanitaria sino económica. Así como también los sindicatos deben tener desde ya un plan de lucha para enfrentar los ataques al salario y las condiciones de vida que el Gobierno del PAC continúa profundizando. Una posición pasiva en este momento, es dar la espalda a las cientos de miles de personas que en el 2018 sostuvieron la huelga más grande que este país ha visto en décadas.
En este mismo sentido, es que queda cada vez más claro que la clase trabajadora no encuentra representación política en los partidos del régimen. El planteamiento de construir una organización propia de los y las trabajadoras, junto con la juventud desempleada y precarizada, y las mujeres que enfrentan la opresión y violencia del capitalismo patriarcal es una tarea que debemos abrazar hoy mismo, sin esperar a que “pase la crisis” o un “regreso a la normalidad”. Las perspectivas de una izquierda revolucionaria que luche por un gobierno de los y las trabajadoras están colocadas desde ya, no sólo en Costa Rica, sino también en el resto del continente que actualmente regresa a ser terreno de movilizaciones y agudización de la lucha de clases.
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