La Justicia en Chile responde a los intereses de los grandes empresarios, de sus políticos y sus fuerzas policiales. El caso de Anthony, menor de 16 años arrojado por el puente Pío Nono por parte de carabineros, es un ejemplo.
Domingo 14 de julio
El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió de forma unánime al ex carabinero Sebastián Zamora, quien fue imputado por el homicidio frustrado de Anthony el día 2 de octubre a días de cumplirse el primer año de la rebelión popular. El video del empujón que da Sebastian Zamora es de conocimiento público, lo que rápidamente generó el repudio de amplios sectores que eran nuevamente testigos de la brutalidad policial de la que hizo gala el gobierno de Sebastián Piñera durante su mandato.
“Tiene secuelas. Le quebraron sus muñecas. Lo intentó matar, lo intentó matar. Él es un asesino. Ahora está haciendo su show” , fueron las palabras de la madre del menor luego de conocer el veredicto.
Las declaraciones de la PDI fueron claves para que afirmen que no hubo intento de homicidio, como si empujar a un menor a una altura de 7 metros, no pudiese terminar en trágico desenlace.
La derecha, colgándose de la resolución que da el Poder Judicial, rápidamente salió a responder. Renovación Nacional por ejemplo, salió a exigir a la fiscal Chong los costos de la investigación. Al mismo tiempo, el padre de la familia del ex carabinero Sebastián Zamora, reivindicó a Sebastián Piñera mientras increpaba a los sectores de izquierda que denunciaron el actuar criminal que llevó adelante su hijo.
La falsa discusión de la Justicia
No solo la derecha, sino también la ex concertación y el gobierno, le conceden a la justicia actual, un rango de “neutralidad”. Pero la justicia lejos de esta “neutralidad”, responde a intereses de clase. Es decir, está a favor de los grandes empresarios, sus políticos y por supuesto, de la policía que utilizan para reprimir cuando ven en juego sus intereses. El caso Hermosilla dejó en claro toda esta situación: Fiscales elegidos a dedo, con intereses de por medio, políticos y económicos. Una justicia al servicio de los poderosos.
Desde ahí, se ubican para acusar a quienes a ellos les parezca, tal como ha ocurrido en las últimas semanas con el caso de Daniel Jadue. Un contraste muy distinto a lo que ha sido el proceso de Eduardo Macaya, padre del Senador de la UDI.
Es necesario un cambio radical del sistema de designación monárquico que existe hoy sobre los jueces, y establecer la elección popular de todos los magistrados, siendo revocables y donde sus juicios se llevan adelante en base a jurados populares que permitan el involucramiento de sectores de la población, que no son parte de la casta actual, en las sentencias judiciales. La justicia de Hermosilla y compañía, muestra la putrefacción del sistema de justicia en Chile y a qué intereses responde.
