Una reforma negociada con los gremios empresariales, el gobierno y la derecha solo busca perpetuar el modelo de capitalización individual, modelo que solo beneficia a los grandes grupos empresariales y que arrastra a la miseria a millones de trabajadores. El gobierno se cuadra con la gobernanza, un paso más en su compromiso con la administración neoliberal.
Lunes 13 de enero
El gobierno de Gabriel Boric abandonó su programa de cambio al sistema de pensiones, pasó de la crítica a cómplice de un modelo que perpetúa las miserias de millones de trabajadores y jubilados. La negociación con la derecha, centrada exclusivamente en el porcentaje de cotización adicional que irá a cuentas individuales versus algo de “solidaridad”, no solo es un insulto a quienes votaron por un cambio, sino también otra traición ideológica que evidencia la debilidad política del Frente Amplio.
Sin embargo, el verdadero rostro de este sistema no está solo en el gobierno, sino en las empresas y bancos que han convertido el sufrimiento de los jubilados en una fuente inagotable de riqueza. Las AFP no son más que la maquinaria mediante la cual los grandes conglomerados financieros y empresariales -nacionales y extranjeros- acumulan fortunas. Estos fondos de pensiones, administrados con el pretexto de asegurar el futuro de los trabajadores, se han utilizado históricamente para financiar proyectos de inversión que enriquecen a las élites mientras empobrecen a quienes originaron esos recursos. La desigualdad generada por este modelo es una herida abierta en la sociedad chilena.
Al mes de septiembre de 2023, las AFP, conformadas por apenas 7 empresas, acumularon ganancias por más de $349 mil millones, lo que representa un incremento del 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto equivale a más de $1.279 millones diarios en utilidades. Mientras tanto, la rentabilidad bruta del Fondo C alcanzó un -5,5% en el mismo periodo, evidenciando una paradoja cruel: los fondos de pensiones pierden, pero las AFP ganan cada vez más. Más indignante aún, la mitad de quienes recibieron su primera pensión autofinanciada en septiembre de 2023 obtuvieron menos de $89.771 mensuales. Incluso aquellos que cotizaron entre 35 y 40 años alcanzaron pensiones inferiores a $285.600, cifras que no permiten una subsistencia digna.
El modelo previsional chileno, fundado bajo la dictadura y mantenido por todos los gobiernos subsecuentes, se basa en la falacia neoliberal del chorreo: "a mayor crecimiento económico, mayores oportunidades para todos". Décadas de aplicación han demostrado que este mito es una mentira descarada. Las pensiones son miserables porque los salarios son bajos, los empleos precarios y las lagunas previsionales extensas. Mientras tanto, las AFP han amasado fortunas administrando los ahorros de los trabajadores para financiar a las grandes corporaciones, exacerbando la desigualdad social y económica. Los bancos, por su parte, han encontrado en estos fondos una forma segura y lucrativa de seguir concentrando el poder económico, permitiéndose grandes capitalizaciones con los dineros de los trabajadores, que luego acuden a ellos para prestamos que son entregados con tasas altísimas de intereses.
El parche al sistema, el pilar solidario, es financiado mayoritariamente con impuestos regresivos como el IVA, que representa el 39% de los ingresos fiscales. Esto significa que el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) recae desproporcionadamente en el consumo de la clase trabajadora, mientras las élites económicas siguen beneficiándose de exenciones tributarias y esquemas que blindan sus ganancias. Es un robo institucionalizado: los más pobres sostienen con su consumo el sistema que alimenta las fortunas de unos pocos.
La lucha por la seguridad social es histórica para la clase trabajadora. "Difícilmente se encontrarán soluciones a los problemas si se repiten las mismas fórmulas que ya han fracasado. El Estado no puede seguir actuando como el respirador artificial de este agotado y deslegitimado sistema", reflexionan los investigadores de la Fundación SOL. Este sistema, "quebrado socialmente", ha servido más como caja pagadora para grandes empresas que como un mecanismo para garantizar pensiones dignas.
Este modelo es insostenible y profundamente injusto. La única solución real es acabar con las AFP y construir un sistema de reparto solidario, administrado democráticamente por comités de jubilados, trabajadores y técnicos. Este modelo tripartito no solo devolvería a los trabajadores el control sobre sus ahorros, sino que también garantizaría pensiones dignas para todos, rompiendo con la lógica perversa de un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos.
Llegado a este punto es necesario preguntarnos no es solo a quién beneficia la capitalización individual, sino también a quién representa realmente este gobierno. El saqueo de las jubilaciones no puede continuar; es hora de terminar con un sistema que ha sido diseñado para el beneficio exclusivo de los poderosos.
